Mantené los 2 metros de distanciamiento - Provincia de Santa Fe

 

El ventilador del ex fiscal Ponce Asahad, señalamientos precisos y advertencias difusas. La división de poderes y su implementación práctica en la provincia. ¿Interna peronista o comienzo del fin del poder transversal que gobierna Santa Fe?

El colaborador de un encumbrado funcionario del Gobierno de Santa Fe le pregunta al ministro: “¿Quien maneja a estos vagos?”. Se refiere a un par de fiscales que molestan al poder político con sus investigaciones. El ministro responde: “El tema es que no los maneja nadie, los vagos van y van y nadie les pone límites. Para mi están motivados políticamente”.

Aplicable a la causa por juego clandestino que derivó en la prisión preventiva y la imputación por cohecho del fiscal Gustavo Ponce Asahad y del jefe de los fiscales de Rosario, Patricio Serjal –y que ahora amenaza con arrastrar a legisladores y operadores políticos–, la charla del encabezado de esta nota se produjo, en cambio, en 2017. Los protagonistas son un asesor del entonces vicegobernador radical, Carlos Fascendini, y el ministro de Seguridad del mismo partido en el Frente Progresista, Maximiliano Pullaro.

La charla quedó grabada judicialmente en una causa por presuntas irregularidades en las horas Ospe de la Policía en la que dos fiscales de Santa Fe, María Laura Martí y Roberto Apullán, solicitaron a un juez la intervención del teléfono del ministro

Cuando Pullaro se enteró, se alteró. El juez que las había autorizado, Nicolás Falkenberg, puso marcha atrás y dijo que no sabía que se trataba de la línea del ministro. Ambos fiscales fueron apartados del caso, que había derivado en una sospecha de que la cartera de Seguridad “arreglaba” los exámenes de ascensos policiales a partir de un diálogo del ministro con un comisario: “Te vamos a tener que dar las preguntas, viste… como en la escuela…”, dijo el ministro.

Aquella causa también ofrece otras analogías con la de los fiscales rosarinos presuntamente aceitados por la recaudación de la timba ilegal: la ilusión de la división de poderes, aunque mediante mecanismos diferentes.

Allí se reveló un diálogo entre Pullaro y la cabeza del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Jorge Baclini. El ministro estaba enojado por la detención de un jefe policial que, si bien admitía que estaba sucio, le habían prometido que se realizaría luego de las elecciones de octubre de 2017.

—Pullaro: ¿Qué haces Jorge? Che, ahí me informan que detuvieron a Adrián Rodríguez, el Jefe de la 5ta.

—Baclini: ¿Adrián Rodríguez?

—Pullaro: El jefe de la 5ta, un tipo que fue jefe de La Capital.

—Baclini: Ah, en Capital. No, no sabía nada.

—Pullaro: Che, bueno, no. Qué se yo, ¿eh?

—Baclini: Ahora voy a preguntar. ¿Quién lo detuvo, Apullán?

—Pullaro: Apullán, tengo entendido que es por las Ospe.

—Baclini: Y sí, Arietti yo estuve hablando el otro día y me dijo que tenía, pero que no sabía que lo iban a detener.

—Pullaro: A mí me dijo que tenía, pero que lo iban a detener después de las elecciones a todos. No sé porque han apurado.

—Baclini: Sí. Dejame que lo llamo y te averiguo, te averiguo bien. Averiguo bien y te digo.

La división de poderes en el mundo real

Otro conector de aquél pasado reciente con este presente agitado es que, paralelamente a esas reveladoras charlas del entonces ministro, el jefe de los Fiscales de Rosario, Serjal, ya empezaba a mostrar para qué había sido seleccionado en su cargo a propuesta del Poder Ejecutivo y con aval de la Legislatura.

Por aquellos días de finales de 2017, Serjal apartó al fiscal de Delitos Complejos de Rosario, Adrián Mac Cormack, de la investigación por presunta administración irregular de casi un millón de pesos destinados a la construcción de un jardín contra el actual senador provincial del departamento Belgrano, Guillermo Cornaglia, cuando era presidente comunal de Bouquet.

Serjal admitió un planteo de Cornaglia que se quejó por la difusión pública de algunos aspectos de la investigación durante una rueda de prensa en la que Mac Cormack y su par Sebastián Narvaja se defendieron de una ofensiva de senadores provinciales para presionarlos. La causa pasó al fiscal de San Lorenzo Aquiles Balbis. Ahora se sabe que Serjal mantenía encuentros con el jefe del bloque de senadores, Armando Traferri.

También saben de las prestaciones que ofrecía el fiscal regional, un directivo del multimedios La Capital y el agente de bolsa que fue el desarrollador inmobiliario de la torre Aqualina.
Martí, Apullán, Mac Cormack, Narvaja, “esos vagos que no los maneja nadie”. Hasta que el poder transversal a los partidos que gobierna Santa Fe desde hace décadas les quita del piloto automático, para conducirlos al parking investigativo.

