El DNU 690/20 declara a las telecomunicaciones como un servicio público esencial y, en sintonía con el derecho comparado moderno, contempla el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación como un derecho humano. Este pronunciamiento oficial es celebrado por colectivos activistas que desde hace años sostienen iniciativas para incluir a poblaciones digitalmente excluidas, es decir garantizar el acceso democrático de las telecomunicaciones.
Por otro lado, el DNU es cuestionado por la Cámara Argentina de Internet (Cabase) y los comunicadores del Grupo Clarín, que es el principal operador en telecomunicaciones (telcos, para abreviar) con un volumen inmenso que supera a cualquier otro conglomerado de Sudamérica.
“Hay zonas donde no hay conectividad porque las empresas no prestan servicio, se trata de poblaciones pequeñas con poco poder adquisitivo, y allí sólo llega el Estado o llega la autogestión”, afirma María Soledad Segura, profesora de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) e investigadora del Conicet. “En Argentina, un 35 por ciento de la población no tiene acceso a Internet”, señala la docente, y la brecha digital, como otras tantas, se agrandó con la pandemia y el confinamiento sanitario.
Según informa el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), “de un total de 14 millones de hogares, 2 millones no tienen cobertura de Internet ni telefonía móvil 4G; y otros 3 millones, por diversas razones, no gozan de una conectividad de calidad”. Un relevamiento de diciembre de 2019 señala que los principales proveedores ofrecen combos con velocidades que van de 100 y hasta 300 Megabits por segundo (Mbps), pero el 54 por ciento de las conexiones en el país tienen una calidad igual o inferior a 20 Mbps.
Si bien existen, y son bastante recientes, las iniciativas públicas destinadas a cubrir esos agujeros negros, muchas veces el acceso a Internet en esas zonas postergadas es proporcionado por organizaciones comunitarias, cooperativas o microempresas.
Con la implementación del DNU, estos actores pueden ganar mayor protagonismo en un mercado dominado por grandes empresas, casi todas del Grupo Clarín. Algo similar a lo que sucedió con las radios y señales de televisión más pequeñas –comunitarias, regionales, entre otras– a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada hace más de una década y que fuera severamente mutilada durante el gobierno de Mauricio Macri para favorecer a su socio oligopólico de las telcos.
Lugro Mesh
Una experiencia autogestiva de acceso a Internet tuvo lugar en Rosario, entre 2007 y 2015, impulsada por el Grupo de Usuarios de GNU/Linux de Rosario (Lugro). Surgió en tiempos de dial up, cuando había que marcar un número telefónico para conectarse, y posibilitó que mucha gente tenga acceso inalámbrico compartiendo sus conexiones a partir de routers tuneados con un software libre desarrollado por este maravilloso grupo de nerds.
La infraestructura utilizada eran las “redes malladas” (mesh), que conectaban diferentes nodos y gestionaban automáticamente las conexiones desde de los 31 dispositivos emplazados en terrazas, techos y balcones del centro, sur y noroeste de la ciudad, alcanzando a 3154 usuarios en 2010, según documenta RadarLibre.
“Si existiese una solución estatal o de una organización que contase con recursos para instalar nodos que trabajen en conjunto, se podrían cubrir grandes extensiones, incluso una ciudad completa para brindar acceso a internet”, cuenta Sebastián Criado, integrante del Lugro.
La red se fue apagando, debido a la extensión de la banda ancha y también al agotamiento del trabajo voluntario del equipo, que en cierto sentido no logró transmitir esa ética hacker que sustentaba la idea de compartir Internet.
De todos modos Lugro Mesh, que comprendió el acceso a internet como un derecho esencial 12 años antes del DNU, sirvió de inspiración y aportó recursos intelectuales para que otras redes surgieran en diferentes partes del mundo.
Altermundi
Con base en Córdoba, Altermundi es una asociación civil que se define como “un grupo experimentado de militantes de las redes comunitarias y el software libre”. Su activismo consiste en “facilitar el despliegue de estas redes en zonas digitalmente excluidas, contemplando las características particulares” de cada región, con el objetivo de “elaborar un conjunto de herramientas de software libre, documentación y hardware abierto para el despliegue de redes libres comunitarias, de bajo costo y alto rendimiento, por parte de personas sin formación específica previa”.
La carta de presentación de este colectivo es QuintanaLibre, una red comunitaria que conecta a más de 70 familias en José de La Quintana, una localidad serrana cordobesa. En el pueblo empezó a ser conocida como “la internet de los jipis” y sus impulsores, que venían de otras experiencias de conectividad autogestiva en entornos urbanos, arrancaron brindando talleres de capacitación para montar nodos, instalar antenas y routers, así como reparar equipos.
Esta experiencia comunitaria llegó a construir sus propios fierros para no depender de los vaivenes de la industria del hardware y así fue que desarrollaron el LibreRouter.
Con más de ocho años activa, QuintanaLibre se forma “sobre la base del empoderamiento popular a partir de la apropiación de la tecnología mediante la colaboración entre pares”, y es “un modelo de red de autoprovisión de servicios de comunicación replicable en comunidades digitalmente excluidas”.
Que florezcan mil redes
Las redes comunitarias desbordan épica, casi tanta como las radios comunitarias, que tienen más historia ya que se trata de una tecnología más añosa. La imagen de jóvenes y no tanto trepados en antenas, tirando cables y plantando routers en barrios postergados o en la mismísima concha del mono –allí donde las telcos no invierten–, mientras tipean líneas de código sobre pantallas negras en notebooks todo terreno forradas de calcomanías, constituye parte de esa épica que no es otra cosa que la puesta en práctica de la ética hacker que sostiene que el acceso libre a la información puede mejorar la calidad de vida de las personas.
En noviembre de 2019, en la cordobesa Villa La Serranita –donde se erige la antena que enlaza todo el valle con la UNC–, tuvo lugar la Cumbre Argentina de Redes Comunitarias. Allí asistieron activistas de Salta, Jujuy, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, y debatieron sobre “los procesos de soberanía y apropiación popular de tecnología, las urgencias territoriales referidas a la conectividad, las necesidades de espacios de formación para el sostenimiento de los proyectos”, así como “la incidencia para el avance de políticas públicas que contemplen las realidades de las comunidades desconectadas e impulsen la expansión de experiencias de redes comunitarias”, entre otros temas.
De este encuentro participaron MonteNet, NonoLibre y AlterMundi, de la provincia de Córdoba; Redes Revueltas, de Santa Fe; Red Comunitaria Chaski, Wayruro Comunicación Popular y Red de Internet Comunitaria, de Jujuy; Atalaya Sur, de Buenos Aires, entre otras organizaciones que, además de trabajar en sus territorios, gestionaron ante el Enacom recursos para las iniciativas comunitarias a fuerza de insistencia, lidiando con la burocracia estatal, incluso durante el oscurantismo macrista.
Los encuentros se extienden a nivel continental, como el Campamento del Programa de Formación para Pueblos Indígenas de América latina en Telecomunicaciones y Radiodifusión (Puebla, México) y la segunda edición de la Cumbre Latinoamericana de Redes Comunitarias (Fusagasugá, Colombia), celebrados durante 2019.
Como dice una activista mexicana: “La comunicación es un derecho básico, fundamental, porque el espectro de ese espacio donde se transmiten las ondas son parte del territorio que las comunidades habitan”.
Fuente: El Eslabón
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