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Ansés destinará en diciembre $22 mil millones para la Asignación Universal por Hijo, que beneficiará a 3 millones de niños, niñas y adolescentes. Se estima que serán $12 mil de promedio por grupo familiar.

La directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés), Fernanda Raverta, dispuso, en articulación con los ministerios de Salud y Educación, el cruce de información para generar un sistema inteligente que permita hacer simple la acreditación de las prestaciones.

Esta medida beneficiará a cerca de 3.300.000 niños, niñas y adolescentes y a 2.300.000 familias.

El 29 de octubre, en ocasión del anuncio de la ampliación de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el presidente Alberto Fernández había dicho que la preocupación de su administración es “entender la situación” de las familias vulnerables para ver de qué modo se puede seguir “extendiéndoles la mano que el Estado debe tenderles”.

El ministro de Economía, Martín Guzman, había confirmado días atrás que por el momento no se pagará un nuevo bono extraordinario del Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE), y había planteado que se implementarían diferentes alternativas para acompañar a los sectores que siguen afectados económicamente por la pandemia.

Por su parte, Raverta afirmó en esa oportunidad que “el Estado debe garantizar los derechos, no esperar que los ciudadanos y ciudadanas vengan a buscarlos, sino el Estado ir, resolver y garantizar esos derechos”.

La AUH es un derecho que alcanza a chicas y chicos de hasta 18 años de edad, cuya madre o padre son desocupados, trabajadores no registrados, del servicio doméstico o monotributistas sociales.

El 4 de noviembre, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial los nuevos requisitos para acceder a la AUH y estableció que para percibir el apoyo económico es necesario que “la niña/ niño/ adolescente y/o la persona con discapacidad sea argentino o argentina nativo o nativa, naturalizado o naturalizada o por opción”.

Cuando se trate de una “persona con discapacidad y sus progenitores o las personas que los tengan a cargo sean extranjeros o extranjeras, deberán acreditar, tanto la persona con discapacidad como él o la titular que percibirá la asignación, dos años de residencia legal en el país”, indicó el texto oficial.

En el nuevo reglamento vigente se solicita que hasta los 4 años de edad –inclusive–, deberá acreditarse el cumplimiento de los controles sanitarios y del plan de vacunación obligatorio.

Mientras que desde los 5 años de edad y hasta los 18 años, deberá acreditarse además la concurrencia de las niñas, los niños y adolescentes obligatoriamente a establecimientos educativos públicos.

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