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El Concejo declaró la emergencia del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP), el tema más meneado en la agenda de la ciudad en pandemia después del virus. Razones no faltan, la medida llegó en medio de un nuevo paro de choferes, reclamando por el pago de salario. Con abstenciones y rechazos, la decisión fue precedida por argumentos políticos, ideológicos y fácticos. Lo más cuestionado fue la delegación de herramientas al Ejecutivo para renegociar contratos que en su momento pasaron por el Palacio Vasallo. En la sesión también se aprobó un aumento para taxis y remises. Lo que se dice una movilidad movilizada para el bolsillo de los rosarinos que por supuesto padecen lo mismo que taxistas y choferes.

¿Qué dice la norma aprobada? Que el Ejecutivo Municipal quedará facultado para adoptar las medidas extraordinarias y urgentes que resulten conducentes a superar la situación de emergencia y garantizar la efectiva y regular prestación del servicio. ¿Por cuánto tiempo? Por dos años o si los pasajeros mensuales del Sistema alcanzan el 90 por ciento de los pasajes de octubre 2019. Esta relación es uno de los ejes críticos.

Hasta aquí podría hablarse de consenso entre los ediles, pero la discusión de fondo surge cuando se enumera lo que esta medida representa en la práctica y las dos situaciones comienzan con erre. Rediseño del TUP, a través de la redefinición de líneas, frecuencias, prestaciones necesarias, requerimientos de la flota, recorridos, ramales, paradas, paradores y otras cuestiones operativas ad hoc. Claro que para convertir esto en realidad se impone la segunda erre y es ahí donde el tema se pone áspero.

Se trata de la renegociación de los contratos con las empresas prestatarias del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros y aunque en la letra escrita se aboga por la preservación de la calidad del servicio, el interés de los usuarios y la seguridad del Sistema, el paraguas resulta insuficiente para los ediles que votaron en contra. “La emergencia no puede convertirse en argumento para que los empresarios del sector se lleven puesto el transporte público de la pospandemia”, dijo Eduardo Toniolli, portavoz del bloque Frente de Todos, que integran Norma López y Alejandra Gómez Sanz, y que no votaron la emergencia.

Entre los argumentos, Toniolli dijo que no hay que pasar por alto que a las anémicas arcas del TUP, en 2021, se les inyectará un 460 por ciento más de recursos del Estado provincial, incluyendo el boleto educativo gratuito y un aumento de 278 por ciento en los subsidios que llegan de Nación. El edil considera que estas son señales que hacen abrigar esperanzas en la recuperación, hecho que no habilitaría ceder los poderes al Ejecutivo para la renegociación de contratos sin que pasen por el Concejo, algo que sí ocurrió cuando fueron suscriptos.

La declaración de emergencia se aprobó con 19 votos a favor, los tres en contra del Frente de Todos, y seis abstenciones: del Interbloque Juntos por el Cambio que integran Alejandro Roselló, Carlos Charly Cardozo, Germana Figueroa Casas y Anita Martínez, y de María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular. En la sesión también se aprobó la creación de una comisión que será la encargada de hacer un seguimiento de la emergencia declarada esta semana. Estará integrada por el directorio del Ente de la Movilidad, tres ediles, un representante de las empresas prestatarias Movi, Rosario Bus y El Cacique, y de la Unión Tranviaria Automotor (UTA). También se convocará a participar a la provincia y la Nación.

Las voces

“Esta era la última instancia para sostener el sistema en medio de la pandemia para evitar la estatización del servicio”, dijo el concejal Rodrigo López Molina, del Bloque Cambiemos. Y negó que haya una delegación de poderes al Ejecutivo. “Lo que generamos entonces es un régimen de excepción, porque si no se corren los obstáculos hay un enorme riesgo para las arcas de la Municipalidad”, aseguró. Y dijo que se optó por sostener el sistema aún renegociando contratos.

“Nosotros pretendíamos que esto se vuelva a discutir, de correr la política y entender la situación que está atravesando Rosario, pero no pudimos introducir las modificaciones que nosotros consideramos de fondo”, dijo a su turno Roselló. Y fue por más. Con respecto a la delegación de facultades al Ejecutivo, dijo que “el Concejo queda totalmente desdibujado” y reveló que la propuesta de su bloque era que las acciones generadas en la emergencia se circunscriban al plazo de la misma, algo que no se logró.

“No coincidimos con que la emergencia en el sistema de transporte arrancó a partir de la pandemia. Que impactó, claro que sí, pero fue a nivel mundial. Y me parece importante decir que los efectos arrancaron el primer día en el que comenzó la aplicación del convenio vigente”, ironizó Gigliani, y abundó en detalles sobre el actual convenio generado en 2015, con utopía y ligado a subsidios, para no sólo ver la foto sino toda la película. “Nunca hubo vocación política para que la provincia sostuviera el TUP, y se tuvo que arrebatar la creación del Fondo Compensador a través del impuesto a los sellos”, evocó.

Desde el oficialismo, Verónica Irízar, consideró que las situaciones extraordinarias requieren soluciones de igual carácter por lo que se hace necesario reclamar este tipo de recursos a la provincia. “Si se destinara la mitad de lo que envió la Nación al transporte, la realidad sería muy distinta”, enfatizó.

Para Marina Magnani, de Unidad Ciudadana, no sólo hay que poner el foco en el  pliego sino en las condiciones externas, como las decisiones que en su momento tomó el Ministerio de Energía de la Nación (del anterior gobierno), dolarizando el precio de los combustibles, lo que representó extraordinarias ganancias para las empresas privadas sin correlato en inversión y autonomía energética y la quita de subsidios al TUP”, anotó entre los antecedentes de la actual emergencia.

 

Fuente: El Eslabón

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