Los sindicatos URGARA, SOEA San Lorenzo y la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón (FTCIODyARA) reclamaron este miércoles 16 de diciembre un ajuste del 35 por ciento de cara a la inflación anual y un bono por el trabajo esencial realizado durante la pandemia, además de otros exigencias.
“Nuestro pedido tiene origen en nuestras necesidades, y tiene fundamento en la Constitución Nacional que establece el derecho a un salario justo, que garantice una vida digna”, manifestaron en un comunicado conjunto a una semana ininterrumpida de medida de fuerza que la patronal embistió con “groseras falsedades”, según afirmaron.
“Nos encontramos desde hace ya una semana ininterrumpidamente ejerciendo el legítimo derecho de huelga en todos los puertos e industria agroexportadora del país”, sostuvieron los sindicatos y agregaron: “El día lunes, tras diez horas de audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación, no hemos alcanzado un acuerdo que permitiera terminar el conflicto. En forma inmediata, los representantes de las cámaras patronales emitieron un comunicado para justificar su intransigencia disfrazándola con nuevas y groseras falsedades, acusando a los trabajadores de ‘pedir más’, de ‘profundizar las medidas’ y de cometer actos ilícitos en el marco de la huelga”.
Los trabajadores agremiados indicaron: “Estos voceros de las empresas más poderosas del país, hábiles y experimentados lobbystas que se muestran presionando abiertamente a los gobiernos elegidos democráticamente para beneficiarse con medidas impositivas, pretenden culpar a los obreros y obreras de su decisión de no liquidar los dólares y promover, como lo han hecho siempre, una salida devaluadora que incrementaría aún más sus extraordinarias ganancias y golpearía nuevamente a todo el pueblo argentino”.
Los sindicatos reclaman el ajuste del 25 por ciento de aumento obtenido hasta el momento por un 35 por ciento de inflación proyectada para este año, y el pago del bono anual de todos los años ajustado con la pauta firmada. Los trabajadores y trabajadores contaron que por motivo de la pandemia el aumento recién se efectivizó en el mes de mayo, 5 meses más tarde de lo legalmente establecido. Aclarando que las empresas agroexportadoras nunca detuvieron su producción.
Además indicaron que las cámaras han incumplido con los acuerdos firmados. En el caso de Aceiteros la revisión salarial del 2020 estaba prevista para el mes de agosto, con URGARA no han firmado aumento alguno para la paritaria anual que debiera regir desde julio del 2020.
“Pero nuestro pedido no se basa en la inflación, ni la pasada ni la futura. Tampoco se basa en las ganancias extraordinarias que tienen las patronales del sector. Nuestro pedido tiene origen en nuestras necesidades, y tiene fundamento en la Constitución Nacional que establece el derecho a un salario justo, que garantice una vida digna”, sostuvieron y agregaron: “Lo que las entidades sindicales exigimos es simplemente el cumplimiento del 14 bis de la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo, que define al salario vital como la ‘menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión’”.
Y recordaron que “los trabajadores y trabajadoras del complejo agroindustrial en su gran mayoría, hemos sufrido en carne propia la flexibilización laboral en los 90. En los cordones industriales de Rosario, de Bahía Blanca, del Gran Buenos Aires, nuestros padres y madres vieron cómo sus vidas y sueños se truncaban con el desempleo, los ‘retiros voluntarios’, las rebajas salariales”.
“Las tres organizaciones sindicales hemos unido nuestro reclamo y nuestra lucha, en defensa de los trabajadores y trabajadoras de la industria aceitera y exportadora de granos, y para ello utilizamos la principal herramienta de nuestra clase: la huelga. No nos amedrentarán con amenazas de denuncias penales ni con operaciones mediáticas de desinformación. Nuestro compromiso es con los trabajadores y trabajadoras que representamos, y toda la clase trabajadora, y lo vamos a cumplir”, concluyeron.
Comunicado completo
Declaración de URGARA, SOEA San Lorenzo y la FTCIODyARA: Por un salario digno como manda la Constitución Nacional
Los trabajadores y trabajadoras de la industria aceitera y agroexportadora, representados por nuestros sindicatos URGARA, SOEA San Lorenzo y la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón (FTCIODyARA) a la sociedad le decimos:
Como es de público conocimiento, nos encontramos desde hace ya una semana ininterrumpidamente ejerciendo el legítimo derecho de huelga en todos los puertos e industria agroexportadora del país.
El día lunes, tras diez horas de audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación, no hemos alcanzado un acuerdo que permitiera terminar el conflicto. En forma inmediata, los representantes de las cámaras patronales emitieron un comunicado para justificar su intransigencia disfrazándola con nuevas y groseras falsedades, acusando a los trabajadores de “pedir más”, de “profundizar las medidas” y de cometer actos ilícitos en el marco de la huelga.
Estos voceros de las empresas más poderosas del país, hábiles y experimentados lobbystas que se muestran presionando abiertamente a los gobiernos elegidos democráticamente para beneficiarse con medidas impositivas, pretenden culpar a los obreros y obreras de su decisión de no liquidar los dólares y promover, como lo han hecho siempre, una salida devaluadora que incrementaría aún más sus extraordinarias ganancias y golpearía nuevamente a todo el pueblo argentino.
