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La filósofa e investigadora Diana Maffia se encarga de definir al feminismo bajo tres principios: uno descriptivo, otro prescriptivo y otro práctico. Nos detendremos sobre el primero. El descriptivo, señala Maffia, “es un principio que se puede probar estadísticamente y que dice que en todas las sociedades las mujeres están peor que los varones”.

Si el feminismo puede definirse a partir de trazar una relación con la estadística, aquí van los números: según el Observatorio Ahora que sí nos ven, en lo que va del año ya se cometieron 255 femicidios. De estas 255, 44 víctimas habían realizado denuncias previas y 16 tenían medidas judiciales. Entre los más mediatizados, se encuentra el caso de Paola Tacacho, una mujer asesinada en Tucumán que había realizado 13 denuncias contra su agresor, Mauricio Parada Parejas. También el femicidio de Carolina Rivero, en San Antonio oeste, asesinada por Elvio Néstor Pazos. Carolina había denunciado 12 veces a Pazos.

La violencia machista es la amenaza durable que cualquier mujer o identidad disidente vive si se sale de la norma. Es el mecanismo estructural que permite sostener un complejo sistema de dominación patriarcal, desigual y opresor. Es la herramienta que hace que, a partir de distintas formas, los varones sigan apropiándose de nuestras vidas. La violencia machista se hace más visible en los femicidios y los golpes pero se encuentra diseminada de muchas otras formas que hacen a la subordinación de las mujeres.

Ante esto, cabe preguntarse: ¿Puede el Estado dar una respuesta a la violencia de género? ¿Qué tipo de respuestas necesitan las mujeres? ¿Cómo estar a la altura de un problema tan espinoso? ¿Cómo prevenir, contener y reparar situaciones de violencia? ¿De qué manera proteger a las víctimas? ¿Cuáles son los métodos más adecuados? ¿Cómo evitar estos desenlaces? ¿Qué piden las feministas, entonces?

Según redacta Noelia Figueroa, politóloga y miembro de Mala Junta, en su texto Del grito contra los femicidios al diagnóstico de la sociedad patriarcal, en Argentina es necesario trabajar y profundizar la ley 26.485 de protección integral de las mujeres. Al respecto, Figueroa explica la profundidad del término “protección integral”: “Significa que el Estado debe combatir la desigualdad económica, la falta de oportunidades de empleo, el trabajo no remunerado del cuidado, visibilizar la discriminacion en todos los ámbitos”. Y suma: “Construir miradas y abordajes integrales significa abocarnos a la prevención como forma de sensibilización para combatir sentidos comunes y prejuicios. Quiere decir que cada club de barrio, cada centro vecinal,cada centro de salud, tenga sus dispositivos de detección, diagnóstico, atención de las violencias. También implica mejorar las herramientas actuales con las que contamos en cada espacio social para prevenir y erradicar la violencia machista”.

“Significa que no tengamos que estar constantemente alertas para que no nos violen, no nos peguen o no nos maten, solo por ser mujeres. Que no dependa de nosotras sobrevivir, sino que el mundo entero cambie para que podamos estar vivas y además libres”, finaliza.

Y en la pandemia, ¿qué?

La instalación del Covid-19 vino a agravar la situación del colectivo. Para las mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries el “quedate en casa” se tradujo a pasar días encerrada en un paraje peligroso: el propio hogar; encerrada con el victimario más probable: la propia pareja. Como explica Maffia en su artículo Violencia de Género: ¿ La otra pandemia?, “la violencia estructural del Estado la confina (a la mujer) al peor lugar de riesgo. Y a ellas les pedimos, además, que protejan a su familia, que mantengan desinfectada la casa, que aseguren la higiene, que acompañen en la escolaridad a sus hijos e hijas”.  Así, entre el 20 de marzo y el 28 de mayo, período en el que se extendió el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), ocurrieron 57 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, según indicaron desde el Observatorio de la Casa del Encuentro. Del total, el 71 por ciento fueron asesinadas en sus hogares y en el 64 por ciento de los casos los asesinos fueron su pareja o expareja.

Conforme a lo que explica Nazarena Galanti, miembro de la Campaña Nacional por la Emergencia en Violencia Contra las Mujeres, “la cantidad de femicidos no aumentó nominalmente en relacion al año pasado pero sí en comparación con otros delitos, dado que durante la cuarentena todos bajaron, mientras que este no”. Además, según la militante, “durante la cuarentena se vieron aumentadas en un 40 por ciento las llamadas a las líneas de atención y asesoramiento como el 144 y el Teléfono Verde”.

