Después de una travesía de discusiones, contradicciones y amagues, el impuesto a las grandes fortunas inicia su recorrido político en vías de su aprobación parlamentaria y envuelto en un incremento de las confrontaciones entre el oficialismo y la oposición de Juntos por el Cambio justo cuando el país entero ingresa en la etapa más compleja de la pandemia. El termómetro provincial, como pocas veces, se alinea con una temperatura nacional creciente.
Las advertencias que hace quince días formuló el expresidente Eduardo Duhalde en modo brote psicótico durante el programa Animales Sueltos sobre una asonada que probablemente impida la realización de las elecciones el año próximo hizo que muchos saltaran histéricamente en defensa de la democracia y pocos se molestaran en preguntarse sobre la situación real del instrumento militar, el grado de conducción política sobre las fuerzas de Defensa y de Seguridad, ni sobre las condiciones propicias para que se concrete una maniobra destituyente.
La escasez de preguntas hace más advertible el riesgo potencial de un desmadre y el intento de generar una crisis institucional cuando la autoridad política se encuentra al menos resentida por una pandemia inédita y con una oposición extrema con base electoral, organización y llegada a los centros urbanos como no había en el post2001.
La mediatización máxima de la política en pandemia derivó en la pantomima del martes cuando los diputados de Juntos por el Cambio y una minoría de sus seguidores porteños, reunidos en las afueras del Congreso y arengados por el cómico Alfredo Casero, denunciaron un autogolpe institucional por parte del gobierno. La calle vacía dio lugar a otras calles. Algunas de catarsis colectiva. Otras intencionadas desde la oposición y dirigidas directamente contra los gobiernos, nacional y provincial. Esa oposición se divide entre los que se suman a los gestos de disconformidad y hartazgo, y los que buscan incitar el desmadre y pavimentar una salida con el mayor costo para la mayoría.
De eso es lo que se viene hablando todos estos días: la forma que adoptará esa salida. La postpandemia. Y algo de acierto había en las palabras de Duhalde: la conmoción de la política queda manifiesta en la sesión parlamentaria que debía tratar proyectos para el turismo, pero se redujo a explicaciones sobre si debía o no estar ocurriendo eso en dos lugares distintos y según dos modalidades de la presencia.
El interbloque de Juntos para el Cambio alternó en función de sus subdivisiones poniendo el énfasis en lo jurídico, lo político, lo económico o lo estrictamente moral, desplegando la ofensiva para obstaculizar el ejercicio de gobierno y llevar la política a la Justicia. Una lectura de la que el gobierno no es del todo abstemio y convirtió a la democracia en un juego de acusadores y acusados justo cuando la Argentina enfrenta el mayor retroceso económico de su historia con un PBI que se cayó 20 años. Y con el agravante de que, esta vez, hasta la confirmación de una vacuna que inmunice frente al virus, no hay certeza sobre el horizonte de recuperación. Por eso, pasadas las horas, tal vez lo más preocupante no fue el arrebato de Duhalde, sino la reacción que se disparó combinando hipocresía e ingenuidad. Como si fuera esa la muestra de una crisis que agrega otro capítulo intenso.
Ya no tienes cuenta en el sol
En los últimos días el gobierno nacional recuperó la iniciativa y coronó acciones de amplia significatividad política como una toma de aire para consolidar su capacidad de decisión y comenzar a trazar los límites de una pregunta inevitable: ¿en la espalda de quiénes recaerá la piedra de la coronacrisis y cómo se distribuirá ese peso? Los difíciles equilibrios entre la urgencia y la planificación del futuro.
La semana que pasó, hubo mesetas de solidez. El mentado “plan postpandemia” hasta ahora se entrevé en definiciones orientadas hacia el incentivo a la producción y la recuperación del trabajo. El cuadro global aporta un dólar devaluado a nivel internacional y el alza del precio de los productos primarios. La soja alta abre el problema de las liquidaciones y los tributos. El fragmento que encabeza Juntos por el Cambio perdió capacidad de llegada en el sector agropecuario. El campo ya no es lo que era. Pero tampoco deja de ser la canilla principal con el chorro de ingreso de dólares. La posibilidad de indicadores de contexto similares al promedio que exhibieron en la recuperación durante el gobierno de Néstor Kirchner es una ventaja y un motivo de negociación.
