Nuevas evidencias comprometen a Traferri, a quien “no lo pueden tocar” sin pasar por Serjal y Ponce, ambos presos. Timba ilegal y puerto seco. Si elige a los fiscales, renuncia a los fueros.
Setenta y dos horas después de que doce senadores impidieron que su par del departamento San Lorenzo, Armando Ramón Traferri (PJ), pudiera defenderse judicialmente de las acusaciones en su contra como presunto organizador de una estructura de juego clandestino, nuevas evidencias volvieron a exponerlo públicamente como potencial beneficiario de un pacto de impunidad, mientras su abogado anunció por radio el contraataque contra los investigadores y afirmó que, si le permiten escoger a los fiscales que acusen a su cliente, no tiene inconvenientes en someterlo a proceso.
Lo que está en juego detrás de los estrados y escritos judiciales es el ejercicio y la distribución del poder político en Santa Fe. Quién accede a una mayor porción y cómo y para qué lo emplea. La disputa está en marcha; esta semana se escribió un nuevo capítulo. Tanto que el locuaz abogado de Traferri, el ex fiscal durante la última dictadura, José Luis Vázquez, vaticinó que el gobernador Omar Perotti “no va a terminar su mandato”. Y obligó a su cliente a desmentirlo.
La curva
A las evidencias ya conocidas que vinculan a Traferri con Leonardo Peiti –el zar de la timba ilegal de Santa Fe– por medio de la cobertura judicial obtenida a fuerza de divisas mensualmente alcanzadas al ex fiscal Regional Patricio Serjal, y su mano derecha Gustavo Ponce Asahad, el lunes los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra sumaron nuevos elementos.
Ya se sabía que Traferri y Peiti se reunieron más de una vez, que un asesor legislativo llamó al teléfono del capitalista del juego clandestino en nombre del senador, que el capo político del departamento San Lorenzo se encontró con Serjal y que mantenía un frondoso intercambio comunicacional con Ponce Asahad.
De hecho, ambos borraron las conversaciones con el senador y hasta su contacto de los teléfonos móviles.
Esta semana se conoció un nuevo audio, obtenido de una carpeta de la aplicación de mensajería Telegram del teléfono de Nelson Ugolini, empleado de la Fiscalía que conducía Ponce Asahad y también imputado como miembro de la asociación ilícita.
El mensaje es del 6 de febrero pasado y Ugolini se lo envía a la fiscal de San Lorenzo, Melisa Serena, que debe estar maldiciendo su difusión pública.
“Rubia”, comienza dando cuenta de un trato habitual y amistoso, “sé que entraron investigaciones a San Lorenzo del tema. Le tengo miedo a Aquiles (por el fiscal Balbis), no creo que sean tan idiotas siendo fiscal de San Lorenzo de enfrentarte al Pipi Traferri, es lo más peligroso que podés hacer”, describe.
Preocupado, el empleado judicial le dice a la fiscal que “el tema es que Edery hace poco terminó allanando la Jefatura (de Policía) de San Lorenzo”. No es confiable.
Ugolini le aclara a su interlocutora que “si es desde acá de Rosario, para tocarlo al Pipi Traferri tienen que pasar por Gustavo (Ponce Asahad) y por Serjal, sí o sí, no lo pueden tocar si no”.
Ponce Asahad declaró hace tres semanas que él y su jefe eran parte del engranaje estatal de cobertura del millonario negocio ilegal de Peiti, pero que la mesa se completaba con “una pata política” a la que sentó a Traferri y otros convidados.
Sigue Ugolini: “No te olvides que nosotros antes de fin de año nos comimos una curva que lo llamó el propio Pipi a Gustavo (Ponce) y casi lo ahorca, por culpa del idiota de (el fiscal Matías) Merlo que venía de Melincué y quiso hacerse el fantasma. Justo antes de las elecciones este salió a tumbar juego clandestino y puerto seco”. Ahá. Juego clandestino y puerto seco.
Según la investigación de la Agencia de Criminalidad Organizada, Merlo fue el primero en investigar a la familia Peiti por juego clandestino. Pidió allanar domicilios de Rosario para su investigación, pero alguien le avisó al zar del escolazo trucho y levantó los garitos. Hasta inventaron una causa trucha, “melliza”, en Rosario, para desbaratar su tarea.
Contraataque
A 72 horas de rechazado el desafuero, el abogado de Traferri, José Luis Vázquez, dio por iniciado el contraataque. Presentó un escrito ante la fiscal Regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, solicitando el apartamiento de Edery y Schiappa Pietra “por falta de objetividad e imparcialidad”.
Citó jurisprudencia inglesa para agregar que el planteo también encuentra fundamento en la actuación de los fiscales y “causa perplejidad” a su cliente. Iribarren lo rechazó el miércoles al considerar que “carece de legitimación activa para promover el apartamiento solicitado”.
Hombre entrado en años, Vázquez también se sintió agraviado por el escaso tiempo transcurrido entre el nacimiento de Edery y la actualidad. “Los fiscales no pueden criticar al Senado de la provincia, son funcionarios de rango menor. Edery es un fiscal adjunto, y aparte es un chico”, dijo en declaraciones a LT9. En otra radio también pavoneó su adultocentrismo al llamar a Edery y Schiappa Pietra “dos chiquilines”, a los que redujo a “lugartenientes de Sain”, el ministro de Seguridad.
Sin hesitar, explicó que el jovencito Edery “no puede salir a denostar al Poder Legislativo de la provincia” y advirtió sobre el futuro del fiscal: “Esto no va a quedar así, no va a quedar así, la comisión de disciplina va a tomar cartas en el asunto. Vamos a pedir que se cite al Fiscal General (Baclini) para que dé explicaciones de cómo consiente actitudes como la de estos personajes”.
Como advirtió El Eslabón en su edición de la semana pasada: “Teniendo en cuenta que desde hace tres años la Legislatura se quedó con la facultad de sancionar a los fiscales, que antes estaba en la órbita del Ministerio Público de la Acusación (MPA), esta historia no termina con el alivio jurídico otorgado por sus pares al senador sanlorencino. Ofrecerá nuevos capítulos”.
Si me das a elegir
En otro tramo de la entrevista con LT9, aunque también lo repitió en otros reportajes, Vázquez adelantó que su patrocinado está dispuesto a renunciar a los fueros y someterse a proceso penal, si le permiten escoger a los fiscales.
“Si hay un fiscal que nos dé garantía, y mencioné en otra entrevista a dos, mencioné a (Miguel) Moreno y a (Aníbal) Vescovo, nosotros nos ponemos inmediatamente a disposición”, dijo el abogado en referencia a la práctica conocida en el derecho internacional como “forum shopping”, el anglicismo que designa la posibilidad del demandado de someterse a un tribunal del que aguarda una sentencia favorable.
“A mí no me interesa contragolpear, porque no estoy boxeando –aclaró–. Me interesa que las cosas se hagan de acuerdo a lo que dice el derecho”. Y se mostró amplio, porque puso a disposición del MPA a dos fiscales a los que considera a la altura de la tarea encomendada.
Por último, Vázquez fue al meollo de la cuestión, la disputa de poder, al decir en una radio de Puerto General San Martín que “Perotti no va terminar su mandato” porque “no se puede tener una actitud de esta virulencia con los compañeros que lo llevaron al sillón que ocupa. ¡Eso no se hace!”.
La advertencia no es menor. Otros sectores del PJ coinciden en que “no se hace política metiendo preso a los compañeros”. Perotti no llegó a la Casa Gris solo por su buena estrella, sino como parte de un amplio –y diverso– frente interno del archipiélago que es el justicialismo santafesino.
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