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El Frente de Todos aprovechó la clausura del canje de la deuda externa privada para desplegar una serie de lineamientos generales de la agenda económica que viene, denominada de pospandemia, mientras el coronavirus avanza y alarma. La exitosa reestructuración de la deuda en default heredada de la gestión Macri, según dieron a entender desde el gobierno nacional, es favorable porque, entre otras cosas, permitirá a la Argentina un importante ahorro de recursos, que el oficialismo podrá transferir a sectores populares y destinar a palanquear el mercado interno para una reactivación con eje en el modelo industrial, contrastado con la especulación financiera y el abandono a las chimeneas durante el macrismo.

El contexto no ayuda, para nada: el mundo atraviesa la peor crisis humanitaria y económica del último siglo. Sin relegar la delicada situación sanitaria (que está peor que antes) y apelando a responsabilidades sociales para evitar más contagios y muertes, el presidente Alberto Fernández se mostró positivo en los últimos días y puso el foco en una recuperación económica guiada por un paquete de medidas que busca dar impulso al trabajo y a la producción nacional, sobre todo cuando la pandemia del Covid-19 dé una tregua.

La etapa poscanje que encaró el FdT es de relanzamiento económico. El gobierno salió con línea de cuatro a marcar el inicio de esa nueva fase: el presidente Fernández, la vice CFK, el titular de la Cámara de Diputados Sergio Massa y el ministro de Economía Martín Guzmán encabezaron el acto realizado en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, acompañados por el gabinete y gobernador@s, donde, además de anunciar el acuerdo con bonistas por la deuda emitida bajo ley extranjera (“Hicimos un gol”, ironizó Alberto), se tiraron directrices orientadas a la recuperación del entramado industrial y del tejido sociolaboral.

“Primero crecer, después pagar”, se resume el mensaje que difundió el presidente, haciendo referencias reiteradas a Néstor y a Cristina en torno a la negociación de la deuda, mostrando unidad de la coalición gobernante detrás de un gran objetivo, recordando efectos devastadores del neoliberalismo macrista y la importancia de hallar una salida al “laberinto de la deuda”. También se realzó el rol del Estado y la intervención económica (ATP, IFE, entre otras ayudas y medidas) para amortiguar los golpes fulminantes de la pandemia.

Sostenido por indicadores que dan cuentan de paulatinas y tenues mejoras de la actividad en términos mensuales desde el comienzo de la cuarentena, el gobierno puso énfasis en “pensar otra Argentina” y encarar la etapa pospandemia. Esta idea de relanzamiento para el crecimiento económico, con base en el proyecto de ley del Presupuesto 2021 pronto a ingresar al Congreso, fue reforzada por AF y el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas en el acto por el Día de la Industria, donde, con fuertes críticas al macrismo, se lanzó un conjunto de medidas de incentivo para pymes y grandes empresas.

“Los niveles de producción volvieron a ser similares respecto de los previos a la pandemia. Pudimos sostener la estructura productiva. Ahora tenemos el desafío de reactivar la economía con un eje industrial”, dijo Kulfas ante los integrantes de la Unión Industrial Argentina, en una juntada con protocolo realizada en una fábrica de pinturas, que sirvió para limar asperezas después del “miserables” que tiró AF por los despidos en Techint y comenzar así a colorear una relación entre gobierno e industriales que venía opaca desde el industricidio macrista.

Laberinto

Pese al contexto adverso y contra pronósticos apocalípticos esparcidos durante nueve meses, día y noche, por la derecha política, económica y mediática, los mismos que sabotean la política sanitaria oficial, el FdT anunció el cierre formal de la negociación con los bonistas internacionales, acuerdo alcanzado vía Zoom. El gobierno consiguió adherir al 93 por ciento de los acreedores a la reestructuración de la deuda, aunque por la cláusula antibuitre de acción colectiva se elevó al 99 por ciento, con un 1 por ciento sin chances de litigar contra el país, como sucedió en tiempos pasados.

El ahorro resultante de la negociación con grandes fondos de inversión tenedores de deuda argentina asciende a casi 38 mil millones de dólares para los próximos años, más que nada por la reducción de los intereses a pagar. “Se restauró la sostenibilidad de la deuda”, destacó Guzmán, quien celebró el tiempo ganado y criticó el endeudamiento “récord e irresponsable” del macrismo.

