Un amplio abanico de juristas, dirigentes políticos y sindicales y organizaciones sociales cuestionó la decisión del máximo tribunal de Justicia de ratificar la condena al ex vicepresidente en la causa Ciccone.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de ratificar la condena al ex vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone volvió a ser criticada por un amplio arco de juristas, dirigentes políticos y sindicales y organizaciones sociales, que advirtieron que el “lawfare que sufrió y sufre” el ex funcionario “atenta contra un Estado de derecho”.

La carta de apoyo a Boudou, titulada “Con Lawfare no hay democracia”, lleva la firma de dirigentes como el ex ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni; representantes de organismos de derechos humanos como Taty Almeida y Lita Boitano; sindicalistas como Pablo Moyano, Hugo Yasky, Víctor Santa María y Sonia Alesso, y una larga lista de senadores, diputados, dirigentes y funcionarios del Frente de Todos.

Por su parte, el ex vicepresidente consideró que la medida es “otro baldazo del sistema del Poder Judicial sobre la República y la democracia argentina” y advirtió que el máximo tribunal optó por desoír las argumentaciones de Zaffaroni y el fallecido Julio Maier, los juristas que habían respaldado su pedido para que fuera revisada la condena.

“No hay una justificación o un por qué. Lo que la Corte dice es ‘no queremos opinar’, quizá sea porque en la Corte no hay ningún penalista, no sé”, dijo Boudou, en diálogo con radio Rivadavia, cuando le preguntaron las razones del fallo del alto tribunal.

Más tarde, en su propio programa Boudou Lounge en radio El Destape, el también ex ministro de Economía añadió que “el rol de los integrantes del Poder Judicial es antipopular, antidemocrático y antirepublicano también”.

En la solicitada, los dirigentes manifestaron su “preocupación” ante la resolución de la Corte Suprema de Justicia que, advirtieron, “afecta a nuestro sistema democrático, vulnerando derechos y garantías constitucionales”.

Y añadieron que este fallo del máximo tribunal, “sumado a otras graves actuaciones judiciales tales como la aceptación de testimonios recogidos bajo presión, pone de manifiesto el sostenimiento de lawfare como instrumento de disciplinamiento y persecución hacia un proyecto político de ampliación de derechos para las mayorías y lxs más vulnerabilizados”.

Boudou fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión, y la Corte consideró que el recurso presentado por la defensa es “inadmisible”.

En su tercer y último párrafo, el documento afirma que “la persecución política y el lawfare, como los que sufrió y sufre Boudou por recuperar los fondos de las AFJP devolviéndolos a los jubilados y trabajadores, atenta contra un Estado de derecho, que debe preservar la vida, las garantías y la libertad de las personas”.

Adhirieron también organizaciones como La Cámpora y Los Curas de la Opción por los Pobre y la Asociación de Personal Legislativo (APL).

El viernes, Boudou había recibido el respaldo de dirigentes del oficialismo y de organizaciones sociales y de derechos humanos que cuestionaron el fallo de la Corte Suprema de Justicia y realizaron un “abrazo solidario” al Palacio de Justicia.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el titular de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), Hugo Yasky; y el ministro de Desarrollo de Buenos Aires, Andrés Larroque, entre otros, rechazaron el fallo de la Corte Suprema con declaraciones públicas y pronunciamiento en las redes sociales.

La condena de Boudou a 5 años y 10 meses de prisión fue confirmada en septiembre del año pasado por la Cámara Federal de Casación Penal y entonces el exvicepresidente presentó un recurso para que la Corte revocara su condena, pero la última semana el máximo tribunal declaró “inadmisible” el recurso.

La solicitada también estuvo firmada por intendentes bonaerenses del PJ como Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo), Juan Zabaleta (Hurlingham), Fernando Grey (Esteban Echeverría), Lucas Ghi (Morón), Mayra Mendoza (Quilmes) y Mario Secco (Ensenada).

También la suscribió el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, y la ministra de Gobierno bonaerense, María Teresa García, junto a legisladores y dirigentes como Carlos Heller, Oscar Parrilli, Fernanda Vallejos, José Luis Gioja, Rodolfo Tailhade, Leopoldo Moreau y Paula Penacca, entre muchos otros.

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