Durante el acto por el Día de la Industria en el Centro de Operaciones de Sinteplast, en Ezeiza, el presidente Alberto Fernández estuvo acompañado del titular de la UIA, Miguel Acevedo. Ambos escucharon la presentación de un paquete de medidas por parte del Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, que apuntan a la coordinación estratégica del crédito productivo. Se anunció la creación de un nuevo sistema de banca de desarrollo, líneas de financiamiento para PyMEs, aportes no reembolsables para el desarrollo de proveedoras en sectores estratégicos de la economía y el impulso a los parques industriales.
La UIA había publicado cifras sobre las consecuencias de la pandemia en el tejido industrial detallando una caída generalizada y una parálisis de más de la mitad de la capacidad instalada. El problema que atacan estas medidas es visible: Argentina todavía tiene un volumen bajo de préstamos al sector privado sobre PBI en relación a la región. Uno de los objetivos de las medidas comprendidas dentro del plan de reactivación es compensar al sector productivo para alcanzar a un total de 86.700 pymes de todo el país.
La firma del convenio federal por la Hidrovía el viernes 28 de agosto en el sector del Paraná que alojó la defensa nacional frente a la invasión anglofrancesa, exhibió a un presidente rodeado de gobernadores, aliviando la carga de un encierro en Olivos que prácticamente partió al país en dos. En el transcurso de ese fin de semana, el lanzamiento desde el Cabo Cañaveral del satélite de observación ambiental SAOCOM 1B completó la misión ítalo-argentina SAOCOM que aporta una información precisa del suelo que permitirá prevenir incendios, planificar los cultivos, perfeccionar las técnicas, analizar los efectos y diseñar estrategias para una mejor conservación de los suelos. Y ubica a la Argentina entre los diez países más avanzados en tecnología y desarrollo satelital con un juego de equilibrio entre la influencia occidental y la cooperación con China.
Pero el acontecimiento más importante fue el anunció el lunes del canje de deuda que consumió ocho meses, alcanzó un nivel de adhesión de 93,5% y que por cláusulas colectivas implica que un 99% fue reestructurada con un alivio para la próxima década que alcanza los 37.700 millones de dólares. En la presentación, se adelantó que el Presupuesto 2021 apuntará a llevar el 8% de déficit fiscal pronosticado para este año a un 4,5%, admitiendo la necesidad de maniobras amplias para que el Estado asuma un protagonismo activo y creativo en la reactivación frente a una situación inexplorada. El ministro de Economía Martín Guzmán, cuya principal misión será aplacar la fiebre cambiaria, confirmó que se iniciaron las conversaciones con el FMI y que un eventual nuevo acuerdo se realizará “frente a la sociedad, no a las espaldas” y, por lo tanto, la intención es enviarlo al Congreso para su aprobación.
Las buenas intenciones se golpean contra la oposición de Juntos por el Cambio decidida a extremar el enfrentamiento y bloquear la gobernabilidad: pelea esa llave que destraba el nuevo ciclo que inevitablemente se impone después de la pandemia. El anterior retroceso oficial en el asunto Vicentin dotó de eficacia la sincronización de las embestidas parlamentarias, mediáticas y judiciales. Pero como si esta vez hiciera a un lado las referencias a Raúl Alfonsín, quien perdió el control de la crisis de deuda y cedió el programa económico a cambio de respaldo o silencio para el Juicio a las Juntas, Alberto sacó a relucir la expertirse adquirida como jefe de Gabinete de Kirchner. La Argentina descubre una guía mínima para un sendero de mayor sostenibilidad en un contexto de plena incertidumbre. En eso, la palabra del gobernador Omar Perotti en el acto del convenio de la hidrovía simboliza un pacto de un poder compartido con las provincias del río. Los dos saben y viven la tensión entre política y justicia. A los dos el problema se les presenta de golpe como un tema de Seguridad.