Además de liberar recursos fiscales para afrontar el impacto devastador de la pandemia y sortear la crisis heredada, la reestructuración, bien recibida por las provincias y el arco empresario, permite descomprimir un poco las tensiones en el mercado cambiario, según analizó el equipo económico del gobierno.

“Los intereses que el Estado no tendrá que desembolsar en 2020, por haber renegociado la deuda, equivale a diez meses del programa ATP (asistencia al trabajo y la producción), cinco meses de IFE (ingreso familiar de emergencia), doce meses de inversión en salud para afrontar la pandemia. El ahorro conseguido con el canje le permitirá al país encarar un proyecto de crecimiento y desarrollo soberano y sustentable”, graficó un informe del Observatorio de Políticas Publicas de la Universidad Nacional de Avellaneda.

En la misma línea de negociación trazada con bonistas internacionales, se abrieron las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional por la deuda de unos 44 mil millones de dólares, una de las tantas herencias pesadísimas que la actual gestión recibió del macrismo. El presidente dijo que las tratativas con el Fondo, que ayudó a arreglar con los bonistas, también buscarán extender los plazos de pago y aligerar la carga de deuda. Y aseguró que no será de rodillas ni aceptando las típicas recetas de ajuste que impone el organismo, que en tiempos de pandemia suenan menos apropiadas aún.

El macrismo recurrió al Fondo sin pasar por el Congreso. El actual gobierno nacional, en cambio, prevé enviar al Parlamento el acuerdo al que se llegue con el FMI para su debate y visto bueno. La negociación de la deuda, que el gobierno prometió investigar aunque hasta el momento avanzó poco en ese terreno, no es una buena noticia en sí misma, como tampoco hay Fondo bueno. Pero a diferencia de los ciclos neoliberales, el actual gobierno negocia con soberanía política y en defensa de los intereses nacionales.

La gestión Fernández machacó con la imposibilidad de afrontar la deuda con el FMI en los términos que propuso la administración saliente, que prometía (en vano) devolver el mega préstamo en tres años. El Fondo, por su lado, también quiere dar vuelta la oscura página tras otorgar el crédito más voluminoso a un solo país bajo presión de Estados Unidos, que por intereses geopolíticos quería sostener un gobierno de derecha en la región. El súper préstamo a la gestión Macri no sirvió para revertir el cuadro recesivo de la economía argentina ni para que el rebautizado Juntos por el Cambio ganara las elecciones: fiasco por dos.

Mientras marchen las conversaciones con las autoridades del organismo internacional, el gobierno de AF insistirá en la co-responsabilidad del Fondo en la crisis arrastrada desde el macrismo. “El rol del FMI con el préstamo a Cambiemos lo convirtió en co-responsable de la debacle económica, otorgando el crédito más grande de su historia a un país que no tenía las condiciones para repagarlo e imponiendo un plan económico que no cumplió con sus metas (crecer y volver a los mercados) y que empeoró la crítica situación previa”, consideró el economista del Cepa Hernán Letcher.

Toque a los ricos

En medio de un crecimiento exponencial de infectados por Covid-19, superando la barrera de los diez mil contagios diarios a nivel nacional, el gobierno de AF fue tomando diferentes medidas durante el último mes que empezaron a mostrar esta suerte de relanzamiento, con implicancias políticas y económicas: cerró el canje de deuda, envió un proyecto de reforma judicial al Congreso como prometió en la campaña electoral, declaró por decreto servicios públicos esenciales a internet, televisión por cable y telefonía con el fin de regular el mercado de las telecomunicaciones, dominado por el grupo Clarín, y envió un proyecto de ley de aporte extraordinario de las grandes fortunas.

Este aporte, que no tiene nada de solidario, será por única vez y alcanzará a unas doce mil personas con un patrimonio mayor a los 200 millones de pesos, con una alícuota del 2 por ciento, que se incrementará si el patrimonio es mayor. El gobierno se propone recaudar unos 300 mil millones de pesos, que se destinarán a reforzar el equipamiento en salud para afrontar la pandemia, subsidios y créditos para pymes, se buscará urbanizar barrios populares, acompañar a la estatal YPF en la producción de gas natural y financiar el plan de estudios Progresar, olvidado por el macrismo.

