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El juez de segunda instancia, Guillermo Llaudet, confirmó este miércoles la prisión preventiva de Patricio Serjal, exfiscal Regional de Rosario, quien está detenido desde el 11 de agosto pasado.

El exfiscal Regional fue acusado por los delitos de cohecho agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, transmisión de datos reservados y falsedad ideológica. En la misma causa está imputado y detenido el fiscal Gustavo Ponce Asahad, acusado de conformar junto a Serjal y un empleado judicial, Nelson Ugolini, una organización que protegió a un capitalista de juego vinculado, a la vez, a una banda que cometía extorsiones en nombre del jefe de Los Monos, Ariel “Guille” Cantero.

“La crítica defensista no ha logrado evidenciar la ausencia de fundamentación que le endilga” a los acusadores, señaló Llaudet en una palabras que pronunció antes de dar a conocer su resolución, a través de un audiencia virtual.

La defensa de Serjal planteó en la apelación de la prisión preventiva que la acusación de los fiscales se basó exclusivamente en el testimonio de Leonardo Peiti, un hombre imputado por juego clandestino y presunto miembro de una red extorsiva, quien pidió acogerse a la figura del “arrepentido”.

Para el camarista, sin embargo, “ni el Ministerio Público de la Acusación ha estructurado su acusación en la declaración de Peiti ni la prisión preventiva por 90 días se explica enteramente por esa declaración”. Llaudet dijo que existen “múltiples horizontes evidenciales” en la causa, “de los cuales la versión de Peiti es uno de ellos, no puede restársele trascendencia, pero es uno más”.

Serjal fue imputado junto al fiscal Ponce por el presunto cobro de coimas mensuales en dólares a Peiti para evadir investigaciones judiciales por juego ilegal y para entregarle datos de causas judiciales en su contra o de otros miembros de la asociación ilícita.

En esa causa también está imputado Maximiliano “Cachete” Díaz, un hombre ligado a la narcobanda “Los Monos” señalado de extorsionar a comerciantes legales e ilegales para brindarles “seguridad” de sí mismo y que sus locales no fueran baleados, dinero que presuntamente invertía en juego ilegal.

La pareja de Díaz y un policía retirado detenido con un sobre con 150 mil pesos cerca de un garito clandestino firmaron juicios abreviados y fueron condenados en la misa investigación.

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