La pandemia del Covid-19 acrecentó desigualdades e impactó en niveles de producción, empleo e ingresos. Peor en Argentina, donde la crisis económica, social y sanitaria por efecto del coronavirus sobrevino al desastre que dejó el neoliberalismo macrista, auspiciado por el Fondo Monetario Internacional con el mega crédito stand by, una pelota verde gigantesca que ahora se viene encima.

En rigor, días atrás, funcionarios del organismo acreedor visitaron el país (la staff visit) y mantuvieron reuniones con el gobierno, sindicalistas y empresarios para tantear el terreno antes de abocarse de lleno a las negociaciones por el plan de pagos (que seguro será en cuotas y con tiempo libre) de la deuda, una verdadera pesada herencia que el actual gobierno buscará resolver de manera tal que el acuerdo permita “crecer con estabilidad, inclusión y sin ajuste ni dependencia”, según expresó el ministro de Economía Martín Guzmán.

Aunque parece arrollado por la vorágine política argenta, la negociación en ciernes con el FMI tiene el todavía fresco antecedente del acuerdo con bonistas privados por una parte de la reestructuración de la deuda externa, donde, con ayuda del propio FMI, se postergaron pagos de vencimientos hasta 2024 con la intención de oxigenar las cuentas, priorizar y reorientar recursos. A decir de la actual directora del Fondo, la nueva misión del organismo de crédito vino a la Argentina con la “mente abierta” y… ¿ajuste cerrado?

La economista búlgara Kristalina Georgieva, mandamás del FMI, aclaró, a la distancia y como para amenizar la recepción, que el desembarco fondomonetarista no persigue la idea de un ajuste estructural del gasto ni poda de derechos jubilatorios y laborales, típicas recetas que impone el organismo al momento de los préstamos o en la negociación por la devolución de los mismos.

En igual sentido, los enviados de Kristalina al país aseguraron en un encuentro con la CGT que no vinieron a buscar una reforma laboral. Georgieva, en tanto, resaltó el rol del Estado argentino frente a la pandemia y defendió la inversión pública para el cuidado de la salud y como reimpulsora de la actividad económica en un contexto excepcional y dramático.

El FMI es el principal acreedor de la Argentina por otorgarle al gobierno de Cambiemos el préstamo más grande de la historia de la entidad crediticia, violando sus propios estatutos: unos 45 mil palos gringos, que, además de dolarizar más la economía, se fueron por la canaleta de la timba financiera y se patinaron en la campaña por la frustrada reelección de Macri. Los “gordos” de la CGT, en sintonía con el gobierno, les recordaron a los del Fondo la crítica situación que dejó el macrismo, agravada luego por la peste.

Aquello del amorío macrista con el Fondo ocurrió bajo administración de la francesa Christine Lagarde. La actual gestión del FMI busca desmarcarse de la anterior y mostrarse más amigable, con la cara lavada, aunque por las directrices ortodoxas basadas en los mismos recortes que el organismo sigue imponiendo en otros países y por su historia relacionada a las crisis argentinas, hay sospechas más que fundadas sobre el aparente cambio a un “Fondo bueno”.

La llegada al país de una delegación de técnicos del FMI, institución financiera que controla Estados Unidos, coincidió con el reprochado voto argentino en Naciones Unidas contra Venezuela, que sufre el acoso permanente del país del Norte. Previo al arribo de la misión del Fondo, el gobierno reunió al Consejo Económico y Social para, entre otras cuestiones acuciantes, enhebrar avales variopintos frente a la dura pulseada que se avecina por la deuda externa.

Pacto social club

La convocatoria oficial a empresarios, sindicalistas y dirigentes de movimientos sociales a retomar la mesa de diálogo prepandémica viajó por el riel de la necesidad de reactivar la economía, crear empleo y recomponer salarios, jubilaciones y ayuda social, apuntalar a la pequeña y mediana empresa, robustecer el mercado interno, además de reunir alianzas y respaldos frente al FMI, que siempre exige condiciones.

El encuentro tripartito sucedió pocos días después de que la gestión de Alberto Fernández desplegara una batería de iniciativas con el pragmático propósito de proteger reservas del Banco Central, tratar de relajar la tensión en torno al dólar (que sigue alta, con la brecha encendida entre el “blue” y el oficial) y ahuyentar presiones devaluatorias, además de estimular la actividad productiva y exportaciones industriales y agropecuarias, con rebaja temporal y escalonada de retenciones a la soja y otros beneficios para el sector. Esto último, a su vez, porta doble filo, ya que puede recalentar la tensión inflacionaria y, por ende, inflar la pobreza.

Números con rostros

La suba de cinco puntos y medio en el índice de pobreza que mide el Indec a nivel nacional, que durante la primera mitad del año abarcó al 40 por ciento de la población argentina, unas 18 millones de personas, está encadenada a la fuerte contracción de la economía (se proyecta una caída del 10 por ciento para todo 2020), al aumento del desempleo anual de 10,4 a 13,1 por ciento (se estima que el año cerrará con una tasa de desocupación en torno al 17 por ciento), más la pérdida arrastrada en el poder de compra de los salarios, en medio de una pandemia que generó una crisis global de proporciones inéditas.

Era previsible que la cuarentena en resguardo de la salud y la consiguiente parálisis de la actividad repercutieran de manera negativa en variables económicas. Las caídas están en línea y se repiten en casi todos los países de la región y el mundo, en niveles de producción, laborales, salariales y sociales. Hasta el FMI lo reconoce.

Desde el Frente de Todos, acosado por la oposición, con contradicciones y limitaciones propias, destacaron las medidas que el Estado implementó para mitigar el golpe de la emergencia sanitaria y económica, con prioridad para sectores más castigados, como trabajadorxs no registrados o desocupadxs, también reconociendo que fueron insuficientes ante la magnitud del problema. Desde el gobierno recordaron el país devastado que recibieron hace apenas diez meses.

Pandemia sobre pandemia

Un empresario pyme lo resumió en Twitter con narrativa rústica pero bien elocuente: “Si Macri estuviera gobernando, las pymes estaríamos recibiendo en lugar del ATP como ayuda para pagar los sueldos, el PEC (Patada En el Culo)”.

El impacto del crack económico y socio-laboral que profundizó la pandemia y que sacude a la Argentina (y al mundo), se explica, en buena parte, por el descalabro que dejó el gobierno anterior de la mano del FMI. Peste sobre peste. Una crisis sin precedentes superpuesta a otra crisis con antecedentes nefastos. Gran recesión y, trascartón, gran confinamiento. Virus neoliberal primero, virus zoonótico después. Sobre llovido, mojado. La derecha macrista, que revivió durante la cuarentena que tanto vapuleó, además de boicotear el plan sanitario oficial salió a acusar al gobierno de AF de “romper” la economía.

Sin embargo, Cambiemos se fue del gobierno con endeudamiento récord, altísima inflación (54 por ciento), desocupación duplicada, más precarización del empleo, caída salarial y en prestaciones sociales, con elevación fuerte del índice de pobreza, en medio de una catarata de cierre de empresas, ¡y todo sin covid!

 

Fuente: El Eslabón

 

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