En varios países del mundo se agitan proyectos similares para atender las urgencias de la recuperación en un contexto internacional donde cae la recaudación impositiva por el desplome de la actividad en medio de una pandemia. Si bien el alcance de la medida tendrá impacto económico, no menos importante será el efecto político de tocar a los más ricos, quizá como antesala de una necesaria reforma tributaria integral.

Despegue con barbijo

Opositores al gobierno del FdT, en clave desgaste, buscan endilgarle el derrumbe de la actividad económica, que se sucede a nivel planetario, ligada al aislamiento social preventivo como método más eficaz para frenar la pandemia. Tras caídas históricas producto de la irrupción del Covid-19, la economía y la industria, impactadas por la macrisis seguida de coronacrisis, empiezan a mostrar una lenta recuperación.

Para entender de dónde venimos, basta repasar que, según datos oficiales, la actividad fabril en la Argentina cayó más en los últimos dos años del gobierno de Macri que en lo que va de pandemia.

Las tibias señales de reactivación, desparejas e irregulares, con la industria manufacturera, la construcción y la producción automotriz como principales motores, entusiasman al gobierno, que va tomando nuevas medidas de carreteo para el despegue, sin quitarse de encima la preocupación por la intensificación del caos pandémico.

Un informe del Ministerio  de Trabajo de la Nación mostró que el impacto negativo en el empleo registrado privado fue menor en Argentina que en muchos otros países de la región y el mundo, destacando las políticas que adoptó el FdT para proteger el  trabajo ante shocks externos, como el del Covid-19.

En julio pasado, el indicador de actividad económica registró una caída de 11 por ciento anual, aunque en términos mensuales sin estacionalidad la actividad se incrementó 1,5 por ciento respecto a junio, lo que marcó el tercer mes consecutivo de suba desde las medidas de aislamiento de marzo, según se indicó en un reporte del Instituto de Trabajo de la Fundación Germán Abdala. 

Si bien la dinámica inflacionaria se desacelera, la posible recuperación de la economía sumada a la suba en los combustibles pueden generar una nueva ronda de aumentos. El acumulado inflacionario durante los primeros siete meses del año (datos del Indec) fue del 15,8 por ciento. La proyección oficial estima que el índice de precios al consumidor podría rondar el 30 por ciento anual, una cifra todavía muy alta pero bastante menos que el 54 por ciento de inflación que dejó el macrismo en diciembre de 2019.

Oferta y demanda son víctimas de la pandemia. El gobierno implementó programas para cuidar precios de referencia, al tiempo que otorgó aumentos en jubilaciones y prestaciones sociales apenitas por encima de la inflación. El congelamiento de precios en los servicios públicos ligados a las telecomunicaciones hasta fin de año va en este sentido. Aunque con enormes retrasos en su poder de compra, los niveles salariales del sector formal también se ubicaron arriba de la inflación en lo que va de 2020.

El Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso), que dirige el economista Andrés Asiain, publicó el resumen de agosto: “La economía argentina comienza a salir de lo peor de la coronacrisis de la mano de la flexibilización de las regulaciones a la movilidad de la población y la habilitación de nuevas actividades. El rebote en la actividad de la construcción, la actividad industrial y los servicios públicos respecto a abril y mayo deben, sin embargo, tomarse con cautela. Son el efecto de la puesta en marcha de sectores de la economía que se encontraban prácticamente parados durante los meses de más estricta cuarentena”.

La recuperación pospandemia dependerá del programa económico de reactivación que impulse el gobierno. “Las medidas para salir de la crisis deberán hacer equilibrio entre las presiones sectoriales, los cambios que implica la nueva normalidad y las restricciones estructurales que condicionan históricamente nuestra economía (que se condensan en un mercado de cambios bajo presión permanente)”, se analizó en el reporte del Ceso.

“Sin embargo”, se advirtió en el informe, “el principal escollo para la reactivación son las restricciones a la política económica que pueden derivar de la renegociación de la deuda con el FMI”. En este sentido, el presidente AF negó la posibilidad de entregarse a las recetas de ajuste del Fondo y se propuso pasar a fase R, de relanzamiento económico.

 

Fuente: El Eslabón

 

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