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La ministra de Relaciones Exteriores del ilegítimo gobierno de Bolivia, Karen Longaric, comunicó que su país denunciará ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) la “grave intromisión” de Argentina en sus asuntos internos, entre otros motivos, por las recientes declaraciones de miembros del gobierno argentino y del ex mandatario boliviano, Evo Morales, refugiado en Buenos Aires.

La dictadura se siente afrentada por los dichos del subsecretario de Obras Públicas argentino, Edgardo Depetri, quien se refirió al proceso electoral boliviano (previsto para el 18 de octubre) luego de reunirse con Morales, algo que causó malestar en el gobierno ilegítimo de Bolivia. Depetri escribió en un mensaje en Twitter que se compromete a “fortalecer la participación de migrantes bolivianos en las elecciones presidenciales”.

Como airada respuesta, el Tribunal Supremo Electoral envió una carta de queja al encargado de negocios de la Embajada de Argentina.

Pero el malestar de la administración encabezada por Yanine Áñez tiene, además, otros motivos: el gobierno argentino no reconoce a su gobierno, y lo considera ilegítimo.

Al ser consultada por el canal estadounidense CNN, la respuesta de la Cancillería argentina fue breve y contundente: el gobierno de Bolivia surgido tras el golpe contra Evo Morales no es legítimo.

Pero la dictadura tiene todavía más motivos para acusar la presunta “injerencia”. El gobierno de Alberto Fernández se pronunció a favor de un informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la violencia política en Bolivia a fines de 2019, tras las anuladas elecciones generales bolivianas.

O sea que, como parte de uno de los tantos actos grotescos que a diario ofrece el gobierno de Áñez, va a denunciar a la Argentina ante la ONU por avalar un informe de la propia ONU.

Llueven informes

En realidad, si fuera por los informes que denuncian y documentan la violencia brutal de la dictadura, que se mantiene a sangre y fuego, noticias falsas y causas judiciales armadas, las ofensas y las denuncias de “injerencia” de la dictadura deberían brotar con mayor abundancia, y expandirse a mayor velocidad que el Universo. Son decenas los informes. Y provienen de organismos internacionales, organizaciones de derechos humanos de distintas partes del mundo, además de juristas y especialistas de los más variados pelajes e ideologías.

Las denuncias de todo tipo de violaciones a los derechos humanos, que incluyen torturas, malos tratos, violaciones, vejámenes, detenciones arbitrarias y brotes de racismo neocolonialista, llueven sobre la dictadura de Bolivia. Las investigaciones lo prueban y certifican en forma irrefutable. Y provienen de organismos internacionales y ONGs que no tienen ninguna simpatía por el Movimiento al Socialismo ni por Evo Morales. Los dos últimos informes más difundidos fueron los de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el de Amnistía Internacional (AI). Pero son apenas dos entre muchos.

La reacción de la dictadura es un acto más de los tantos que demuestran que ese gobierno ilegítimo se sostiene con la violencia, la mentira y las manipulaciones. Creó para sí, como uno de sus tantos intentos de auto-preservarse, esa suerte de mundo paralelo que construyen las noticias falsas (fake news), las causas armadas (Law fare): un universo donde la realidad no importa y en el que se apela al resentimiento y el odio de ciertos sectores de la población contra los movimientos populares.

El apoyo y el asilo que el gobierno argentino brindó a Evo Morales es otro acto imperdonable que enfureció a la dictadura. “La cancillería va a hacer una representación formal ante la secretaría general de la OEA y ante el secretario general de ONU, denunciando esta grave intromisión de autoridades argentinas en los asuntos internos en Bolivia”, afirmó la diplomática.

Longaric aseguró que los vínculos diplomáticos con Argentina “lamentablemente están en muy mal momento” y afirmó que Bolivia “ha hecho todo el esfuerzo necesario para entablar una relación respetuosa y cordial”.

La canciller detalló que hay varios hechos que fundamentan los reclamos, entre los que destacó las frecuentes declaraciones políticas de Evo Morales, “que infringirían las normas de su refugio en Buenos Aires”.

Los informes de la ONU y de AI no dicen nada nuevo. El propio pueblo boliviano viene denunciando la violencia desde antes incluso de que se produjera el golpe de Estado contra Evo Morales, el 20 de octubre de 2019. Es que la policía y el Ejército (que traicionaron el mandato Constitucional) y grupos parapoliciales y paramilitares de la región de Santa Cruz (por ejemplo La Unión Juvenil Cruceñista) comandada por el golpista Luis Fernando Camacho, el que irrumpió con una Biblia al Palacio Quemado (Casa de Gobierno), venían amedrentando, amenazando y masacrando al pueblo como fase previa a la toma del poder. Y todo bajo la coordinación de EEUU, cuyos legisladores de derecha dijeron públicamente “basta de Evo Morales” mucho meses antes del golpe.

