El ex general director de Carabineros, Mario Rozas, declaró durante tres horas ante la Justicia de su país por las atrocidades cometidas por esa fuerza, tristemente célebre por cumplir históricamente el papel de asesinos del pueblo chileno. El acusado enfrenta 36 querellas por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la protesta social de 2019, cuando el pueblo salió a la calle y forzó al gobierno de Sebastián Piñera (también imputado) a comenzar un proceso de reforma constitucional con el fin de terminar con la Constitución pinochetista que todavía rige en Chile.
Tras la declaración de Rozas se reanudaron este martes 1 de diciembre las masivas movilizaciones populares que vienen exigiendo la renuncia del mandatario. Y allí estuvieron los Carabineros reprimiendo con la ferocidad de siempre.
Rozas presentó su renuncia ante Piñera el 19 de noviembre de 2020, tras el escándalo que generó el ataque a balazos a niños de un hogar dependiente del Servicio Nacional de Menores (Sename), un organismo gubernamental centralizado, colaborador del sistema judicial y dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que se encarga de la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, y de los jóvenes entre 14 y 17 años que han infringido la ley. Los Carabineros dispararon sus armas reglamentarias y resultaron heridos de bala dos menores de edad.
Minutos después de la renuncia, se desarrolló una protesta frente a la sede de la dirección de Carabineros, a pocos metros del Palacio presidencial de La Moneda, en el centro de Santiago, con consignas como «disolución de Carabineros ya».
Este hecho, que ocurrió en Talcahuano (a 500 kilómetros de Santiago), se suma a la feroz represión que sufrieron las chilenas y los chilenos que el año pasado participaron de las protestas. En esa oportunidad, los Carabineros dispararon directo a los rostros de las personas. Se calcula que más de 350 perdieron por lo menos uno de sus ojos o sufrieron graves lesiones.
Según informó el sitio de noticias chileno Bio Bio en un informe firmado por Emilio Lara, las querellas contra Rozas apuntan a establecer el nivel de conocimiento de las actuaciones policiales que tenían los altos mandos y si hubo o no acciones para exculpar de responsabilidades a los autores.
Rozas había asumido el 22 de diciembre de 2018 el cargo de director general, en sustitución de Hermes Soto, luego de la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca, el 14 de noviembre de ese año en la región de La Araucanía.
La última acción judicial en su contra fue presentada en octubre luego de la declaración del carabinero Sebastián Zamora, acusado de empujar a un adolescente al río Mapocho desde el Puente Pío Nono, informó el sitio de noticias de Chile Bio Bio.
Esa querella contra Rozas invocó el delito de homicidio frustrado, pero en calidad de cómplice o encubridor. En este proceso judicial también se ven involucrados Piñera junto a Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, ambos ex ministros del Interior.
La situación de los presos
Una delegación de diputadas y diputados de oposición visitó a las personas que quedaron recluidas en la cárcel de máxima seguridad por haber ejercido el derecho a la protesta. Las legisladoras y los legisladores fueron al penal a constatar las condiciones en las que se encuentran, pedir el fin de las medidas de aislamiento y anunciar la presentación de un proyecto de indulto general para las y los detenidos, informó el sitio de noticias chileno El Desconcierto.
Camila Vallejo, Gael Yeomans, Maite Orsini, Claudia Mix, Boris Barrera, Amaro Labra, Tomás Hirsch y Gonzalo Winter se reunieron con Jeremy Ramírez y Omar Jerez, quienes se encuentran en condición extrema de castigo, sin tener contacto con otros prisioneros, lo que constituiría una violación de Derechos Humanos, añadió El Desconcierto.
Según indicó este medio, desde marzo los presos tienen prohibidas las visitas, por lo que el viernes 27 de noviembre, en distintas ciudades del país, los familiares comenzaron un ayuno exigiendo que se termine con esta medida. La acción de los familiares se extenderá hasta el 10 de diciembre con una gran jornada nacional de protesta.
El diputado Barrera señaló que la libertad de los detenidos es “justa y necesaria” y destacó que las visitas fueron suspendidas desde marzo con el argumento de la pandemia. “Sin embargo, vemos los metros, las micros, los malls colapsados de gente sin ninguna medida de seguridad y acá como una medida política de este gobierno, de castigo, los tienen sin visita”, agregó el legislador.
“Espero que el gobierno se haga cargo de esta demanda. Que se reanuden las visitas y se conceda la libertad de todos los presos y presas políticas de la revuelta que son los que han permitido por medio de la justa protesta del pueblo, que estemos pensando en cambiar este modelo económico neoliberal a través de una nueva Constitución”, planteó el diputado.
Por su parte, la vocera de los Presos Políticos de La Granja, María Marchant, denunció que “el Estado chileno tiene secuestrado a nuestros jóvenes por tener un pensamiento distinto, por no conformarnos en hacer vida social en un consultorio. Nosotros le exigimos al país y a los diputados que nos apoyen en el proyecto de ley que se está redactando junto a los familiares para la libertad absoluta de nuestros presos”.
En tanto, la diputada Mix expresó que “hemos tenido varias reuniones con Gendarmería, donde hemos planteado la necesidad de revisar las medidas cautelares, cuestión que en nuestro país se ha transformado en un hábito desde la dictadura. Vamos a impulsar con fuerza esta iniciativa que permita terminar con este arresto, con esta condición injusta que viven hoy día más de 500 luchadores sociales en las distintas cárceles del país”.
El diputado Winter precisó que “el gobierno de Sebastián Piñera está utilizando la prisión preventiva y la Ley de seguridad interior del Estado como herramienta de control y castigo político a sus adversarios y a quienes piensan distinto. Esto es completamente inaceptable en un Estado de derecho. Por eso hoy nos hacemos parte y apoyamos una ley de indulto”.
En declaraciones a El Desconcierto, la diputada Orsini dijo que “desde hace unas semanas estamos trabajando con familiares de personas que se encuentran injustamente en prisión a propósito de hechos ocurridos en el marco del estallido social. Hemos aportado en el trabajo técnico para avanzar en su liberación, así como hoy vinimos a visitarlos para conocer su estado y decirles que no están solos, que no los dejaremos solos y que exigiremos justicia”.
Los y las diputadas de oposición, junto al senador Juan Ignacio Latorre y el equipo de Alejandro Navarro, participan en una mesa técnica con los familiares de los presos y las presas del estallido social para elaborar un proyecto de ley de indulto general.
Fuente: El Eslabón
