Familiares de los jóvenes asesinados en 2017 por la Policía de Santa Fe destacaron que Alejandro Bustos “es imputable”, luego de conocer los estudios psiquiátricos sobre el principal acusado por el hecho. “Exigimos la condena correspondiente”, remarcaron desde la Multisectorial Contra La Violencia Institucional.

Desde los inicios de septiembre se están llevando a cabo las audiencias del Juicio Oral y Público por el asesinato de los jóvenes David Campos y Emanuel Medina, acribillados por la Policía de Santa Fe el 23 de junio de 2017. La clave de la semana que pasó fue el resultado que informaron los peritos sobre el estado de la salud mental del policía Bustos al momento del doble homicidio.

Al respecto, el médico psiquiatra Oscar Pellegrini (delegado técnico de parte) –quien participó como perito de parte de la querella en las entrevistas de las Juntas Especiales– indicó que Bustos, principal acusado de efectuar los disparos mortales a los jóvenes, “no presenta alteraciones morbosas que puedan dar como resultante una alteración de la comprensión (…) que le impidan comprender la criminalidad del hecho que se reprocha, como así de dirigir sus acciones”.

A pesar de que el imputado cuente con antecedentes de atenciones por cuestiones de salud mental, el profesional determinó que “se trata de un caso típico de sobresimulación donde sobre la base de los eventos padecidos en el pasado se prolonga la desmejoría o finge no haberla superado a los fines de obtener beneficios procesales”.

Pellegrini resumió, entonces, que Bustos “no presenta enfermedad sobreviniente que menoscabe su capacidad psico-jurídica”. De las jornadas que se realizaron el pasado miércoles y jueves, también realizaron su declaración testimonial los peritos de la fiscalía, Dras. Premoli y Maurizi, así como los de la Corte provincial, Dres. Elías y Cordero, “quienes manifestaron lo que sostuvimos desde un primer momento: el policía Alejandro Bustos es imputable. Exigimos entonces la condena correspondiente a su accionar delictivo”, indicaron desde la Multisectorial Contra La Violencia Institucional.

“En casos como éste, en los que se investigan graves violaciones a los derechos humanos, el Estado es responsable internacionalmente si no juzga y sanciona adecuadamente a los victimarios. El derecho a la verdad debe primar como garantía de no repetición y a modo de reparación para las familias de las víctimas”, agregaron.

Desde el organismo indicaron en un comunicado que “seguimos exigiendo al Sistema de Justicia Penal y a las y los jueces López Quintana, Chiabrera y Lanzon, que estén a la altura de las circunstancias, se desempeñen de manera responsable evitando una revictimización de los jóvenes muertos y sus familiares en este doloroso proceso”, y agregaron: “Esperamos obtener una condena ejemplar que colabore a reparar el daño que el Estado perpetuó durante todos estos años”.

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