En ese sentido, Galanti insistió en remarcar que la situación de las mujeres hoy es de “emergencia” en tanto “no solo hay un femicidio cada 27 horas sino que tambien hay un abuso sexual cada 6 horas”.

Por su parte, Majo Poncino, del Movimiento Evita, explicó: “En el marco de la pandemia, los feminismos y los transfeminismos hemos ido realizando y construyendo redes y herramientas para justamente prevenir la violencia machista. Asimismo, en este marco de pandemia se ha visibilizado y profundizado aún más la desigualdad social que transitamos cotidianamente las mujeres, las lesbianas, las travestis, las trans por la propia crisis sanitaria, y porque los métodos de cuidado que tenían que ver con permanecer en las casas ponían en evidencia los riesgos y las inseguridades de convivir con los agresores”.

Según Poncino, desde el inicio de la cuarentena, en la ciudad de Rosario se organizó un Comité feminista por la emergencia sanitaria, creado “en pos de visibilizar las demandas y las dificultades que nos encontrábamos en los territorios en los que las organizaciones feministas nos encontramos tejiendo redes para poder paliar las necesidades y las dificultades de nuestras compañeras en los territorios”.

De cara al 25N, la organización se encuentra debatiendo los temas de mayor significación dentro del colectivo. Majo adelantó algunos puntos: “En el marco de qué acciones vamos a realizar para este 25N, una de las discusiones tiene que ver con lo habitacional. La crisis habitacional que tenemos históricamente pone en discusión los accesos de las mujeres, de las lesbianas, de las travestis y las trans a la tierra, a la vivienda. Ese es un emergente que nos preocupa y nos ocupa desde hace mucho tiempo pero que hoy, en función de la coyuntura, visibiliza la necesidad de poder pensar en herramientas, en políticas públicas con perspectiva, donde el acceso a la tierra sea un derecho para todas y todos”.

Otro punto es la jerarquización de los cuidados: “Es fundamental poder pensar cómo impactó la pandemia en las tareas de cuidado donde culturalmente han sido establecidas para las mujeres, y si bien estos últimos años avanzamos en ir transformando esa responsabilidad en corresponsabilidad, durante el ASPO se ha profundizado esa desigualdad”, remarca Poncino.

Los 25N se presentan año a año como una nueva oportunidad para reflexionar sobre lo inconcebible que es para una mujer construir simplemente una vida más o menos resguardada y amparada de la violencia de género: esto es un largo proceso que puede costar toda la vida, o costarnos la vida. Y que, por más empeño que se le ponga, puede desaparecer en segundos en tanto no exista un Estado que nos proteja y en tanto las mujeres nos encontremos inermes y desprovistas de herramientas políticas donde radicar nuestras dudas, nuestros miedos y nuestras necesidades.

Feminizar el Estado

La aplicación de la perspectiva de género en el ámbito estatal no tiene que ver únicamente con ocuparse de las mujeres como víctimas. Tampoco con poner al femicidio como problema exclusivo. Ese es un nudo central, pero no el único en el que debamos trabajar para desmantelar la instalada sociedad patriarcal.

Para comenzar, es importante pensar en las desigualdades en el acceso al trabajo, a la educación, a la salud, pero también a los espacios reconocidos de la vida pública. Al respecto, las políticas relacionadas a la feminización del Estado, empezando, por ejemplo, con la consagración del flamante Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, han implicado un avance. El proyecto de despatriarcalizar la administración prosperó también efectivamente con la consagración y aplicación de la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. La iniciativa es ambiciosa: se trata de no apostar únicamente a la inclusión de mujeres en el terreno político. Se sabe que con eso no alcanza, que la representación paritaria no es la única tarea, pero que a la vez se presenta como una oportunidad para que las mujeres pongan su experiencia en el centro de la escena y cuenten su historia a partir de representarse ellas mismas, sin hombres mediante ni voces roncas que se encarguen de hacerlo.

