El gobernador desarmó lo que para algunos fue un operativo de pinzas contra el ministro de Seguridad Sain, concretado en noviembre pasado entre el arco opositor en Diputados y los senadores del PJ que responden a Armando Traferri.

El Poder Ejecutivo provincial vetó las dos leyes sancionadas sorpresivamente el 19 de noviembre pasado en la Legislatura y que el oficialismo interpretó como un ataque al ministro de Seguridad, Marcelo Sain.

La primera norma planteaba regular y transparentar los gastos reservados de esa cartera, destinado a solventar gastos necesarios para la realización de investigaciones criminales complejas que no puedan ser financiadas con gastos ordinarios.

La segunda establecía una serie de incompatibilidades para quienes conducen el Organismo de Investigación (OI), el cargo que desempeñaba Sain, hasta sumarse al gabinete de Omar Perotti con un pedido de licencia, con lo quedaba en los hechos expulsado de ese cargo que había gando por concurso.

Ambas leyes levantaron revuelo porque se habían votado sobre tablas, en tiempo récord y sin debate.

Sobre el primer punto, el decreto del Ejecutivo que establece “vétase totalmente el proyecto”, da una serie de argumentaciones fuertes desde lo legal y sobre todo desde lo adminitrativo, sobre los ditintos controles existentes sobre “los gastos reservados, fondos reservados, fondos especiales o secretos o gastos no respaldados”.

“Se aprecia que, al crearse y definirse en el texto sancionado las funciones de la Comisión Bicameral, se utiliza una técnica legislativa incorrecta, optándose para definir lo que son ¡os gastos reservados o especiales, por su destino, obviándose que estos ya están establecidos en las respectivas leyes que los regulan”, dice entre otros puntos el texto.

En cuanto al segundo tema, tambien decreta “vetar totalmente el proyecto de Ley sancionado” que modificaba el régimen de incompatibilidades de los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación, del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal y del Organismo de Investigaciones.

Entre los considerandos sostiene el la norma votada sobre tablas “no parece sortear la exigencia de proporcionalidad establecida en el artículo 28 dela Constitución Nacional, el cual establece que los principios, garantías y derechos no pueden ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio”

“Que si la finalidad de las normas de incompatibilidad es preservar la afectación de la prestación del servicio, no se advierten razones para que una persona que ejerció una función pública debe esperar dos años para poder acceder a otra, pues se trataría de funciones no simultáneas. Llevando este principio al caso, no se avizora razón para que un Fiscal o Defensor Público Adjunto no pueda pretender ser designado en cargos a nivel provincial, municipal o comunal por el término de dos años posteriores a su desvinculación”, dice un fragmento del texto del decreto.

Los decretos completos:

Mensaje 4917

Mensaje 4916

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