Ya no te interesa ayudar, ni ahí
Tras cuatro meses finalmente avanza el impuesto extraordinario a las grandes fortunas. Se trata de una carga que ronda el 2% de los patrimonios netos declarados más sustanciosos de la Argentina y busca recaudar unos 300.000 millones de pesos. Según AFIP, hay aproximadamente unas 32.484 personas con más de un millón de dólares de patrimonio y que acumulan 104 mil millones de dólares. Si a esa cifra se le suman los fondos sin declarar, las personas son 114 mil y acumulan 262 mil millones de dólares, la mitad del PBI. A esa mínima fracción de la sociedad, la elite multimillonaria que vive cómodamente, goza de todos las libertades y medios de accesos, y usualmente recibe un control parcial y relativo por parte del Estado, se le pide que aporte una pequeña parte de su patrimonio. Tal vez la compulsividad anule el carácter solidario, pero la sensatez de la solicitud vuelve obvia mayores explicaciones.
Las escalas de tributación serán las siguientes: 2% para ente $200-$300 millones; 2,25% hasta $400 millones; 2,75% hasta $600 millones; 3% hasta $800 millones; 3,25% hasta $1.500 millones; y 3,5% para más de $3.000 millones. La medida alcanza a cerca de 12 mil personas. Por el total de bienes en el exterior, los afectados tendrán un recargo del 50% sobre la alícuota que corresponda según el patrimonio declarado. Si se repatria el 30% de esas tenencias financieras declaradas afuera, el diferencial se elimina y se paga por todo como si lo tuvieran en el país.
El proyecto también prevé que un 20% de la recaudación se destine a la compra y/o elaboración de equipamiento e insumos críticos para la emergencia sanitaria; un 20% a las pymes; un 15% a los programas para el desarrollo de los barrios populares; un 20% a becas al programa integral de becas Progresar; y un 25% programas de exploración y desarrollo de gas natural, a través de Enarsa. Al ser un proyecto que modifica el esquema impositivo, requiere para su aprobación de mayorías especiales en el Congreso. La iniciativa cosechó el acompañamiento del bloque de Consenso Federal, referenciado en Roberto Lavagna, y del bloque del mendocino José Luis Ramón. El antagonismo de Juntos por el Cambio se exacerba y lo aísla.
Como explicaron distintos legisladores oficialistas, una crisis histórica como la que padece el mundo, y la Argentina como parte de ese mundo, requiere de medidas excepcionales para afrontar las consecuencias imprevistas e imprevisibles. Algunos aducen para oponerse los efectos desalentadores de la inversión que la medida propiciaría, otros cuestionan la orientación, ya que cae sobre las personas y no sobre los flujos de la actividad. Lo cierto es que el fundamento de la ley se corresponde con las corrientes de pensamiento que enfocan la atención tributaria sobre los patrimonios netos de las personas superricas como una opción que no exige más a las empresas que están en shock ante una crisis de tal magnitud y les pide a los grandes dueños, cuya riqueza está consolidada, que inyecten una fracción mínima de ese capital indispensable para seguir andando.
Hubo reacciones variadas entre la cúpula empresarial y su contenido quedó atrapado en las discusiones alrededor de la reforma judicial. En el caso tributario, hay una menor combinación de discurso y acción. La posición de acompañamiento, prudencia o enfrentamiento que salta de la acción solapada a la directa, marca las diferencias hacia dentro del sector de las empresas. Tampoco hay demasiados intereses compartidos en esas salidas posibles: el impuesto a las fortunas permite un reposicionamiento que tiene la cuestión judicial como mojón. De acercarse o alejarse puede depender el futuro de los negocios y, en muchos casos, de las libertades personales.
En esa línea, las reacciones más viscerales que provocó la presentación del proyecto pueden interpretarse como suplemento de la otra disputa que tiene a los tribunales federales como fondo común. La suerte del impuesto, de algún modo, también se debate ante la amenaza de ese gran virus que hoy amedrenta a la democracia argentina: la judicialización total de las relaciones. Sin embargo, los acuerdos alcanzados en torno al destino de esos recursos permiten imaginar un piso de conversación para plantear que sean otros los términos de discusión para las futuras reformas. Que el pragmatismo no se limite a la exacerbación semántica, la poda de derechos y permita replantear sobre cuáles espaldas pesa la carga: qué tributos se cobran, sobre qué actores o sectores recaen, cuáles son sus niveles y profundidad, qué finalidad tiene la recaudación. Y para eso siempre es mejor tener poder y propuestas antes que solo cancelaciones y bloqueos.
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