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“El trabajo de la OEA en las elecciones bolivianas de 2019 fue una cosa descarada sin pies ni cabeza”, señalaron desde el Parlasur, que investigará la actuación del secretario general de Luis Almagro en el golpe de 2019.

El presidente del Parlamento de América del Sur (Parlasur), Oscar Laborde, confirmó que impulsará una investigación de ese organismo al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, por su papel en el golpe de Estado en Bolivia de 2019.

“La OEA jugó un rol determinante en el desenlace del golpe de Estado contra Evo Morales. El martes posterior a las elecciones de 2019, que ganó el Movimiento Al Socialismo (MAS), la OEA dijo que había «indicios de irregularidades» por lo que considera que debían repetirse los comicios. A partir de eso, Evo llama a nuevas elecciones, pero la derecha pide la renuncia del presidente y la OEA, sólo basada en esos presuntos indicios, no dijo nada”, explicó Laborde a Télam.

“Es más, la OEA contrató dos consultorías externas para que investigaran los indicios de irregularidades y nunca hubo un dictamen de esas evaluaciones.

Es decir nunca se presentaron pruebas sobre ese supuesto fraude. Entonces, como la decisión de auditar una elección y la evaluación de ese trabajo son potestad del secretario general del organismo, la intención es que Almagro explique sobre qué se basó la OEA para decir lo que dijo, con las consecuencias institucionales que tuvo”, agregó el parlamentario regional argentino.

Entre los muchos actores que atentaron contra la voluntad popular y derrocaron a Evo Morales el 11 de noviembre de 2019, cuando se desempeñaba como presidente en ejercicio y, además, presidente electo en elecciones limpias, la OEA tuvo un papel fundamental.

El organismo, lejos de su papel de preservar la democracia, la paz y el cumplimiento del derecho internacional, hizo todo lo contrario. Emitió un informe que, sin pruebas, puso en duda el triunfo del Evo y ofreció la excusa perfecta para el accionar de las Fuerzas Armadas, la policía y los paramilitares que se encargaron de masacrar al pueblo que salió a defender la democracia.

Luego quedó claro que el único “fraude” lo había cometido la OEA. El informe fue literalmente destrozado por decenas de especialistas, académicos y organizaciones, incluso de EEUU.

Por ejemplo, el Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR), con sede en Washington, negó que haya sido objetiva la auditoría realizada por la OEA sobre las elecciones de Bolivia. En mensajes publicados en sus cuentas de Twitter en inglés y español, la institución manifestó que el informe final emitido por la OEA acerca de los comicios del 20 de octubre de 2019 en la nación sudamericana repite los mismos errores de sus reportes preliminares e introduce nuevos. “No es una auditoría objetiva”, señaló el CEPR.

Los expertos del centro fueron contundentes al asegurar que el análisis estadístico de los resultados electorales y las hojas de recuento de los comicios en la nación sudamericana no mostraron evidencias de irregularidades o fraude. Por lo tanto, subrayaron que no se afectó el cómputo oficial que le dio al presidente Evo Morales una victoria en primera vuelta, desconocida por los opositores Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, promotores de la fuerte ola de violencia de los días posteriores.
El informe, titulado “¿Qué sucedió en el recuento de votos de las elecciones de Bolivia de 2019? El papel de la Misión de Observación Electoral de la OEA” incluye los datos de 500 simulaciones que muestran que la victoria de Morales no sólo fue posible, sino probable, apuntaron entonces.

El anuncio del Parlasur se suma a la lucha que está librando el pueblo y el gobierno de Bolivia contra la impunidad y en la búsqueda de verdad y justicia con relación a los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura de Yanine Áñez, que incluyó matanzas, torturas, vejámenes y encarcelamientos extra judiciales. Hace dos semanas, luego de un encuentro con el presidente boliviano, Luis Arce, el alto mando de las Fuerzas Armadas aceptó dar información sobre dos masacres contra civiles opuestos al golpe de Estado de 2019.

Asimismo, el Ministerio de Defensa salió a aclarar a las Fuerzas Armadas que la Justicia ordinaria “está por encima de la militar cuando se trata de hechos de violencia y muerte como en Sacaba y Senkata en 2019”, y que el proceso abierto contra el general Alfredo Cuéllar muestra que los eventuales delitos son personales y no involucran a la institución armada, según informó el sitio del diario boliviano La Razón.

La idea es echar a Almagro

El presidente del Parlasur es el autor y principal impulsor de la propuesta de investigar el rol que jugó Almagro en el golpe, para luego presentarlo antes de fin de año a la Mesa Directiva para que sea tratado durante enero.

La Mesa Directiva la integran Laborde, como presidente, y cuatro vicepresidentes: Daniel Caggiani (Uruguay), Arlindo Chinaglia (Brasil), Tomás Bittar (Paraguay) y Luis Emilio Rondón (Venezuela).

Laborde añadió que el papel de la OEA en los comicios del año pasado fue “una cosa descarada, sin pies ni cabeza” y reclamó que ese organismo regional admita “el terrible error que cometió para someter a América Latina y al pueblo de Bolivia”.

Según informó Télam, considerando que el Parlasur es un organismo regional con representantes electos por el voto popular pero cuyas decisiones no son vinculantes, Laborde explicó que “lo que se hará es una investigación y un pedido de explicaciones a la OEA que en todo caso tendrán que llevar ante el organismo los embajadores de cada país miembro”.

No obstante, el legislador regional recordó que las decisiones y sugerencias del Parlasur tienen una incidencia real, como se demostró cuando a sugerencia suya el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia decidió en los días previos de las elecciones, que consagraron presidente a Luis Arce con más del 55 por ciento de los votos, suspender el sistema de Difusión de Resultados Preliminares (Direpe), agregó la agencia Télam.

“Esa decisión de suspender el Direpe descomprimió el clima de tensión, por el que se auguraban posibles hechos de violencia, y todos los participantes de los comicios esperaron la confirmación de los resultados oficiales”, explicó Laborde.

“Por lo visto en Bolivia en la elección, queda claro que no solo no hubo fraude, sino que Luis Almagro justificó con sus declaraciones y acciones un golpe de Estado” agregó.

“El informe presentado por la OEA sobre las pasadas elecciones, sobre supuestas irregularidades nunca pudo ser comprobado por ese organismo y, por lo contrario, fue rechazado por importantes instituciones”, aseguró Laborde.
“La OEA resulta cómplice de la interrupción de la vida democrática en Bolivia, la persecución a dirigentes políticos y sociales, y de las muertes ocurridas”, consideró el dirigente.

“Los estados integrantes de ese organismo deben evaluar autocríticamente su actuación y separar a Almagro de la Secretaría General” concluyó Laborde.
El Parlasur reúne a representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

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