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Detrás del “paro del campo” reaparece la disputa por la rentabilidad diferencial del sector agroexportador y el modelo de país. Defienden transparencia, que no siempre ejercen. Solidaridad o libre oferta y demanda.

El cese de comercialización anunciado por tres de las cuatro entidades patronales del agro reunidas en la Mesa de Enlace, previsto entre el lunes 11 y el miércoles 13 de este mes, apunta a una disyuntiva central de la economía nacional: las capacidades estatales de regular aspectos que considera indispensables para alcanzar el bien común –o lo más parecido a eso– versus los intereses corporativos de un grupo pequeño de grandes empresas trasnacionalizadas que enarbola el discurso del libre mercado y la teoría del derrame.

El asunto quedó expuesto con claridad en la carta enviada por las entidades que integran el Consejo Agroindustrial Argentino al presidente Alberto Fernández, tras la decisión del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de cerrar temporalmente el registro de exportaciones de maíz para desacoplar su precio internacional de los costos de su uso para la cadena agroalimentaria local.

La nota firmada por el vocero de ese espacio, el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, José Martins, es transparente: “Intervenir mercados es destruir producción, empleo, inversiones, consumo y exportaciones”, afirma. Intervenir es destruir. Los mercados se autorregulan.

La disputa con aranceles y cierres de mercados que mantuvieron el año pasado Estados Unidos y China por el comercio internacional y el poderío mundial muestra que las regulaciones no son un invento argentino. Los famosos limones argentos que rebotan en las fronteras norteamericanas, también.

Para los dueños del negocio agroindustrial local, la suspensión por dos meses de las exportaciones de maíz promueve “mayores incertidumbres que generan efectos sobre la inflación y la seguridad alimentaria”, por lo que “es imprescindible retornar al diálogo y el trabajo efectivo”. Que, ya lo sabemos, consiste en quitar cualquier regulación sobre el multimillonario mercado de producción, procesamiento y exportaciones de granos.

El presidente Alberto Fernández le pidió a su ministro de Agricultura, Luis Basterra, que arribara a un acuerdo con el sector para bajar los costos que supone el maíz en la producción de otros alimentos y la alimentación de animales. Le puso como plazo el 31 de diciembre. El acuerdo no llegó y el presidente actuó en consecuencia.

La resolución oficial dice que “esta decisión se basa en la necesidad de asegurar el abastecimiento del grano para los sectores que lo utilizan como materia prima en sus procesos de transformación, básicamente la producción de proteína animal como carne de cerdo, pollo, huevos, leche y feedlot, donde el cereal representa un componente significativo de sus costos de producción”.

Contrapunto

El presidente Fernández reclamó lo que no hay: le pidió a productores agropecuarios y a sectores de la industria alimenticia un “principio de solidaridad” para garantizar el abastecimiento interno.

En un reportaje radial dijo que “el mundo demanda alimentos y suben los precios. Pero los productores argentinos producen en pesos argentinos. Y hace años que no tienen aumentos de luz, gas, además tuvieron bajos aumentos en combustibles, tuvieron ayuda de la ATP. Entiendo que el maíz creció mucho y es una gran oportunidad para exportar, pero no entiendo por qué quieren cobrarle al argentino al mismo precio que paga el mundo”.

La Cámara de Exportadores de Cereales –formada por 31 asociados, entre ellos las grandes empresas del sector agroalimentario– le respondió que “el abastecimiento al mercado interno estaba asegurado para este bimestre dado el incremento relativo en la producción (afectada por la sequía), de 50 millones de toneladas totales, y las sobradas existencias para consumo de aproximadamente 10 millones de toneladas, mientras que la exportación sólo tenía previsto embarcar 1,2 millones de toneladas en ese período”.

La misma CEC señala que el 90 por ciento de una cosecha extraordinaria –50 millones de toneladas– ya fue exportada, sólo resta el 10 por ciento, sobre la que el Estado busca garantizar el abastecimiento interno para contener precios.

La medida, bien intencionada, tiene sus límites. Los expuso el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, quien advirtió que si a los productores “no les conviene” el precio a partir de esta suspensión de exportaciones se pueden “guardar el maíz” por lo que “no habrá disponibilidad en estos meses y eso es más perjudicial”. Una discreta extorsión en medio de una disputa de poder. Saludos al “principio de solidaridad”.

