El asesinato de un barrabrava con antecedentes por comercio de estupefacientes direccionó un haz de luz sobre el habitualmente opaco eslabón final de la cadena del tráfico de drogas y otros mercados ilegales como la venta de cereal en negro que, a diferencia de los robos y homicidios, no producen dermatitis en la piel de la comunidad y –en ocasiones– ni siquiera son ponderados socialmente como delitos. La búsqueda de pistas de los autores del crimen de Marcelo Alejandro Medrano, Coto, llevó a dos lugares donde no se huele sangre coagulada: un puerto seco y húmedo en Ricardone, en el que la policía secuestró granos, combustible y fertilizantes sin declarar y se encontró con 750 mil pesos en efectivo; y una financiera de la “city” rosarina en la que el malogrado barra había conseguido eludir el cepo a la adquisición de divisas para comprar 35 mil dólares en el último mes y medio.
Una investigación sobre un crimen que puede enlazar la violencia urbana con su contracara de lavado de dinero ilegal con buenos modales.
Narco en barra
Coto Medrano fue condenado en 2010 por tenencia de estupefacientes para su comercialización. Un tribunal oral estableció una pena de 6 años de prisión. En 2016 ya disputaba, con varios sectores, la conducción de otro de los rentables negocios que ofrece el mercado ilegal: la barrabrava de Newell’s Old Boys.
A diferencia de la barra Canalla que durante dos décadas se mantuvo estable y “regulada” en manos del ahora detenido Andrés Pillín Bracamonte, el asesinato de Roberto Pimpi Camino en marzo de 2010 dejó huérfana de una conducción hegemónica a su par Leprosa.
Las tensiones por el gerenciamiento de ese negocio ilegal –ligado también al narcomenudeo y siempre bajo la larga proyección de la sombra de Los Monos– provocaron en los últimos años varios homicidios.
Medrano estuvo mencionado como presunto instigador de al menos uno de ellos, el de Matías Cuatrerito Franchetti, asesinado en la puerta del estadio una tarde de junio de 2016, pero no fue citado por la Justicia. Franchetti, un joven de 23 años, había cumplido una condena de tres años de prisión en Portugal por el caso conocido como Carbón Blanco, que investigó y juzgó el envío de una tonelada de cocaína desde Argentina al país Europeo.
Cuando la noche del 10 de septiembre pasado le dieron 15 balazos en una estación de servicios YPF de Granadero Baigorria, investigadores judiciales y policiales sindicaban a Marcelo Medrano como comercializador de drogas en algunos barrios del norte de Rosario y en la ciudad donde lo asesinaron.
Mensajes de la aplicación WhatsApp rescatados de su teléfono móvil dan cuenta de esa empresa: a un contacto guardado con un seudónimo le escribió: “¿El que vende en La Florida trabaja para vos? Si trabaja para vos que pague porque si no lo corto. Está cocinado”.
A otro contacto le preguntó: “Amigo vos tenés a la hija de Chamota vendiendo para vos en Bermúdez?”.
El mismo día del crimen, Coto pasó por la financiera Cofyrco, con sede en la oficina 24 del segundo piso de Corrientes 832, donde compró sin mayores requerimientos 17.500 dólares.
Los mensajes guardados en su teléfono móvil permitieron descubrir a los investigadores que en el último mes y medio antes de su asesinato había adquirido 35 mil dólares en esa cueva, unos 4,5 millones de pesos. Uno de los operadores de la financiera le planteó que si tenía conocidos que requirieran el mismo servicio le avisara, que les hacía “el mismo precio” por dólar que a él. Aquella última compra de blue fue a poco más de 130 pesos.
Servicios a medida
La financiera Cofyrco, que está presidida por el licenciado Fernando Vercesi y cuyo vicepresidente es Patricio Carey, fue allanada el 17 de septiembre.
La Policía secuestró 41 mil dólares; 33 mil euros; 81 mil reales; 3 mil libras y 5 millones de pesos. Es lógico, se trata de una casa de cambios.
Pero también halló una bolsa con 175 documentos de identidad que, presumen los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, eran utilizados para la compra de 200 dólares por persona permitidos por las regulaciones del Banco Central (BCRA) a cambio de una comisión para sus titulares.
Es decir, eran empleados para una posible estafa. Que se perfeccionaba con la venta de esos dólares mal habidos a un narcotraficante que necesitaba convertir los pesos obtenidos de modo ilegal en divisa extranjera y que no poseía actividad lícita para explicar esos ingresos.
Vercesi quedó demorado el día del allanamiento. La cueva quedó bajo investigación por presunto lavado de dinero, dijeron a El Eslabón voceros del caso. Los fiscales del caso analizan la abundante documentación secuestrada, que puede convertirse en una caja de Pandora.
