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El juez federal de Paraná, Daniel Edgardo Alonso, será recibido este lunes en la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, que discutirá el pliego que podría designarlo juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Alonso es el magistrado que en julio de este año determinó, mediante una medida cautelar, la prohibición de la quema de pastizales y de otras acciones humanas “con capacidad para alterar el medio ambiente”; también el que tiene a su cargo la causa penal vinculada a los incendios en las islas y que el 10 de septiembre resolvió la situación procesal de los siete imputados que habían sido indagados, sobreseyendo a uno y decretando la falta de mérito de los otros seis porque no hubo elementos para procesarlos pero tampoco certeza negativa para desvincularlos.

Alonso es, además del elegido por el Ejecutivo nacional para el cargo antes mencionado, el magistrado al cual el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, le pidió que “se levante de la siesta” y avance con procesamientos. El funcionario aseguró a varios medios locales que los fuegos son intencionales y que es fundamental que se sancione a los responsables para que cese la destrucción del humedal. En la misma línea se pronunció la ministra de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Erika Gonnet: “Estamos siempre y somos los que más explicaciones damos. No tenemos reparo en decir que no es suficiente, pero hay una pata que falta, y si alguien no paga las consecuencias, nos vamos a cansar de traer brigadistas, aviones, helicópteros”.

La pata que falta

El humo ya es moneda corriente en Rosario. Es un nuevo cristal con el que se mira la ciudad y al que no es posible acostumbrarse, porque las cenizas en la bici y en el patio, los dolores de cabeza, las náuseas y ni hablar de los problemas en el sistema respiratorio, no pueden pasar inadvertidos. Y en ese marco, los reclamos se disparan para todos los frentes: movilizaciones multitudinarias en medio de la pandemia, intervenciones en toda la ciudad, hashtags, denuncias de proyectos inmobiliarios y contra productores ganaderos, proyectos de nuevos marcos regulatorios y la demanda de soluciones a los distintos poderes del Estado. Pasados los meses, se sabe: tan necesario como encontrar a los responsables es entender que las soluciones, como las responsabilidades, dependen de cada organismo involucrado.

En ese sentido, es clara la demanda de los ejecutivos al Poder Judicial, asegurando que sin detenciones ni penas las quemas no van a frenar por más recursos o lluvia que haya. El ministro Cabandié, apuntó este jueves directamente a la connivencia entre distintos poderes y aseguró que la única solución concreta llegará si la Justicia empieza a actuar. “Los gobiernos nacionales y provinciales no tenemos la potestad ni competencia para detener, imputar o procesar a los que queman. Lo llamativo de todo esto es que hace seis meses que hay fuego y la Justicia no tiene a uno, ni procesado ni detenido. Entonces, no sé si al juez Alonso de Paraná se le rompió la impresora o se quedó sin birome, pero no tiene ni una actuación, ¿Cómo puede ser esto? Porque los brigadistas apagan el fuego y a los tres días vuelven a prenderlo”, dijo a los medios locales.

Cabandié, además, aseguró que se trata “claramente” de connivencia entre los dueños de la tierra y la Justicia. Apuntó al intendente de Victoria, Domingo Maiocco, “que tiene cientos de hectáreas en las islas”; a la familia Baggio; a la familia Reggiardo, y a intendentes, concejales y ex senadores de distintos partidos. “El juez Alonso puede resolver esto en horas: si cruza el catastro con la geolocalización del fuego, se acabó. Tenés que detener a los que lo hacen y ya está. Yo no soy la Justicia, no puedo imputar”, subrayó el funcionario nacional. “Esa es la solución concreta”.

En el mismo sentido, la ministra de Medio Ambiente de Santa Fe, Erika Gonnet, aseguró que el problema está en que “seguimos contando recursos y brigadistas, pero hay que hablar de cuándo va a venir alguien que pague por estos daños y consecuencias”. Gonnet explicó que el Comité de Emergencia Ambiental se reúne semanalmente y que en el último encuentro, quienes representan a Rosario y la provincia, se plantearon ir a la Corte para preguntar cuál es el estado de las causas. “Estamos siempre y somos los que más explicaciones damos. No tenemos reparo en decir que no es suficiente, pero hay una pata que falta”, remarcó.

La pata más idónea

El 9 de septiembre de este año, el Poder Ejecutivo Nacional solicitó, a través del Boletín Oficial, designar como vocal de la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario al juez entrerriano Daniel Edgardo Alonso. Esto es: el mismo poder que lo considera idóneo para el cargo es el que lo apunta como el responsable por la falta de soluciones a los incendios en los humedales.

