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Fueron muchos los actores (locales y extranjeros) y muy complejas las estratagemas que se utilizaron para derrocar a Evo Morales el 11 de noviembre de 2019, cuando se desempeñaba como presidente en ejercicio y, además, presidente electo. Fue, y sigue siendo, de tal magnitud la campaña de los medios hegemónicos, que aún hoy algunos no hablan de golpe sino de “crisis institucional”. Cuando finalmente, y tras 11 meses de dictadura sangrienta y corrupta, el pueblo pudo expresarse, las mentiras se cayeron y el Movimiento al Socialismo (MAS) volvió al poder. Entre los muchos desafíos que enfrenta el nuevo gobierno, se encuentra evitar la impunidad de los que perpetraron matanzas, torturas, vejámenes y encarcelamientos extra judiciales contra los que salieron a las calles a defender la democracia.

Luego de un encuentro con el presidente boliviano, Luis Arce, el alto mando de las Fuerzas Armadas aceptó dar información sobre dos masacres contra civiles opuestos al golpe de Estado de 2019, informó el sitio de noticias cubano Prensa Libre.

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, informó que el suministro de la información sobre las matanzas de Senkata, en la vecina ciudad de El Alto, y Sacaba, cerca de la ciudad central de Cochabamba, fue acordado en una reunión entre el mandatario y los jefes militares.

De acuerdo con Novillo, los militares se comprometieron “a aportar con todas las pruebas que estén en las Fuerzas Armadas. Entonces nosotros queremos decir que en ese ámbito hubo, prácticamente, un consenso para coadyuvar, proporcionado información a las instancias competentes”, señaló el ministro, al tiempo que agregó que cumplir con la obligación de informar sobre las masacres no es un simple deseo, sino que se trata de cumplir con la Constitución, “de lo que están conscientes los uniformados”.

La Fiscalía investiga las matanzas. En el caso de Sacaba fue sometido a prisión domiciliaria el ex jefe militar del departamento de Cochabamba, general Alfredo Cuéllar, acusado de asesinato y otros delitos como presunto responsable.

En forma paralela, el Ministerio Público investiga a civiles y ex jefes militares y de la Policía por terrorismo y otros delitos cometidos en la ejecución del golpe de hace un año y durante el gobierno de facto instalado entonces, y pidió que se les impida salir del país.

Asimismo, el Ministerio de Defensa salió a aclarar a las Fuerzas Armadas que la Justicia ordinaria “está por encima de la militar cuando se trata de hechos de violencia y muerte como en Sacaba y Senkata en 2019”, y que el proceso abierto contra el general Alfredo Cuéllar muestra que los eventuales delitos son personales y no involucran a la institución armada, según informó el sitio del diario boliviano La Razón.

“En materia penal, las responsabilidades de los individuos son «intuito personae», es decir, de orden estrictamente referido a la persona; por tanto, en el caso de la detención y procesamiento del general Cuellar no corresponde que toda la institución armada se sienta afectada para actuar en espíritu de cuerpo”, establece un comunicado de la cartera de Defensa.

Cuéllar, entonces comandante de la guarnición militar de Cochabamba, se encuentra con detención domiciliaria acusado por asesinato. El general fue vinculado a los hechos de violencia y muerte en Sacaba, en noviembre de 2019, cuando perdieron la vida 10 personas por heridas de bala.

Actuaron en ese hecho fuerzas combinadas de la Policía y las Fuerzas Armadas al amparo del Decreto Supremo 4078 promulgado por la dictadura de Jeanine Áñez, para evitar que una marcha de cocaleros entre a la ciudad de Cochabamba en respaldo al entonces presidente Evo Morales.

El documento publicado en el muro de Facebook del Ministerio de Defensa también dejó establecido que “la justicia militar es un fuero o prerrogativa especial reglamentada para temas específicos. En cambio, cuando se trata de tutelar (proteger o amparar) un bien jurídico como es la Vida, la regla establece que es la Justicia ordinaria la que está por encima de cualquier fuero especial”.

De esa forma respondió, indicó el ministerio, al “falso debate de que si el caso que nos ocupa debe ser sustanciado y dirimido por la Justicia militar o por la jurisdicción ordinaria”. Es más, recordó que hay jurisprudencia en esta materia y que el propio Tribunal Constitucional Plurinacional ya definió el curso de acción en estos temas.

“Destacamos nuevamente la férrea convicción del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas de apegarse estrictamente al ordenamiento jurídico nacional”, señala el comunicado de Defensa. Novillo afirmó que no hay “privilegio ni fuero cuando se trata de delitos de lesa humanidad”, en referencia a los cuestionamientos por el proceso abierto en contra del general Cuéllar. “Todos los bolivianos respondemos por nuestros actos ante la justicia y es la justicia la encargada de realizar todas las investigaciones”, advirtió el ministro.
Según el diario boliviano La Razón, el presidente Arce demandó de las Fuerzas Armadas su contribución al esclarecimiento de las muertes de noviembre de 2019. Además de recordar la obligación de todas las instituciones del Estado de apoyar dichas investigaciones, el mandatario reflexionó: “No es posible eludir la Justicia”.

“Quiero decirles de manera muy sincera a las FFAA, que no es posible eludir la Justicia, como gobierno y Estado boliviano estamos obligados por mandato de la Constitución y las leyes a contribuir proporcionando la información para esclarecer las muertes durante el gobierno de facto”, agregó Arce a través de la red social Twitter.

Y los versos de Pablo Milanés con relación a Chile tras la dictadura son perfectamente aplicables a la situación de Bolivia:

Renacerá mi pueblo de sus ruinas
Y pagarán su culpa los traidores.

 

Fuente: El Eslabón

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