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La edil Norma López presentó este miércoles tres iniciativas con el eje puesto en las mujeres y el colectivo LGTBIQ+, que apuntan al derecho a la vivienda, a una reparación con nombramiento en el municipio y una ampliación del Teléfono Verde.

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra la No Violencia hacia las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre, la concejala justicialista presentó una batería de proyectos, que buscan resolver parte de las problemáticas que atraviesan las mujeres y el colectivo LGTBIQ+.

La primera propuesta se trata del Programa de Acceso a Viviendas para Mujeres en Situación de Violencia de Género, Trata de Personas, Personas del colectivo LGTBIQ+ y Familiares Victimas de Femicidios y Feminicidios. Y tiene como objetivo diseñar acciones dirigidas al abordaje de la problemática del acceso a la vivienda para la inclusión urbana de sectores más vulnerables.

“El derecho a la vivienda es un elemento esencial para garantizar una vida libre de violencia doméstica que completaría la Asignación Económica para Mujeres Víctimas de Violencia de Género aprobada en 2018 y el programa nacional Acompañar”, resaltó la legisladora local, y agregó: “Esta propuesta permitirá detener el círculo de la violencia a la que están sometidas las mujeres, ya que las mismas no abandonan a su agresor por la falta de condiciones económicas para vivir sin él”.

La presidenta de bloque del Frente de Todos-PJ indicó que con esa iniciativa “apuntamos a terrenos e inmuebles municipales para acceder a alquileres, comodatos y propiedad definitiva que serán analizadas en relación a la situación personal y familiar de las personas en situación de violencia de género. Sumamos inmuebles que sean provinciales y nacionales para la misma finalidad, con previa gestión ante los organismos que corresponda”.

Por otra parte, la concejala planteó la modificación de la Ordenanza 3574/1984 sobre el Estatuto y Escalafón para el personal de la Municipalidad, con el fin de garantizar que en caso de cesantía o exoneración de un trabajador municipal por causas vinculadas a la violencia de género, su cónyuge o conviviente, o la persona que acredite dependencia económica de aquel, tendrá derecho a ser nombrada –sin prueba de selección–, en un cargo vacante de la categoría inferior de la rama correspondiente a la especialidad y condiciones que poseía el agente cesanteado o exonerado.

Al respecto, la concejala peronista aseguró que “la incorporación de una reparación hacia las personas en situación de violencia nos permitirá avanzar en la construcción de una sociedad más justa, permitiendo el acceso al trabajo a quien acredite el sometimiento violento del agresor, facilitando de ese modo, la autonomía financiera”.

Por último, la también secretaria de la Mujer del PJ Santa Fe propuso modificar la Ordenanza de Teléfono Verde incorporando a la recepción, atención, asesoramiento y seguimiento de situaciones de violencia o maltrato familiar, las situaciones que sufren las personas integrantes del colectivo de la diversidad en la totalidad de las violencias especificadas en la Ley 26485.

“Es necesario –indicó López– que los equipos interdisciplinarios a cargo de la atención telefónica y que intervienen en las urgencias y el seguimiento de casos, cuenten con la experiencia y conocimientos adecuados para una correcta toma de decisiones en los abordajes. Instamos a la capacitación continua de las/los trabajadores del Verde para el acompañamiento de las múltiples violencias que sufren mujeres y personas del LGBTIQ+”.

Además, las secretarías de Desarrollo Humano y Hábitat y de Género y Derechos Humanos, deberán presentar un informe semestral ante la Comisión de Feminismos y Disidencias del Concejo Municipal de Rosario, detallando la labor del dispositivo Teléfono Verde, según se detalla en la norma.

De acuerdo a los datos relevados por el Equipo de Género de la concejala y la Corriente-Mujeres, en 328 días del año 2020 se registraron 272 femicidios en Argentina, de los cuales 38 sucedieron en Santa Fe. Esto marca que 238 niños y niñas quedaron sin mamá –aplicable La Ley Brisa– de los cuales 30 son de Santa Fe.

“La pandemia oculta la ferocidad de las violencias: bajo el amparo de los hogares, los agresores hicieron de los cuerpos de nuestras mujeres, niños, niñas y adolescentes su propiedad privada. Aún no sabemos las consecuencias de estas violencias, cuantos abusos, delitos sexuales y cuántos embarazos no deseados tendremos que acompañar y reparar en la pos pandemia. En este momento de virtualidad, las redes entre mujeres y el Estado, pueden ser un puente de vida”, cerró la edil del peronismo.

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