Estudiantes en pandemia

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La Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, insta a las diferentes autoridades a promover y garantizar en tiempos de pandemia espacios de participación para las y los estudiantes, y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta igual que su derecho a la expresión.

El llamado lo realiza a través del informe “El derecho a la participación de las y los estudiantes en tiempos de pandemia”. En el documento se señala que si bien las niñas, niños y adolescentes no son el grupo social más afectado en términos epidemiológicos, sí lo están por la agudización de la pobreza y de las desigualdades estructurales producidas en este contexto.

Advierte que “el derecho a expresar sus opiniones y que éstas sean tenidas en cuenta en los asuntos que los involucran” está entre los derechos vulnerados de este grupo generacional, además de ser uno de los menos visibilizados. “Resulta fundamental –destaca- que la atención a las urgencias impuestas por la situación sanitaria no reproduzca una mirada adultocéntrica que relegue la condición ciudadana de niñas, niños y adolescentes”.

Es por esta razón que la Defensora “insta a todas las autoridades escolares y a las áreas de educación, municipales, provinciales y nacionales a cumplir con las leyes, promoviendo diversos mecanismos de participación efectiva y directa, fomentando la creación de centros de estudiantes en todas las escuelas e integrándolos a la comunidad educativa”.

La relevancia de estos derechos de las chicas y los chicos a la expresión y a ser considerados en sus opiniones –destaca el documento- es tal que la Convención sobre los derechos del Niño lo reconoce como uno de los cuatro principios generales que la estructuran, y como tal, se trata no solo de un derecho en sí mismo, sino de un principio a la luz del cual “interpretar y hacer respetar todos los demás derechos” (Observación General N°12, Comité de Derechos del Niño de NU).

Derecho postergado

La Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham.

Según el informe, dada las urgencias que impuso la situación de pandemia en la Argentina, “la formulación de mecanismos que garanticen la participación ciudadana de niñas, niños y adolescentes como voz válida, legítima y necesaria a ser tenida en cuenta en la toma de decisiones de las políticas públicas que les son destinadas como derecho ineludible quedó relegada frente a otras prioridades definidas por el mundo adulto. Se produjeron así ciertas desigualdades que refuerzan miradas adultocéntricas y afectan de manera específica los derechos de este colectivo”.

La situación fue expuesta por las y los adolescentes en las sucesivas reuniones sostenidas desde el inicio de la pandemia con la Defensora Graham, “identificándolo como un modo de padecimiento y vulneración de derechos”. En todo este tiempo de aislamiento sanitario, la institución mantuvo encuentros con centros de estudiantes de las distintas federaciones estudiantiles de todas las regiones del país, organizados por el Área de Participación y Protagonismo. La idea siempre fue la de “propiciar la expresión de sus voces, vivencias y preocupaciones durante este contexto particular”.

Estos encuentros fueron sistematizados en sucesivos informes que la Defensora utilizó como insumo para sus propias acciones y que fueron oportunamente elevado a las instancias gubernamentales correspondientes.

Es así –describe el trabajo- como se pudo reconstruir sus opiniones y miradas respecto de la pandemia, y cómo esta los afectaba. Entre otros de los reclamos colectivos que se relevaron figura el de establecer la “conectividad como derecho”, que fue señalado como “condición necesaria para garantizar el acceso efectivo al derecho a la educación”, como también hacer posible la participación y la expresión de sus opiniones.

Las y los adolescentes reconocen el esfuerzo que supuso la puesta en práctica de la “escuela virtual” pero lamentaron que en esa experiencia no se hayan generado instancias de participación en las cuales puedan volcar sus opiniones y ser consultados y escuchados colectivamente. Y no sólo en el ámbito escolar sino en las instancias en las que se definen las políticas públicas.

Puntualmente hablaron de impedimentos a su participación surgidas de las modalidades pedagógicas propuestas y contenidos de la educación virtual. Propusieron al respecto promover reuniones virtuales entre docentes y estudiantes y un mayor uso de metodologías interactivas y participativas para el aprendizaje, tanto para hacer consultas sobre contenidos académicos, como para recrear un espacio colectivo que posibilite el encuentro de toda la comunidad educativa (docentes, estudiantes, directivos, familias) y permita registrar e incorporar sus voces.

En términos de los contenidos, señalaron su preocupación unánime de garantizar los contenidos de la Educación Sexual Integral (ESI) que consideran aún más relevante frente a las dinámicas y situaciones de violencia familiar en el contexto del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (Aspo). También expresaron que se tenga en cuenta su pedido de acompañamiento emocional y psicológico en este contexto, proponiendo la reapertura de los equipos psicopedagógicos de las escuelas aún en la virtualidad; tanto como fortalecer el acceso a alimentos y recursos estatales necesarios en cada comunidad educativa. Y una manifiesta preocupación por desplegar modos de acercamiento con aquellos estudiantes que en este contexto no pudieron sostener la escolaridad virtual.

Experiencias autogestivas

El informe de la Defensora da cuenta de distintas acciones autogestivas que las y los adolescentes llevaron adelante para dar lugar a sus preocupaciones,: pedidos a las autoridades escolares para que sus opiniones sean tenidas en cuenta, jornadas sobre Educación Sexual Integral organizadas y la realización de encuestas al estudiantado para conocer la situación de equipamiento y conectividad.

A su vez, reclamaron que se garantice otra dimensión de su derecho a la participación: su incorporación en los espacios de definición de las políticas educativas y de la elaboración de protocolos para atravesar las distintas fases de aislamiento y establecer condiciones para la apertura.

Así una de las propuestas principales de los centros de estudiantes estuvo en ser considerados actores clave y estratégicos para las acciones frente al desgranamiento y abandono de la escolaridad de sus pares. Por ejemplo, algunos proponen el armado de Mesas Territoriales donde coordinen acciones junto con otros actores de la comunidad.

Junto a lo que falta por hacer resaltan las posibilidades de diálogos alcanzadas con el transcurrir de los meses. Como hito en este proceso, las distintas federaciones estudiantiles destacan la convocatoria del Ministerio de Educación de la Nación para integrar el Consejo Asesor de elaboración del protocolo para el regreso a las aulas. “Nunca habíamos estado en la mesa de decisión de un Ministerio Nacional”, valoraron. Igualmente no dejan de señalar que se tratan de experiencias excepcionales, ya que aún no fueron desplegadas en gran parte de los territorios y provincias.

“Venimos de discutir el protocolo con el Ministro de Educación de la Nación, pero en mi provincia o la directora de mi escuela no les importa escuchar nuestras opiniones”, se las y los escucho alertar al respecto.

El informe de la Defensora señala que el interés de las y los adolescentes en participar frente a los problemas generados por la pandemia no se limitó a lo educativo, sino que se extendió a la vida comunitaria y política que los incumben de manera más general. Entre otros ejemplos, aparecen la realización de relevamientos de las necesidades socioeconómicas de sus pares para presentar a las autoridades, sostenimiento de comedores y ollas populares, ayuda a las familias de su comunidad para la obtención de equipamiento tecnológico y acceso a las transferencias de ingresos que realizan los gobiernos. Así fue que, durante las reuniones con la Defensora, expresaron su necesidad a ser considerados “parte de la solución y no sólo del problema”.

A manera de síntesis, la Defensora manifiesta que es “fundamental que la atención a las urgencias impuestas por la situación sanitaria no reproduzca una mirada que relegue la condición ciudadana de niñas, niños y adolescentes”.

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