El hallazgo a pocos días de terminar el año de dos puzles humanos distribuidos en contenedores destinados al depósito temporario de residuos hogareños produce contundentes efectos en la construcción de la realidad, que descentran las disputas estructurales que asomaron, también, cuando declinaba el 2020. La por ahora frustrada investigación judicial al senador del PJ, Armando Ramón Traferri, como uno de los presuntos organizadores de una banda de juego clandestino en la provincia, puso en escena a un actor que había permanecido soterrado en el mundo de la criminalidad que tanto espanta: el poder político institucional. La prisión preventiva que cumplen dos fiscales –uno que estuvo a cargo de la Regional Rosario– hizo asomar la punta del iceberg de ese entramado, frecuentemente comentado en los corrillos y casi nunca expuesto públicamente. Mientras se mantuvo la violencia altamente lesiva vinculada a los mercados ilegales, con epicentro en Rosario, y creció el delito predatorio junto a la malaria social, algo bueno ocurrió este año en relación al planteo del gobernador, Omar Perotti, que prometió interrumpir los lazos entre lo opaco y lo visible.
De enero a diciembre
El año criminal, por llamarlo de algún modo, se inició con Rosario expuesta, otra vez, en la vidriera de los medios nacionales como la ciudad del narcotráfico y la violencia extrema.
Enero y febrero registraron un número alto de asesinatos violentos –homologables con otros años de la última década– vinculados a las disputas de bandas por el comercio ilegal de estupefacientes. Que existen con igual o mayor intensidad en otros sitios, pero regulado en ocasiones por las fuerzas de seguridad que garantizan de modo más o menos estable consumo y paz.
La caída de los cabecillas y las segundas líneas de las grandes bandas que operaron en el negocio narco dejó a las terceras al frente de un negocio muy redituable que gerencian de modo grosero.
El avance de la pandemia de coronavirus y el consiguiente aislamiento social obligatorio, operó como el placebo perfecto. Sin gente en las calles, con la policía controlando la escasa movilidad, el fenómeno criminal se aplacó.
En una entrevista con El Eslabón, el ministro de Seguridad, Marcelo Sain, advirtió en mayo que el espejismo se rompería pronto.
“Las razones que daban lugar a los altos índices de robos y a los homicidios no han desaparecido. El grueso de los homicidios dolosos está vinculado a relaciones criminales por el narcomenudeo, sicariato por enfrentamiento entre organizaciones o violencia entre personas conocidas o en contexto familiar (…) Las razones de estos delitos no desaparecen con la pandemia. La inviabilidad del sistema policial para dar cuenta de ello tampoco desaparece, por ende creo yo que la vuelta de la circulación de personas no resuelve el problema. Ahora volvemos a una situación donde las razones del desfasaje entre la problemática criminal y la capacidad de respuesta del sistema institucional quedan incólumes, por eso estamos proponiendo un proceso de reforma. Porque el sistema, así como está, no camina más”, dijo entonces.
No le pifió. La expresión “ola de asesinatos” regresó a las portadas de medios locales y nacionales en julio y septiembre. El desfase estaba incólume. Los descuartizados del contenedor son una prueba, ya que la principal hipótesis apunta a la cárcel de Coronda, donde gasta sus días un narco preso, de pocos años y menos escrúpulos.
Reforma y contrarreforma
En medio de ese “regreso a la normalidad”, el Gobierno decidió avanzar en su promesa de reforma y modernización del sistema de seguridad pública.
Antes del inicio de la pandemia, la cartera de Seguridad expuso en varios documentos el estado de situación en el que encontró a la fuerza, que según Sain no era equiparable a la de Noruega sino parecida a del Congo.
Falta de instrumentos, de movilidad, de profesionalismo y hasta de voluntad, combinada con acciones aleatorias de reacción al delito, escasa planificación, autogobierno policial, connivencia con el crimen.
Sobre ese diagnóstico, Sain y su equipo elaboraron tres proyectos de ley que fueron discutidos, durante largos meses, en foros civiles.
Finalmente Perotti envió a la Legislatura los mensajes para la “modernización normativa” del sistema de seguridad pública, actualizado por última vez en 1975, cuando el muro de Berlín estaba firme y la última dictadura no había iniciado el reformateo socio-cultural de la Argentina.
La respuesta legislativa, donde manda el bloque de poder transversal de progresistas que van al frente y peronistas que prefieren la retaguardia, fue el no tratamiento de las leyes y la sanción, en forma cruzada entre ambas cámaras –el mismo día, sin discusión en comisiones y en pocos minutos de debate– de dos normas para condicionar la gestión del ministro de Seguridad.
Casi paralelamente, dos fiscales citaron a imputativa al senador Traferri –uno de los protagonistas del bloque de poder transversal– para acusarlo como organizador del juego clandestino, en una causa que tiene a un capitalista de timba trucha y a dos fiscales acusados.
Como saben los lectores de El Eslabón, la caída del ex fiscal regional Patricio Serjal por presunto cobro de coimas al capitalista del escolazo ilícito estuvo precedida de otros servicios prestados por el funcionario del Ministerio Público de la Acusación, que pareció puesto allí para arreglar asuntos diarios e inmobiliarios. Fue propuesto por el gobernador Miguel Lifschitz, a pesar de ser el último de la terna en el concurso, y aprobado por la Legislatura, una de cuyas cámaras ahora impidió a Traferri ejercer su defensa judicial de la acusación por corrupción al rechazar su desafuero.
Aun así, la revuelta de fin de año constituyó un inhabitual sacudón a la institucionalidad santafesina, pródiga en acuerdos y consensos superestructurales y desacostumbrada a interrumpir la tradicional siesta por la exposición pública de asuntos invisibles que todos conocemos.
Fuente: El Eslabón