En realidad, antes de los informes de la ONU y AI, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) de la Argentina, el Centro Europa-Tercer Mundo, la Asociación Pro Derechos Humanos Bolivia, la Red Andina de Información y la Red Universitaria de Derechos Humanos presentaron el 10 de agosto una denuncia señalando las mismas atrocidades.

La represión de la dictadura fue sistemática y hasta dio lugar a dos decretos para dar rienda suelta a la masacre con total impunidad. El 14 de noviembre, Áñez dictó el Decreto Supremo 4078 que le otorgaba inmunidad a las fuerzas de seguridad para garantizar el “restablecimiento del orden” en las calles. Y el 15 de noviembre, el mismo gobierno de facto emitió el Decreto 4082 que asignaba más de 42 millones de pesos bolivianos (unos seis millones de dólares) para equipar a los militares.

La masacre de Sacaba, en la ciudad de Cochabamba, se perpetró el 15 de noviembre de 2019 y dejó un saldo de al menos 10 muertos y 120 heridos, en el marco de una movilización de la que participaron muchas mujeres y niños. Las seis Federaciones del Trópico habían decidido marchar a la ciudad de La Paz en protesta por la quema de la wiphala, la persecución y vejámenes sufridos por una chola, y exigiendo el retorno de Evo Morales. La protesta era pacífica, hasta que llegaron las fuerzas de seguridad y dispararon a mansalva.

La masacre de Senkata se produjo 4 días más tarde, el 19 de noviembre de 2019, cuando la dictadura ordenó a las fuerzas armadas y a la policía que rompieran el bloqueo a la planta de gas envasado ubicada en esa localidad. Luego de que los manifestantes, tras negociar con policías y militares, abandonaron el bloqueo, las fuerzas de seguridad ocuparon la planta y reprimieron con gases y balas de plomo. El saldo fue de 11 muertos y 72 heridos.

Hay dos causas abiertas por las masacres: una en la fiscalía de Sacaba y otra en la ciudad de El Alto.
El informe de la ONU se titula “La situación de los derechos humanos tras las elecciones generales del 20 de octubre de 2019 en Bolivia – Informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.

Desde noviembre de 2019, se desplegó personal de la Oficina de Derechos Humanos en Bolivia para reunir información de primera mano. El informe de la Oficina sobre los eventos de 2019 está basado en más de 150 entrevistas con víctimas, testigos, representantes de la sociedad civil y autoridades. Entre las violaciones de los derechos humanos documentadas se incluyen asesinatos, torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias.

En su última página, el informe hace una serie de bienintencionadas recomendaciones que, hasta ahora, la dictadura de Bolivia no sólo no cumple sino que se empeña en hacer todo lo contrario.
“Fortalecer la autonomía, los recursos y las capacidades del Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de Discriminación” y “combatir discursos de odio y otras acciones de intolerancia y discriminación, incluyendo aquellas que provengan del gobierno y funcionarios públicos, autoridades, partidos políticos y otros actores”, señala el texto.

Bajo el título “Espacio cívico y democrático”, el organismo recomienda “promover un ambiente seguro y propicio para las personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales, periodistas y otros actores de la sociedad civil, incluyendo la condena sistemática y pública de todo acto de intimidación en su contra y el establecimiento de un mecanismo de protección dotado de recursos suficientes que garantice la seguridad de aquellas personas que se encuentren en riesgo”, agrega el reporte, que también llama a “respetar y proteger el derecho a la reunión pacífica permitiendo que las manifestaciones se realicen sin interferencias indebidas”.

“Me preocupa profundamente que, nueve meses después, aún no ha habido rendición de cuentas por las muertes en Sacaba y Senkata, ni para la mayoría de las muertes ocurridas en el período cubierto por nuestro informe”, dijo Bachelet.

El informe de Amnistía Internacional (AI) también se puede bajar en formato PDF. Está disponible en español y otras lenguas y cuenta con 42 páginas. AI coincide con la ONU en que las atrocidades cometidas continúan impunes.

AI es un movimiento global ​ presente en más de 150 países, con sede en Londres, que trabaja para que sean reconocidos y respetados los derechos humanos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada en 1948 y en otros tratados internacionales.

El informe de esta organización se titula “Bolivia: Para Sanar la Pandemia de Impunidad: 20 recomendaciones en materia de derechos humanos a las personas candidatas en las elecciones presidenciales 2020 en Bolivia”.

“Se han registrado violaciones de derechos humanos que incluyen el uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en operaciones de orden público, incluyendo durante las protestas; ataques contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas opositoras políticas; declaraciones de altos funcionarios con amenazas y que, en ocasiones, contienen llamados a ejercer la violencia y ataques a la libertad de expresión y a la independencia judicial”, dice el texto de AI.

“Bolivia tiene una lamentable historia de impunidad frente a graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional ocurridos en el pasado”, como los hechos durante los gobiernos militares, los de Octubre de 2003, la masacre de Pando y el caso 24 de Mayo de 2008”, recuerda el organismo defensor de los derechos humanos.

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