La posibilidad de que Santa Fe cuente con un conjunto de leyes –tres, para no evadir precisiones– que dote al sistema institucional de las herramientas para otorgarle coherencia y eficacia al desvencijado sistema de seguridad pública encontró un previsible escollo en la Legislatura, donde manda lo que el ministro del área, Marcelo Sain, denomina “bloque histórico de poder”, que gobernó la provincia en las últimas décadas. Un mix de progresistas que van al frente y peronistas que prefieren la retaguardia. Dos leyes votadas sin ser leídas –según confesaron con candor algunos parlamentarios– y sin el análisis de las comisiones de ambas Cámaras, procuraron delimitar el campo de batalla de la disputa por el control político de la seguridad y las fuerzas legales creadas para tal fin. La policía, bah. La escaramuza pública entre las partes fue ampliamente difundida, el contenido de la norma fundamental para modificar el actual estado de cosas es menos atractivo y conocido. Sepan disculpar.
El Gobierno de Omar Perotti envió a la Legislatura tres mensajes con sus respectivos proyectos de leyes para la “modernización normativa” del sistema de seguridad pública, actualizado por última vez cuando el muro de Berlín estaba erecto y la última dictadura no había iniciado el reformateo socio-cultural de la Argentina. No se trata de una “reforma policial”, como se suele creer, sino de un conjunto de normas que intentan “una modernización integral en el sistema de seguridad pública y en el sistema policial”.
Pensar que los problemas de seguridad se reducen a la Policía –que posee, sin dudas, un rol destacado en el éxito o el fracaso de las políticas del área– es un modo de otorgarle a la fuerza un poder que excede sus funciones. Para después quejarse.
De los tres proyectos –Seguridad Pública, Control del Sistema Policial y Sistema Policial de la provincia– el primero es fundamental, porque traza los lineamientos del conjunto.
El comentario a la ley de Seguridad Pública, de acceso en el sitio web de la Santa Fe, señala que “la propuesta pretende saldar un vacío: la provincia no cuenta con una ley que articule los componentes, estructuras y actores que intervienen en materia de seguridad pública”.
“Preocupante paradoja”, sigue, para explicar que “por un lado los problemas de seguridad ocupan un lugar prioritario y destacado en la agenda social y política provincial y, por otro, el sistema político de la provincia no ha sido capaz, hasta ahora, de sancionar una legislación que regule los principales instrumentos político-institucionales para su abordaje”. Caramba.
La ley Orgánica de la Policía, que regula su funcionamiento, fue sancionada en 1975. En otro mundo, sin dudas con otros problemas pero sin los actuales. La ley de Personal Policial es muy poco menos vetusta: tiene 15 años.
Conducción e información
La reforma que propone la Casa Gris se funda en una cuestión que puede parecer banal pero es crucial: que la dirección superior y conducción política de la seguridad esté en manos del poder político, en la cabeza del gobernador y ejecutada por medio del Ministerio de Seguridad.
El autogobierno de las fuerzas de seguridad modelo Frente Progresista derivó en el actual estado de cosas: una policía poco profesional, volcada al papeleo, con escasos recursos materiales, borrosos lineamientos institucionales, desespecializada, reactiva al delito y con rezago en la función preventiva, muchas veces corrompida, sin capacidad –incluso– para una eficaz regulación ilegal de los mercados criminales.
Entonces, en su primer punto, la ley de Seguridad Pública repone el poder de conducción y dirección en el gobernador. Tangencialmente, eso esmerila el poder de los senadores que, aunque ninguna norma lo establezca más que la consuetudinaria, son consultados para la designación del jefe de la Unidad Regional de su territorio y hasta gozan del poder de veto sobre los nominados.
La nueva ley también procura crear un funcionariado especializado en el ámbito del Ministerio que supla las tareas que hoy realizan les uniformades. “Por carencia de recursos humanos para la administración del sistema, el 40 por ciento del plantel policial realizaba tareas administrativas en vez de patrullamiento y operativas de prevención”, reveló la cartera a principios de año.
El segundo eje es el conocimiento. La data necesaria y precisa que el Estado requiere para diseñar la política de seguridad, ejecutarla y evaluar sus resultados. Cuando Sain asumió preguntó cuántos policías había en Santa Fe: le dieron dos números distintos.
“No hay política de seguridad pública sin información calificada que dé cuenta del objeto y de los instrumentos de intervención en materia de seguridad. No se puede prevenir, conjurar o controlar aquello que no se conoce y desconociendo las herramientas con las que se cuenta para ello”, señala el comentario al proyecto de ley, que para eso crea el Observatorio de Seguridad Pública, un instrumento para producir información precisa y útil.
