Pese a la firma de los acuerdos de paz de 2016, destinados a poner fin a más de cinco décadas de conflictos, las masacres de ex guerrilleros firmantes del acuerdo producidas por fuerzas paramilitares continúan. En lo que va de 2020, ya fueron asesinados 244 ex miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El tratado fue desde un principio atacado por el ex presidente Álvaro Uribe, que desde agosto de 2020 cumple prisión domiciliaria por fraude, soborno y compra de testigos. La Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria a Uribe, porque habría evidencias de que el ex presidente intentó convencer a testigos para que se retractaran de las afirmaciones en contra de él y en las que lo involucraban con grupos paramilitares.
El actual presidente, Iván Duque, delfín del procesado ex mandatario, es un fiel continuador de las políticas de su mentor. Siempre rechazó e intentó impedir los acuerdos de paz. Y durante su mandato, las masacres no frenan.
“Amanecemos con la terrible noticia de otro compañero asesinado, Anuar Vargas (Naver David López), en el municipio de Maicao, La Guajira”, se informó desde la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), partido que formaron los ex guerrilleros tras los acuerdos.
“Anuar hacía parte del proyecto de vivienda en Pondores, y deja una hija con problemas de salud en estos momentos. Con él, son 244”, agregó el partido.
“Al estado crítico y precario al que ha llevado el gobierno del presidente Iván Duque la implementación de lo pactado en La Habana, se le agrega su demostrada incapacidad de garantizar la vida de quienes –de buena fe y confiando en el cumplimiento del Estado colombiano– firmamos el Acuerdo de paz”, manifestaron con relación a los pactos de 2016.
“Los hechos indican que si no se toman medidas urgentes y ejecutan acciones inmediatas para enfrentar de manera decidida la persistencia de la violencia política, se estará frente al opacamiento definitivo de la esperanza transformadora que generó la firma del Acuerdo de paz hace cuatro años. Y en ello, le cabe una responsabilidad mayúscula al Gobierno Nacional”, agregaron desde el partido Farc, en declaraciones al diario colombiano El Tiempo.
“Nuestro grito desde la Colombia herida y sangrante es por la vida. Basta ya de promesas, de anuncios de compromisos, de proliferación de cifras con las que se pretende mostrar una ficción”, agregaron.
“Si en verdad este gobierno no quiere cargar con la responsabilidad histórica de haber hecho trizas el Acuerdo de paz, es hora de que retome la senda trazada por el Acuerdo Final, que no es otra que la de implementación integral y la puesta en marcha del sistema de garantías de seguridad en él dispuesto, así como de la búsqueda de la paz completa”, señalaron.
“Ese es el único camino posible para pasar en forma definitiva la página de la violencia en nuestro país”, agregaron.
La memoria histórica y la barbarie
El Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia dio a conocer un informe que da cuenta de las cifras de la violencia que viene sufriendo ese país desde 1958 hasta octubre de este año
Según el informe reproducido por el diario El Tiempo, campesinos, comerciantes, niños, guerrilleros, hombres, mujeres, niñas y niños fueron y siguen siendo víctimas de la barbarie.
De acuerdo con la entidad, entre 1958 y octubre de este año se presentaron 357.108 hechos violentos, que han dejado 416.808 víctimas directas, de las cuales 265.505 murieron.
La modalidad violenta que más víctimas ha dejado ha sido el asesinato selectivo. 179.551 personas murieron bajo esta forma, lo que corresponde al 42,94 por ciento de los actos de violencia cometidos en el marco del conflicto.
Según el informe, la siguiente modalidad de violencia que más se ha utilizado es la desaparición forzada, modalidad de la cual se han presentado 67.850 actos, lo que representa el 19,2 por ciento del total de hechos de violencia. Por esta circunstancia, han quedado 80.599 víctimas. De las 80.599 víctimas de desaparición forzada, 8.248 aparecieron muertas, 1.793 aparecieron vivas, de 58.951 no se tiene mayor información sobre su desaparición y 11.607 siguen desaparecidas, pero se tienen indicios de su suerte.
“Los datos y cifras del conflicto aportan a la memoria, al esclarecimiento de la verdad, a la reparación de las víctimas y a la no repetición de los hechos de la guerra”, señalaron desde el Centro Nacional de Memoria Histórica.
El documento señala asimismo que la violencia sexual en el marco del conflicto armado ha dejado 15.757 víctimas entre 1958 y 2020.
Los más afectados fueron los campesinos, que representan el 15 por ciento de las víctimas por el conflicto: unas 27.334.
El listado lo siguen los guerrilleros, que representan el 14,1 por ciento del universo de víctimas, es decir, 25.731.
“El asesinato selectivo ha dejado 179.551 víctimas entre 1958 y 2020”, señala la investigación, que también contabiliza la creciente cantidad de masacres.
Las cifras muestran que en 2020 se produjo un aumento de las matanzas. En 2017 hubo 43 víctimas por esta modalidad violenta, en 2018 fueron 42, en 2019 hubo una disminución, con 23, y en lo corrido de este año ha habido 64 víctimas, de las cuales el 27,2 por ciento son de Antioquia, el 18 por ciento de Nariño y el 18 por ciento de Norte de Santander. El 68 por ciento han sido campesinos.
Por otra parte, en el caso de los asesinatos selectivos, en 2018 hubo 490 víctimas, de las cuales el 14,7 por ciento se encuentran en Antioquia; en 2019 hubo 356 víctimas, y el 20 por ciento se encuentra en el departamento de Cauca. En lo corrido de este año ha habido 480 víctimas, de las cuales el 20 por ciento están en Santander.
Asesinatos sistemáticos
Según informó el sitio colombiano Vanguardia, el director de investigación y acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Giovanni Álvarez Santoyo, aseguró que cada cinco días es asesinado un excombatiente de las Farc y esto, además de demostrar una alta frecuencia, también revela una concentración geográfica, pues los homicidios ocurren apenas en el 17 por ciento de los municipios del país.
Las declaraciones de Álvarez Santoyo se dieron en el marco de la audiencia nacional en la que al menos nueve integrantes del gobierno deberán dar cuentas de las acciones preventivas que se comprometieron a realizar para evitar el homicidio de ex combatientes desmovilizados a partir del Acuerdo firmado con esa guerrilla hace cuatro años.
El director, utilizando la información disponible en bases de datos oficiales de los ministerios de Defensa y del Interior, analizó las hipótesis que ha lanzado el gobierno sobre estos hechos. Sobre la primera, según la que los asesinatos de excombatientes serían perpetrados por hechos relacionados con el narcotráfico, Álvarez indicó que en el 63 por ciento de los municipios cocaleros del país no se está presentando este fenómeno, señaló el sitio colombiano Vanguardia.
“En aquellos territorios que la ONU considera como enclaves del narcotráfico, no ha habido una sola muerte de excombatientes”, y citó como ejemplo los municipios de Teorama, en Norte de Santander, y Valdivia, en Antioquia.
En cuanto a otra de las excusas que suele utilizar el gobierno para justificar las masacres –que son el resultado de enfrentamientos entre los propios ex guerrilleros–, el director de investigación y acusación de la JEP también ofreció una desmentida contundente: sólo el 2 por ciento de los casos responden a esta causa.
Fuente: El Eslabón
