Docentes

Este jueves, a las 10, los “Colectivos de trabajadores de la educación destitularizados y en riesgo” se movilizarán desde la Eempa 1330, Buenos Aires 975 hasta la sede de Gobernación (frente a Plaza San Martín) donde cerrarán a las 12 con un acto. La marcha se replicará también en la ciudad de Santa Fe. La movida se organiza para rechazar las resoluciones del Ministerio de Educación de Santa Fe que declaran la nulidad de un conjunto de titularizaciones realizadas con acuerdo paritario durante 2019.

Ante la decisión de Educación, estos Colectivos de docentes vienen realizando una serie de acciones para rechazar la medida. Están integrados por “docentes, trabajadoras y trabajadores de la educación precarizados pertenecientes a los equipos de Formación Profesional, Capacitación Laboral, Equipos Territoriales con Eje en la Convivencia, Eempa N° 1.330 y Red de Coros y Orquestas”.

A través de un comunicado de prensa precisan las acciones que vienen llevando adelante para hacer visible el reclamo y lograr revertir la decisión oficial.

Una de esas acciones clave es la presentación de un amparo colectivo en la Justicia a través de Amasafé, “para hacer expreso el pedido de una medida cautelar innovativa a los fines de dejar sin efecto las resoluciones 731/20, 732/20 y 733/20 que anularon las titularizaciones efectuadas en un marco de legalidad”.

También la movilización y marcha de los colectivos y organizaciones adherentes, organizada para este jueves 3 de diciembre en Rosario y Santa Fe.

Y la solicitud de una mesa de diálogo urgente con el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe.

“Desde estos colectivos de docentes, trabajadoras y trabajadores de la Educación continuamos realizando acciones para defender las titularizaciones que, como parte de acuerdos paritarios entre la representación gremial de Amsafé y el gobierno provincial, son un derecho conquistado tras años de histórica lucha colectiva, los cuales no pueden ser avasallados poniendo en riesgo la estabilidad laboral y perjudicando a la comunidad educativa. Los procedimientos administrativos aducidos como excusa no son parte de nuestra tarea docente”, señalan desde el Colectivo.

También en el comunicado piden que “cese la persecución de la que somos objeto por parte de las autoridades del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe”, además de advertir que “sus acciones vulneran el derecho a la estabilidad laboral de las, les y los trabajadores poniendo en riesgo también las garantías y derechos del estudiantado”.

“Es alarmante, desprolijo y doloroso que a un año de haber titularizado, y en el marco de una crisis sanitaria, educativa y económica, tantas personas estemos con la incertidumbre de perder nuestros puestos de trabajo, concursados con el respaldo paritario que corresponde”, denuncian. Y también señalan que “es inquietante no tener respuesta alguna. Miles de estudiantes han perdido el vínculo con sus escuelas, y es allí donde más se necesitan los equipos territoriales y la presencia de estos programas. Cada espacio fue pensado y construido para saldar una deuda que el Estado tenía a la hora de garantizar derechos a toda la sociedad. Hoy esos espacios se vuelven fundamentales”.

Los Colectivos manifiestan la necesidad de que “el gobierno actual habilite el diálogo, que reconozca y valore a sus actores, quienes, con sus recursos y esfuerzos, sostienen la educación en cada territorio aún en situaciones críticas como las que estamos atravesando”.

Aseguran que la decisión tomada por el Ministerio de Educación respecto de estas titularizaciones está lejos de las promesas de campaña de sostener y respetar los acuerdos paritarios. “Y más lejos queda aún, -expresan- el compromiso de apoyar las tan históricas luchas docentes que alcanzaron las ‘titularizaciones’ que ‘vinieron para quedarse. Este presente se acerca más a un proceso de ajuste, a la pérdida de empleos y derechos; como vivimos en los años neoliberales de la década del ´90´”.

Alertan así que rechazan y repudian enérgicamente cualquier intento de desestabilizar los puestos de trabajo y que afecte la integridad como trabajadores y trabajadoras.

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