El ventilador

Imputado y con prisión preventiva desde agosto pasado por cohecho pasivo e incumplimiento de los deberes de funcionario público, Gustavo Ponce Asahad decidió declarar en la causa que investiga una red de juego clandestino liderada por el capitalista Leandro Peiti, y en la que están involucrados un “tira tiros” de Los Monos y un comisario retirado. No lo hizo como testigo, sino en su condición de acusado. Lo que lo releva de la obligación de decir la verdad.

Mucho se ha puesto el acento en esa cuestión del proceso penal, como si sus dichos fuesen los únicos elementos indiciarios o probatorios que pudieran colectar los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra.

También sus palabras de tinte esotérico y/o místico se usaron para descalificarlo. Mientras tanto, el senador del PJ Armando Pipi Traferri, se negó a dejar sus fueros el viernes pasado, luego de ratificar ante Edery y Schiappa Pietra, en compañia de su abogado, el escrito presentado el miércoles.

Traferri debía presentarse a audiencia imputativa, convocada por la Agencia de Criminalidad Organizada. Es decir que, los fiscales lo convocaron, porque además de los dichos de Ponce Asahad han podido reunir más elementos de prueba. Y por esto que pidieron una audiencia en la legislatura para presentar las pruebas y esperar el desafuero por parte del cuerpo (que ese caso necesitará de las dos terceras partes).

En esencia, y aparentemente ablandado por los virtuosos efectos que opera en el cuerpo y la mente el encierro en cárcel común, Ponce hizo referencia a “un senador de esta provincia que mucho tiene que ver con esta cuestión y yo no lo veo nombrado como integrante de la asociación ilícita”. Confesó haber recibido coimas –en su primera declaración se había dicho inocente–, pero limitó su rol a un eslabón de una cadena ascendente: Serjal, Traferri.

Ponce habló de “la pata política” de una presunta asociación con fines ilícitos para explotar el juego clandestino en la provincia y dijo que “no es solamente de un sólo partido político”. Las viejas cajas negras de la timba ilegal ligadas a la Policía y la política. Los fiscales ponderan que se trata de algo más de mil millones de pesos mensuales. Compartibles, claro.

“La vinculación de Peiti (el capitalista) con el MPA se produce a través del senador Traferri con el doctor Serjal en una reunión que mantuvieron en los altos del palacio viejo” del Poder Judicial. Llamarla Justicia no sería lo más correcto en este contexto de fetidez.

Ponce contó detalles del encuentro con Traferri, llamadas por WhatsApp, invitaciones a asados. Cosas corroborables por otras vías. Lo mismo que ya hicieron los fiscales cuando Peiti declaró como arrepentido y dijo que Ponce y Serjal le pedían coimas que él abonaba con sistematicidad y fueron a buscar los registros telefónicos, las cámaras de seguridad y prueba documental que avalara esos dichos. Consiguieron bastante, por cierto.

En el escrito que Traferri presentó en la Fiscalía a través de su abogado –el ex fiscal federal durante la dictadura, José Luis Vázquez–, admitió llamadas y contactos, pero ofreció otra versión sobre ellos.

“Tengo registrada densa cantidad de llamados telefónicos y textos de WhatsApp, por parte de Ponce Asahad, la mayoría de ellos, desde su teléfono hacia el mío y gran parte de ellos relacionados con favores que me solicitaba, relativos a conseguir que lo recibieran algunos políticos, otros vinculados al MPA y los más para invitarme a actos partidarios en los que tomaba parte”, señala el escrito.

Agrega Traferri que “cuando las llamadas partían” de su teléfono oficial, “se vinculaban a pedirle información sobre investigaciones donde estaban mencionadas personas del partido y con el sólo fin de averiguar el estado de las mismas”. Otro capítulo práctico de la división de poderes teóricamente establecida en la Constitución Nacional.

Ponce no empezó

No fue Ponce Asahad quien puso el apellido del senador por el departamento San Lorenzo en el expediente judicial del juego clandestino, sino el ex asesor de la Legislatura –y ex diputado provincial– Darío Scataglini.

Según consta en la investigación, Serjal y Ponce le advirtieron a Peiti –quien dijo que les pagaba 5 mil dólares mensuales para ser avisado de investigaciones contra su negocio ilícito y, en la medida de lo posible, encubierto– que el Organismo de Investigaciones (OI) había interferido sus teléfonos, por lo que era mejor que no los utilizara.

Peiti se lo dio a su secretaria. A las 8.40 del 10 de julio de este año recibió una llamada:
Secretaria: Si, quién habla.

Scataglini: Sí, buenas noches, Darío Scataglini, necesitaría hablar con Leo.

Secretaria: Mirá, habla la secretaría, yo tengo este teléfono pero le aviso que lo llamaste y que se comunique.

Scataglini: Si, te dejo un número por favor.

Secretaria: Para, decime que se lo paso, decime.

Scataglini: Llamo de parte del senador Traferri.