Añade un palito para el exministro del área, el radical con aspiraciones gubernamentales, Maximiliano Pullaro: “Desde la creación del Ministerio de Seguridad se ha gestionado la seguridad pública «a ciegas», sin información ni análisis estratégico, de manera improvisada, ensayística, meramente gestual y con un halo de oscurantismo propio de funcionarios que sólo prestaron atención a sus carreras políticas y sus trayectorias personales”.
Tres policías
Otra novedad que contiene el proyecto es la descentralización de la fuerza de seguridad en tres policías especializadas. Hasta ahora imperó el cambio de destino del personal y la cultura de “todos hacemos de todo”. La propuesta también diluye el poder unificado del “jefe de Policía”, para distribuirlo en tres fracciones.
Para eso propone tres estructuras: la Policía de la Provincia de Santa Fe, la Agencia de Investigación Criminal y la Agencia de Control Policial. Las últimas dos son creadas por la ley que ni Diputados ni el Senado pudieron tratar este año en sesiones ordinarias.
“El objetivo perseguido es diferenciar y especializar los servicios policiales encargados de la prevención de aquellos abocados a la investigación criminal y al control policial”, señala el proyecto, y agrega que la actual es “una estructura fragmentada e incoherente”.
“Los sucesivos gobiernos «progresistas» (comillas en el original) anunciaron, cada uno a su turno, el desarrollo de un proceso de reestructuración policial. Pero, en verdad, tuvieron poquísima vocación reformista y fueron temerosos de alterar el «status quo policial». Al igual que las administraciones anteriores, fueron «remendando» el sistema policial provincial mediante la creación de diferentes servicios policiales colaterales que hicieron de ese sistema un manojo institucional incongruente, extremadamente fragmentado, con escasos recursos humanos, operacionales e infraestructurales y resistente a una conducción político-institucional integral”, dice.
Desde 2011, siempre por decreto, se crearon los siguientes servicios: en 2011 la Policía de Seguridad Vial; en 2012 Drogas Peligrosas se reconvirtió en Dirección General de Control y Prevención de Adicciones; en 2013 la Dirección Provincial de Proximidad Policial y el mismo año –el del estallido de homicidios en Rosario- la Policía Comunitaria. En 2014 el gobernador Antonio Bonfatti conformó la Dirección General de Policía de Investigaciones (PDI, hoy AIC) y el mismo año la Policía de Acción Táctica. Una multiplicidad de servicios policiales que –a la luz de los hechos– no logró mejoras en la prestación.
Control ferretero
La cuestión de la circulación de armas en el mercado ilegal es otro de los puntos destacables del proyecto de ley de Seguridad Pública.
El título III del proyecto avanza sobre la Prevención de la Violencia con Armas de Fuego, para lo cual propone crear una “Agencia Provincial de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego”, entendiéndola como un órgano encargado de las políticas provinciales de prevención y reducción de los fierros, en concordancia con las acciones de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).
También conforma la ley, en caso de ser aprobada, el Sistema Provincial Automatizado de Identificación Balística, como base de datos única de evidencia balística, donde el registro no se limita a las armas institucionales, sino que incluye la totalidad de las armas de fuego de la provincia.
La importancia del control de las armas se explica por un dato concreto: 7 de cada 10 homicidios ocurridos en la provincia en los últimos cinco años fueron por medio del uso de armas de fuego.
Para el Ministerio de Seguridad, las principales fuentes de suministro son el robo en viviendas y la falta de control estatal de armas incautadas.
Si al principio de la gestión no se sabía cuántos hombres y mujeres conformaban la fuerza de seguridad, no hay razón para pensar que sí existía un registro único y cabal de las armas oficiales a su disposición.
El Departamento de Logística registra un total de 18.772 armas cortas y largas asignadas, mientras que, según lo informado por cada una de las Unidades Regionales y policías especiales, se contabilizan un total de 17.455 armas cortas y largas asignadas en esas dependencias.
“En términos globales, se aprecia una diferencia entre fuentes de 1.317 armas cortas y largas asignadas”, consigna el comentario que acompaña al proyecto de ley.
El Gobierno investiga, paralelamente, el destino de casi 900 municiones policiales. Según explicó el director de la Agencia de Control de Armas, Lautaro Sapietro, en 2017 el Estado le compró un millón de municiones calibre 9mm a Fabricaciones Militares (FM).
