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“El fuego va a dejar de ser un negocio”, resaltó Leonardo Grosso, presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara baja, que este miércoles aprobó el proyecto que busca evitar prácticas especulativas en terrenos alcanzados por el fuego. El macrismo votó en contra.

La Cámara de Diputados aprobó y giró en revisión al Senado el proyecto de ley que protege los ecosistemas de los incendios accidentales o intencionales y prohíbe la venta de terrenos incendiados en plazos que van de 30 a 60 años, para evitar prácticas especulativas y emprendimientos inmobiliarios.

El diputado nacional del Frente de Todos, Leonardo Grosso, presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara baja, aseguró que con esta iniciativa –impulsada por su compañero de bloque Máximo Kirchner– “el fuego va a dejar de ser un negocio”, y consideró que “es incompatible ser medioambientalista y neoliberal: ser de Cambiemos y medioambientalista”.

En este sentido, Grosso rechazó los cuestionamientos de la oposición y dijo que “lo único que vinieron a proponer fue un proyecto para dar más recursos al sistema para apagar el fuego”. Y con ese argumento, se preguntó si esa actitud no es para “legislar sobre las cenizas”.

La iniciativa fue aprobada con el respaldo de 132 votos aportados por el Frente de Todos, los interbloques Federal y de Unidad Federal para el Desarrollo, y la izquierda, mientras que Juntos por el Cambio, el Movimiento Popular Neuquino y el Partido Social reunieron 96 sufragios por la negativa, y hubo 4 abstenciones.

Se apaga la especulación

El proyecto reforma la Ley 26.815 del Manejo del Fuego y establece que “no se podrá cambiar el uso de esas zonas para emprendimientos inmobiliarios o cualquier actividad agrícola que sea distinta al empleo y destino que la superficie tuviera como habitual al momento del incendio”.

El texto remarca que ese uso no podrá ser modificado por el término de 60 años para que “los bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales” tengan garantizadas las “condiciones para la restauración de las superficies incendiadas”.

En esos plazos “no se podrán realizar en los bosques naturales o implantados la división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento y venta, de tierras particulares”.

En el caso de que se trate de una zona agrícola, se impone una limitación de 30 años. Y tampoco se podrá “hacer cualquier actividad agrícola que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera al momento del incendio”.

Para Grosso, JxC “defiende el negocio inmobiliario

El diputado nacional se cruzó con la oposición macrista que rechazó el proyecto, al acusarlos de estar “defendiendo otros intereses y no lo quieren decir: defienden el negocio inmobiliario, defienden el negocio agropecuario”, y consideró que “es incompatible ser medioambientalista y neoliberal, ser de Cambiemos y medioambientalista”.

“Aunque el secretario de medio Ambiente (en referencia al ex funcionario de Cambiemos, el rabino Sergio Bergman) se vista de árbol: aunque la mona se vista de seda, mona queda”, ironizó Grosso, lo que fue respondido con reproches a viva voz en el recinto por parte de algunos miembros del interbloque de Juntos por el Cambio.

Asimismo, el legislador oficialista señaló que “la justicia ambiental es justicia social: son incompatibles los proyectos neoliberales con el ambientalismo”, y se pronunció a favor de “atar el ambiente a los sectores populares”.

Foto: Prensa Diputados

“Vinimos a hacernos cargo del desastre económico que dejaron ellos en 4 años. Nos vamos a hacer cargo de la militancia juvenil de la agenda ecológica en el Día de la Militancia. El fuego va a dejar de ser un negocio”, enfatizó Grosso.

“Hablan de los pobladores y los campesinos pero es un mecanismo inconsciente: si hay alguien que le complica la vida a los pequeños productores son los incendios”, aclaró el diputado nacional al cerrar el debate de la iniciativa.

Tras recordar que se trata de un proyecto que firmaron 85 diputados, de 6 bloques de la Cámara baja, Grosso sostuvo que la iniciativa “tiene un problema para Juntos por el Cambio y es el autor: que lleve a Máximo Kirchner como autor, les molesta el apellido y a nosotros nos da orgullo”.

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