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Tschopp estuvo a cargo del juzgado federal N°2 de Rosario durante la última dictadura, desde donde convalidó de diversas maneras los crímenes del terrorismo de Estado.

Ahora, el fue procesado y sus bienes embargados por 10 millones de pesos al ser considerado partícipe necesario de los delitos de homicidio, secuestros y torturas de presos políticos.

El juez federal Marcelo Bailaque procesó a Tschopp en una causa iniciada en 2018 por una denuncia presentada por la delegación Rosario de la agrupación H.I.J.O.S., en la que se solicitaba la investigación de la actuación del ex magistrado durante la dictadura.

De acuerdo a la resolución, Tschopp omitió investigar las denuncias por apremios ilegales, aplicación de tormentos y otros delitos que señalaban los detenidos “blanqueados” cuando el juez les tomaba declaración.

El fiscal de la Unidad que investiga violaciones a los derechos humanos, Adolfo Villate, revisó 134 pedidos de habeas corpus que tramitaron durante la última dictadura en el juzgado federal 2, a cargo Tschopp.

El juez Bailaque lo procesó por más de 55 casos de privación ilegítima de la libertad (secuestro) en calidad de partícipe necesario, señala la resolución.

En algunos de ellos, “en concurso real con la aplicación de tormentos calificados por aplicarse contra un perseguido político”.

El ex juez también quedó procesado como partícipe de siete casos de homicidio, entre ellos los de los hermanos y estudiantes peruanos Rory Céspedes Chung y María Antonieta Céspedes Chung, cuya ejecución en la vivienda que compartían con el militante socialista argentino, Conrado Galdame, suscitó un conflicto diplomático con Perú.

Galdame fue asesinado en el Servicio de Informaciones de la Policía de Rosario, donde funcionó el mayor centro de detención clandestino de la provincia de Santa Fe.

Según determinó la sentencia contra los ejecutores, los hermanos Céspedes Chung fueron asesinados con el objetivo de encubrir el secuestro y posterior homicidio de Galdame, con quien compartían vivienda.

Ese crimen y la queja de Perú derivaron en el “levantamiento” del Servicio de Informaciones como centro de detenciones clandestinas.
Entre los casos que analizó el fiscal Villate y en los que el juez Bailaque encontró el grado de certeza necesario para dictar el procesamiento se encuentra el del secuestro de la comisión directiva de la Biblioteca Popular “Constancio C. Vigil”, que fue intervenida y desmantelada por el terrorismo de Estado.

Fuente: Télam

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