Sin embargo, nuevamente se vuelve necesario volver a los datos: según un informe desarrollado por el Observatorio de Políticas de Género de la Sindicatura General de la Nación, si bien “existe una paridad de género en los puestos de trabajo en la Administración Pública, a medida que se asciende en la escala jerárquica (posiciones de toma de decisión) se percibe un freno”. A partir de los gráficos publicados en julio del 2020, la distribución de cargos de ministerios está ocupada en un 81 por ciento por hombres, mientras que el 19 por ciento son cargos distribuidos entre mujeres. En cuanto a la distribución por género y por jurisdicción, los rangos donde la brecha es más amplia son: Agricultura, Ganadería y Pesca (79 por ciento), Obras Públicas (88 por ciento), RR.EE, Comercio Exterior y Culto (79 por ciento), Salud (79 por ciento), Trabajo, Empleo y Seguridad Social (100 por ciento) y Transporte (100 por ciento). En cuanto a las secretarías, el 63 por ciento está ocupado por hombres. En las subsecretarías, estos continúan teniendo ventaja manteniendo el 61 por ciento de los cargos.

Los datos estadísticos demuestran la existencia del conocido “techo de cristal” en el terreno político, y aunque sabemos que la presencia de mujeres en los cargos no hace en todos los casos a la perspectiva de género, sí hace a la producción de justicia epistémica, esto es, a la conformación y construcción de una cultura política que represente a las mujeres y a las identidades diversas. Hace también a la visibilización y codea y alienta a que otras mujeres y niñas puedan imaginarse haciendo política y, en la medida de lo posible, haciendo política feminista.

Pensar el autocuidado

El pasado lunes, Rosario apareció en una gran cantidad de portales webs y canales de televisión debido a la denuncia viral de una mujer que huyó atemorizada de un taxi porque pensó que la iban a secuestrar, después de oír hablar al conductor por teléfono para pedir comida y suponer que eran mensajes en código sobre ella. Luego de la alta repercusión que tuvieron los videos que la joven publicó en su cuenta de Instagram, el taxista se presentó en el Centro de Justicia Penal con su teléfono y además puso a disposición los datos del GPS del coche para acreditar que había ido a una rotisería.

Posteriormente, las críticas a la práctica del escrache implosionaron en las redes sociales. Al respecto, El Eslabón se comunicó con Mariel Zanuccoli, miembro de la agrupación Mala Junta, para conversar respecto a la lógica del fenómeno. Para Mariel, al hablar de este tema es fundamental aclarar que “no nos juzgamos a nosotras mismas en las formas que encontramos de expresar lo que nos pasa, porque está claro que no funcionan otra cosas que nos cuiden más previamente”, pero evalúa que, en la práctica analizada, “hay un alto nivel de exposición”.

Mariel coloca como ejemplo el caso de Thelma Fardín, con su denuncia al actor Juan Darthés: “Hay escraches que son más colectivos y más cuidados, que quizás podríamos llamarlos denuncias públicas, como el caso de Thelma. Todas las personas que hacen ese tipo de acciones, del relato en primera persona por diferentes medios de publicación, tienen esa red de contención y un colectivo atrás”. Y agrega: “Esto significa que pueden estar en condiciones de soportar subjetivamente”.

En ese sentido, Zanuccoli explica que “la decisión y cómo estás subjetivamente para aguantar el rebote de esa exposición es fundamental, porque en algún momento volvés a tu casa, en algún momento vas a estar sola por la calle. En el largo plazo muchas veces lo que sucede es que después terminás con más miedo. Hacemos las cosas para sentirnos más fuertes y más libres y en ese sentido tenemos que pensar estratégicamente nuestras acciones”.

Los escraches muchas veces pueden volverse un arma de doble filo para las propias víctimas. Como explica Noelia Figueroa en su texto No nos callamos más, el giro denunciante y las limitaciones del punitivismo, “las redes sociales no son espacios hechos para contener y reparar tampoco: por el contrario, lo que prima muchas veces es el morbo, la desmentida o los ataques”. También Mariel aborda este punto en la llamada: “Llegó un momento en que los escraches se habían hecho masivos y realmente se estaban imponiendo como una forma que nosotras veíamos que dinamitaba mucho nuestras propias bases, y teníamos una frase que era «publicidad no es comunidad»: que te pongan me gusta o que compartan una publicación no hace a que te banquen en tu estrategia”.

Así, pensar los autocuidados feministas es una reflexión necesaria que debe darse dentro del movimiento, buscando también la forma en la que cada movida de escraches pueda “ser acompañada, evaluada y pensada colectivamente”, sugiere Figueroa. Se trata -nuevamente y ante la ausencia de políticas de contención por parte del Estado- de crear redes entre nosotras, de generar autocuidados feministas, sí, pero también colectivos.

 

Fuente: El Eslabón

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