¿Alguien puede creer, como dicen, que estas empresas pierden 100 millones de dólares al día y no pueden afrontar un aumento salarial para sus trabajadores? Es decir, con un solo día de los siete que lleva la huelga les alcanza y sobra para pagar el aumento de todo el año a todos los trabajadores.
Lo cierto es que en Argentina han duplicado su facturación en pesos desde marzo de este año, tanto por el incremento del precio de la soja y las commodities como por la devaluación, la rebaja en las retenciones y la vuelta del diferencial para las aceiteras; todo mientras el mundo sufre la consecuencia del COVID-19.
Las cámaras han incumplido con los acuerdos firmados. En el caso de Aceiteros la revisión salarial del 2020 estaba prevista para el mes de agosto, con URGARA no han firmado aumento alguno para la paritaria anual que debiera regir desde julio del 2020.
Los trabajadores nunca hemos cambiado nuestros reclamos, seguimos insistiendo con nuestra propuesta: deben cumplir con el acuerdo para el 2020 y ajustar el 25% que ya hemos percibido para llevarlo al 35% de inflación proyectada para este año, pagando el bono anual de todos los años ajustado con la pauta firmada. Esto en un 2020 en el que por primera vez y con motivo de la pandemia tuvimos el aumento recién en el mes de mayo, 5 meses más tarde de lo legalmente establecido. Claro que las empresas agroexportadoras nunca detuvieron su producción.
Pero nuestro pedido no se basa en la inflación, ni la pasada ni la futura. Tampoco se basa en las ganancias extraordinarias que tienen las patronales del sector. Nuestro pedido tiene origen en nuestras necesidades, y tiene fundamento en la Constitución Nacional que establece el derecho a un salario justo, que garantice una vida digna.
Lo que las entidades sindicales exigimos es simplemente el cumplimiento del 14bis de la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo, que define al salario vital como la “menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión.”
La suma de dinero necesaria para cubrir esas necesidades básicas a enero de 2021, es de $93.280 (conforme los estudios derivados de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares, ENGHO, que publica el INDEC). Hoy nuestros básicos iniciales de convenio no llegan a los $70.000, estando pendiente el reajuste del 2020. Para ello pedimos un aumento para el año 2021 de 25%, menos de lo que el presupuesto nacional proyecta de inflación 2021.
Ese es el valor de la fuerza de trabajo, un derecho constitucional de todos los trabajadores y trabajadoras, no sólo de los aceiteros. Sin embargo, se naturaliza que existan trabajadores y trabajadoras pobres que deben elegir mes a mes qué necesidades básicas de sus familias quedan insatisfechas.
En nuestro pedido unificado se incluye un bono por el trabajo esencial desarrollado durante toda la pandemia, porque cuando se desató la emergencia sanitaria y se detuvo el país, las plantas y los puertos aceiteros y cerealeros no dejaron de funcionar ni un momento gracias a sus obreras y obreros.
¿Por qué los trabajadores debemos resignarnos a simplemente “acompañar a la inflación” como pretenden las patronales? Eso es un congelamiento salarial. ¿Cómo va a reactivarse la economía si no es con el consumo de las mujeres y los hombres que trabajan?
Los trabajadores y trabajadoras del complejo agroindustrial en su gran mayoría, hemos sufrido en carne propia la flexibilización laboral en los 90. En los cordones industriales de Rosario, de Bahía Blanca, del Gran Buenos Aires, nuestros padres y madres vieron cómo sus vidas y sueños se truncaban con el desempleo, los “retiros voluntarios”, las rebajas salariales.
Comenzamos a trabajar flexibilizados en estas mismas empresas, dejando nuestra juventud en los turnos rotativos y en extensas jornadas para poder cobrar algunas horas extras y poder llegar a fin de mes. Con el tiempo nos hemos organizado en nuestros sindicatos, hemos peleado por nuestros derechos y lo seguiremos haciendo. No estamos dispuestos a perder lo que hemos conseguido en años de organización y lucha.
Hoy las patronales nos acusan, mienten y presionan al gobierno y a la sociedad; pretenden hacernos ver como unos privilegiados y locos por pretender darles a nuestras familias lo que es un derecho: una vida digna producto de nuestro trabajo.
Esa vida digna que es un objetivo aún a alcanzar. Porque mientras las empresas agroexportadoras acumulan ganancias extraordinarias año tras otro, enfrentamos los mismos problemas, dificultades, deudas y hacemos múltiples sacrificios para poder avanzar como la gran mayoría del país. No vivimos del trabajo ajeno, somos trabajadores y trabajadoras que luchamos por un salario digno para vivir.
Las tres organizaciones sindicales hemos unido nuestro reclamo y nuestra lucha, en defensa de los trabajadores y trabajadoras de la industria aceitera y exportadora de granos, y para ello utilizamos la principal herramienta de nuestra clase: la huelga. No nos amedrentarán con amenazas de denuncias penales ni con operaciones mediáticas de desinformación. Nuestro compromiso es con los trabajadores y trabajadoras que representamos, y toda la clase trabajadora, y lo vamos a cumplir.
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