El Consejo de la Magistratura de la Nación elevó la terna por el  concurso en cuestión en marzo de 2018, habiendo quedado seleccionados los doctores Marcelo Martín Bailaque, Marcelo Alejandro Del Teglia y Daniel Edgardo Alonso. En su momento, el Poder Ejecutivo de la nación, con Mauricio Macri al frente, elevó al Senado los pliegos de Del Teglia. Sin embargo, al no haber habido resolución en su momento, la terna volvió al Ejecutivo con el cambio de gobierno. Y al Legislativo llegó, esta vez, el pliego de Alonso.

Los pliegos fueron elevados al Senado de la Nación, donde será entrevistado en la Comisión de Acuerdos este lunes. De aprobarse, Alonso obtendrá una mayor jerarquía: revisará en competencia amplia (no solamente penal, sino también en lo civil, comercial, laboral, contencioso administrativo, tributario y de la seguridad social) todas las resoluciones dictadas por los jueces federales de primera instancia. Además, pasará de tener una competencia restringida a una circunscripción federal de una parte de Entre Ríos, a abarcar un territorio que alcanza al norte de la provincia de Buenos Aires (los dos juzgados federales de San Nicolás), los cuatro tribunales federales de Rosario, los dos de Santa Fe, el de Venado Tuerto y el de Rafaela.

La Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación está conformada por 17 senadores y senadoras, ninguno de los cuales representa a Santa Fe o a Buenos Aires. Sin embargo, cualquiera puede asistir y preguntar por los intereses de sus territorios, dado que va a ser juez de la Cámara Federal que revisa todo lo relacionado a las causas federales que se tramitan en la provincia. Si la Comisión emite un dictamen aprobatorio, resta la aprobación del pleno de la Cámara.

Las causas

En julio de este año, el juez Daniel Alonso determinó, mediante una medida cautelar, la prohibición de la quema de pastizales y de otras acciones humanas “con capacidad para alterar el medio ambiente”. En la misma medida, prohibió “la construcción de diques y terraplenes de cualquier naturaleza o realización de actividades que pongan en riesgo el ecosistema identificado en la demanda”. Fue tras una denuncia realizada por las asociaciones civiles Cuenca Río Paraná y Foro Medio Ambiental contra un grupo de propietarios y arrendatarios por “el daño al ambiente y la salud pública” generados por la quema de 25 mil hectáreas en las islas del Delta del río Paraná. Las quemas, sin embargo, continuaron.

Por otro lado, las causas penales que se juntaron en el Juzgado Federal de Paraná, provincia de Entre Ríos, fueron al menos seis. Todas acumuladas a partir de las denuncias presentadas ante la Fiscalía Federal de esa ciudad, a cargo de Carlos García Escalada. Cabe remarcar: las causas penales llegan a la misma fiscalía y al mismo juzgado; las civiles no.

Según señala una nota publicada en el diario La Capital a mediados de agosto, la primera causa que se conoció fue de la Municipalidad de Rosario en marzo de 2020. Apuntaba contra los productores responsables de los incendios de pastizales en la zona de islas y contra los funcionarios “encargados de controlar el cumplimiento de la normativa aplicable en la materia”. A esa se le sumaron otras: del Ministerio de Medio Ambiente de la Nación; de los gobiernos provinciales de Santa Fe y Entre Ríos, y de las municipalidades de las localidades santafesinas de Arroyo Seco y San Lorenzo.

El objetivo de esas causas, detalla la nota mencionada, fue “determinar responsables, tanto de los actos depredatorios como de los responsables de custodiar el humedal. Y como primer resultado derivaron en la indagatoria de siete titulares de campos”. Entre fines y mediados de julio fueron imputados de haber “generado peligro común para los bienes y/o de muerte para las personas, en campos de su propiedad; entorpecimiento del transporte por tierra, agua y aire; y contaminación de la atmósfera o el ambiente en general mediante residuos peligrosos”. Y, a principios de agosto, el magistrado que estaba a cargo de la causa, Leandro Ríos, solicitó no continuar interviniendo, por razones de parentesco. Así, la causa quedó a cargo del titular del juzgado federal N° 2, Daniel Edgardo Alonso.

Como respuesta a las declaraciones de Cabandié del jueves –que no fueron las primeras–, desde los tribunales federales de Paraná señalaron al diario Uno de Entre Ríos que el 10 de septiembre se resolvió la situación procesal de los siete imputados indagados: el juez Alonso sobreseyó a uno y decretó la falta de mérito de los otros seis porque no hubo elementos para procesarlos, pero tampoco certeza negativa para desvincularlos, señala el artículo. También se hizo saber que hasta este jueves, al menos, no existía “pedido alguno de las partes pendiente de proveer y el expediente se encuentra en la Fiscalía de Victoria, en su carácter de instructor”.

 

Fuente: El Eslabón

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