El escándalo que provocó la difusión del allanamiento hizo que Cofyrco bajara su sitio web. Pero antes del voluntario apagón, en ella aseguraba que en la firma están “comprometidos con el éxito de nuestros clientes, identificamos oportunidades de inversión y crecimiento. Nuestra estructura de trabajo es ágil y eficiente, lo que nos permite innovar y brindar servicios a medida para todo tipo de situaciones”. Se ve.
Un día antes del procedimiento, el presidente del directorio del BCRA hizo declaraciones que podrían considerarse premonitorias, aunque son de rutina. Dijo Miguel Pesce sobre las restricciones a la adquisición de dólar blue: “Es muy difícil saber qué va a pasar. Es un mercado delictivo. Cuando se han hecho allanamientos en cuevas y se han cruzado las bases de datos uno encuentra narcotraficantes, traficantes de armas, cualquier cosa. Es un mercado que provee al delito, por lo que es imposible saber cuál es el tipo de cambio que el delito está dispuesto a pagar”. Coto llegó hasta 136 pesos.
Por su asesinato fue imputado con prisión preventiva un policía, Gabriel Godoy, como presunto partícipe primario. Fue acusado de conducir la EcoSport en la que se movían los tres matones que se bajaron y lo acribillaron a Medrano delante de su pareja y su hijo. El policía es hermano de Daniel Godoy, sindicado como narco del Gran Rosario, quien mantuvo una larga disputa con Coto, que incluyó balaceras, amenazas y el incendio de un camión, entre otros intercambios que excluyen la burocracia del proceso penal.
Seco pero líquido
Tras los pasos de Daniel Godoy, que sigue prófugo, policías de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) llegaron hasta un predio ubicado sobre la ruta provincial 10, en la zona rural de Ricardone, que alberga cinco galpones de un puerto seco y húmedo.
Dani Godoy no estaba “guardado” ahí. Pero había sorpresas: la Policía encontró cereal, combustible y fertilizantes flojos de papeles.
“Si bien procurábamos identificar a ciertos actores, secuestramos un sinnúmero de elementos relacionados al acopio de cereales sin ningún tipo de documental respaldatoria”, dijo el fiscal de la causa, Aquiles Balbis, de San Lorenzo.
Tras el procedimiento, explicó que “en los galpones se acopiaba cereal en negro, sin ninguna carta de porte ni documental respaldatorio, que suele obtenerse a través de maniobras ilícitas”.
“Lo mismo se hace con el combustible, que se obtiene a partir de la innumerable cantidad de camiones que circulan por el cordón industrial”, dijo Balbis, dando a entender que podría tratarse de combustible robado.
Según la investigación, había unos 70 mil litros de gasoil acopiados en tanques de distinto tamaño. También se encontró una “cantidad considerable de fertilizantes líquidos almacenados en tanques verticales de veinticinco mil litros” sin la habilitación pertinente ni medidas de seguridad exigidas para esa actividad, de acuerdo a la información que proporcionó la AIC.
El predio rural acondicionado para el acopio que fue allanado el 16 de septiembre está registrado a nombre de un ex jefe policial, Carlos Ávalos, quien prestó servicios durante muchos años en San Lorenzo y se retiró de la fuerza en 2011.
Además, en el lugar la Policía secuestró 750 mil pesos en efectivo, con la inseguridad que hay. Su dueño, a pesar de tenerlos en un puerto seco, estaba líquido.
Así, la investigación del crimen de Coto Medrano puede desencadenar en otras pesquisas que apunten hacia el último eslabón del comercio de estupefacientes, donde las violentas disputas expresadas en las calles adoptan refinados modales de urbanidad mediante operaciones de lavado de recursos de origen ilegal.
En una entrevista con este semanario, el ministro de Seguridad, Marcelo Sain, advirtió que “no hay circuitos exclusivamente de lavado de dinero, hay gestión de una economía informal”.
“Hay una afluencia de recursos provenientes del narcotráfico, mediados por abogados, financistas, gestores económicos, donde se mezcla ese dinero con el proveniente de la evasión tributaria y de la informalidad económica. Y todo eso se mixtura con la economía formal y legal en emprendimientos inmobiliarios, financieros, compra y adquisición de activos, transferencias, construcciones, barrios privados fundamentalmente”, explicó.
Y, adelantándose a lo que finalmente ocurrió como consecuencia de los efectos económicos de la pandemia, agregó: “Cuidado que toda la economía que se ha construido para gestionar la histórica evasión tributaria en nuestro país, cuando hubo sequedad, plaza seca, el dinero del narcotráfico siempre fue un buen afluente”.
Fuente: El Eslabón
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