Secretaria: Bueno, le digo.

Ya no es el acorralado Ponce Asahad diciendo que el senador es el presunto organizador de una actividad ilícita, sino un asesor de la Legislatura –que tras conocerse la escucha perdió ese status– quien llama en nombre de Pipi a “Leo”. Con familiaridad.

Ponce también mencionó en sus más de tres horas de declaración a la vicegobernadora Alejandra Rodenas, al juez federal Carlos Vera Barros, a un miembro de la Corte Suprema provincial que parecería ser Rafael Gutiérrez –no lo menciona con nombre y apellido– y al ex diputado nacional Carlos Carranza, como operador político-judicial en las sombras.

Salvo a Carranza, que lo ubica como una suerte de titiritero de Serjal y lo acusa de obtener como beneficio un automóvil Toyota en un caso por el que el ex fiscal regional fue investigado, no abunda en detalles verificables respecto a los demás nombrados. Como si sólo les advirtiera algo.

Silencio transversal

El “escándalo” de la declaración del fiscal destituido y los adjetivos con los que la prensa local y nacional los calificó –“tembladeral”, “bola de nieve”, “cimbronazo”– no encontró el mismo eco público en los principales actores políticos del asunto.

La jueza que encabezó la audiencia en la que Ponce dio cuenta de su locuacidad, Eleonora Verón, ordenó enviar copias del video a las cámaras de Senadores y Diputados y a la Corte Suprema. Durante el fin de semana los medios de comunicación comenzaron a filtrar fragmentos editados.

Tras unos días de silencio, el senador Traferri se vio obligado a hablar. No tenía muchas más opciones, era el principal señalado. Dijo a través de su abogado que la acusación se reduce a “una conjura política manipulada por Sain”, en referencia al ministro de Seguridad provincial.

También que se trata de “una campaña de desprestigio que lleva a cabo Marcelo Sain contra el Senado” y que se “observa en modo diáfano la maniobra artera, el actuar impropio, la traición frontal a los juramentos funcionales, de los integrantes del Ministerio Público Fiscal (un error propio de la costumbre de Vázquez de litigar en el federal), desde el Fiscal General, la Regional y los Fiscales Edery y Schiappa Pietra. Todos ellos alentados y guionados por Marcelo Sain”.

Alejandra Rodenas, presidenta del Senado, guardó silencio a pesar de haber sido “mencionada”.

Mantiene un vínculo político con Traferri, su mentor en ese escenario cuando decidió dejar el Poder Judicial.

El presidente de Diputados, el ex gobernador y principal líder opositor, Miguel Lifschitz, no aprovechó la volada para atizar las llamas de lo que algunos consideran “una interna del peronismo”. En las últimas semanas fue artífice, en acuerdo con Traferri, de las dos leyes para condicionar al gobierno de Omar Perotti en materia de seguridad. Leyes “anti Sain”, las llaman. A fines del año pasado, con igual socio pero todavía en condición de gobernador, impulsó la aprobación del presupuesto 2020 que debía ejecutar Perotti.

En los últimos días, Lifschitz empleó su cuenta de Twitter para recordar la figura del primer presidente de la recuperación democrática, Raúl Alfonsín, lamentar la muerte del ex presidente uruguayo Tabaré Vázquez y rememorar los 35 años del Juicio a las Juntas. En Santa Fe no pasó nada.

También el conversador contumaz a cargo del Ministerio de Seguridad disminuyó notablemente su nivel de aparición pública. Debe tener las manos ocupadas restregándoselas. Sain es quien con mayor insistencia señala lo que denomina un “bloque de poder trasversal” que gobierna Santa Fe, desde las instituciones pero con cierta independencia de los cargos ocupados. Apenas retuiteó un posteo del abogado y militante radical Eugenio Malaponte, que dice: “El proceso de corrupción a gran escala en Santa Fe empezó cuando el socialismo encomendó a la policía la recaudación ilegal. Siguió cuando Antonio Bonfatti les entregó una caja millonaria a los senadores. Y se perfeccionó con el control judicial de Miguel Lifschitz”.

Es difícil, en los prolegómenos de la investigación, determinar su real alcance. ¿Será el inicio de un proceso tipo mani pulite? ¿Quedará estancado en el lodazal de acusaciones y operaciones cruzadas?

El gobernador Perotti, que en su discurso de asunción prometió ante la Asamblea Legislativa venir a interrumpir “el pacto de gobernabilidad con el crimen” dio señales, esta semana, de querer avanzar: “Santa Fe tiene una historia de calidad institucional que merece recuperarse.

Esto no es una interna del justicialismo. Es corrupción versus decencia. Sé que para lograr seguridad hay que cortar los vínculos con el delito. Esto será una divisoria de aguas brava y dura, entre propios y extraños. No vine para que las cosas queden igual. Voy hasta el hueso”, le dijo a una amiga que escribe en Infobae. Veremos.

Fuente: El Eslabón

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