En abril de 2018 FM preguntó en un expediente a la Policía si habían recibido el material y la institución avaló por escrito la recepción. “Cuando llegamos (al Ministerio de Seguridad) no teníamos datos del stock actual”, dijo Sapietro, y explicó que emitió una circular las direcciones generales y las Unidades Regionales para que informaran al respecto.
El inventario dio como resultado que quedaban 102.118 municiones 9 mm en manos de la Policía. “En 28 meses se gastaron 897.882 municiones, que tienen dos destinos: para entrenamiento, en el marco de cursos habilitados, no para práctica de tiro; y las demás en enfrentamientos”, explicó el funcionario.
“Nos da un uso de 1.032 municiones por día. Nos llamó la atención, aunque a lo mejor tiene explicación. Pero es un número alarmante, enfrentamientos la policía tiene muy pocos”, señaló.
Bienestar policial
“Mejorar las condiciones de trabajo y promover la igualdad de género en el sistema policial provincial” son otros de los objetivos del proyecto de ley. Para el primero de los asuntos, la norma prevé la creación de “Comisiones de bienestar policial” como “ámbito de discusión de los aspectos laborales para su mejora”.
Contempla que la comisión esté integrada por miembros del Gobierno y delegados de la fuerza elegidos en forma directa y secreta.
El proyecto reconoce que las y los policías sufren cuatro condiciones de precariedad laboral que no comparten con otros trabajadores estatales: salarios nominales y reales muy bajos; ámbitos laborales con “condiciones materiales y de infraestructura muy deterioradas”; reciben “una educación profesional muy deficiente” y tienen vedado agremiarse sindicalmente.
El proyecto contempla la creación de una “Defensoría del Policía de la Provincia de Santa Fe” y poner el acento en la cuestión de género, en una fuerza atravesada –como buena parte del resto de la sociedad– por una cultura machista.
Algunos datos son contundentes. De acuerdo al Informe de la Red de Mujeres Policías, Penitenciarias y del Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias, el 52,8 por ciento de las entrevistadas manifestó haber vivido situaciones de violencia de género en el trabajo, en tanto que el 25,8 manifestó haber sufrido violencia en más de una oportunidad.
Respecto de los tipos de violencia sufridas el 56 por ciento refirió violencia psicológica; el 25,8 violencia simbólica; el 8,1 violencia sexual; el 5,6 violencia física; y el 4,4 violencia económica o patrimonial.
En el 69 por ciento de los casos, la violencia fue ejercida por un superior jerárquico; y el 85,9 de los casos no tuvo ningún tipo de resolución. Un escenario en el que urge intervenir.
Chau tagarna
La ley impulsada por la Casa Gris propone un Título particular para la formación y capacitación policial. Crea la Academia Superior de Seguridad Democrática –que sustituye al Isep– y amplía su horizonte no sólo a la formación de polis sino también de “la dirigencia política y los funcionarios a cargo de los asuntos de la seguridad pública”. Una burocracia especializada, hoy ausente.
Plantea dos ejes: “Formación inicial orientada a la producción de capacidades y desarrollo de competencias para el desarrollo eficiente de las labores policiales y la resolución de problemas; y formación continua y permanente a lo largo de toda la carrera que debe constituir un criterio fundamental para las promociones y ocupación de cargos”.
Parte del diagnóstico acerca de que “muchas organizaciones policiales latinoamericanas han tenido falencias en ambos tipos de procesos formativos. En primer lugar, en la formación policial inicial, ha predominado una concepción militarizada, articulada en torno del entrenamiento disciplinario de orden cerrado, que promueve la sumisión al superior en desmedro del discernimiento responsable; y enciclopedista y áulica, no basada en competencias profesionales y alejada de las labores policiales concretas, donde existe una brecha muy importante entre la formación formal inicial y la práctica concreta”.
Mientras que “en segundo lugar, la capacitación continua no se encuentra inserta en la carrera policial y está desconectada como instancia central (junto con el desempeño) para las promociones y la ocupación de cargos”.
El proyecto también incluye otros aspectos de la temática que, por cuestiones de espacio, sólo se enumerarán: la creación de mesas de seguridad locales –donde articulen esfuerzos los municipios con la provincia–; la regulación de los servicios de seguridad privada; y el control legislativo a través de la creación de una Comisión Bicameral de Control Legislativo de la Seguridad Pública “con la misión de supervisar y fiscalizar que el funcionamiento el sistema provincial de seguridad y las políticas se ajusten estrictamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes”.
Fuente: El Eslabón