Lo que está en juego es una pequeña porción de rentabilidad diferencial del sector agroalimentario, cuyos principales jugadores no son, justamente, los pequeños productores. El precio del maíz se duplicó durante 2020, según los registros de la Bolsa de Comercio de Rosario. La cosecha, se insiste, fue muy buena.

Tramparencia

El planteo sectorial consiste en que las regulaciones estatales son esencialmente malas. Como el Diablo. Esmerilan la transparencia de los mercados, generan incertidumbres en productores y compradores externos. Con la oferta y la demanda está bien, para qué meterse.

El análisis es puramente particular, sectorial, se desentiende del resto de los habitantes del suelo argentino. Puede calificárselo de egoísta o parcial, pero se trata de representantes de un negocio.

Sin embargo, la pretendida transparencia en los mercados no siempre encuentra una acción homologable en las operaciones de las exportadoras de cereales y derivados.

La historia reciente de Vicentin es el ejemplo más a mano, no el único. Balances dibujados, prefinanciación de exportaciones con banca de la banca pública a golpe de teléfono, triangulación de ventas al exterior desde guaridas fiscales o países con regímenes impositivos preferenciales.

El movimiento de soja que Vicentin Paraguay logró desde una oficina con seis empleados en Asunción es todo un prodigio, tanto que es investigado por presunto lavado.

El mismo día que tres de las cuatro entidades patronales del agro anunciaron el cese de comercialización por tres jornadas, un fiscal federal de Córdoba ordenó 36 allanamientos en esa provincia, en Buenos Aires, Misiones y Mendoza, ante una denuncia de la Afip-DGI por presunta evasión de exportaciones y posible fuga de divisas.

Según la investigación de la Fiscalía Federal 1º, se trataría de una maniobra millonaria de subfacturación de exportaciones, que no tiene tanta mala prensa como los motochorros, pero dañan más al conjunto.

El diario Ámbito Financiero publicó que “la maniobra denunciada y desarticulada con la colaboración de fuerzas federales de seguridad consistía en la exportación de bienes primarios a Brasil por un valor menor al real para desde allí volvía a vender a terceros países”.

“Por esta razón, ingresaban menos dólares a la Argentina. A su vez, se triangulaban los pagos para dirigirlos a otros destinos”, añade.

¿Qué país?

“La intervención en un mercado transparente altera las reglas y genera incertidumbre entre los productores, que retraen la venta de sus stocks y reducen la siembra de la próxima campaña, lo que provoca la reacción inversa para reducir los precios internos”, dicen las pocas grandes exportadoras de la agroindustria nucleadas en la CEC.

Añaden que “esta medida también afecta el mercado internacional porque introduce una variable de incertidumbre en los compradores de terceros países que pueden castigar en compra como en precios al origen argentino”.

El planteo conlleva una presunta inalterabilidad de las reglas de juego, independizadas de los contextos. ¿Deben ser las mismas con el maíz a 100 que a 200 dólares la tonelada? ¿Es igual una cosecha estragada por la sequía o por excesos hídricos que una campaña “normal”?

Si fuera así, si las reglas debieran ser inalterables y las únicas posibles estar sujetas a las leyes de oferta y demanda, ¿por qué el conjunto de los argentinos tiene que aportar con sus obligaciones impositivas a las emergencias agropecuarias por sequía o lluvias de proporciones bíblicas?

El espacio Producción y Trabajo, que reúne a la CTA de los Trabajadores, la Corriente Federal de los Trabajadores en la CGT; la Confederación General Económica, la Confederación Empresaria de la República Argentina (CGERA) y entidades cooperativas y pymes, plantea en un documento el asunto.

Dice que los integrantes de la Mesa de Enlace, “aferrados al dogma del libre mercado plantean un daño irreparable a la confianza de los productores, ya que señalan que el mercado del maíz, a partir de ahora puede intervenirse en cualquier momento y por otro lado expresan su preocupación por no haber sido consultados, agitando el fantasma del intervencionismo del Estado”.

“Aseguran que mientras Argentina registraba una caída de un 4 por ciento del PBI entre 2015 y 2019, la producción de maíz, lácteos y carnes se expandió, pero lo que no dicen es que durante ese periodo lo que también se expandió fue el hambre de los argentinos, la imposibilidad de acceder a la canasta básica de alimentos, algo inconcebible en un país que produce alimentos para 400 millones de personas”, agrega.

Y puntualiza que los representantes de “el campo” en realidad “defienden la paradoja de ser un país que es gran exportador de alimentos y en el que a su vez crece la pobreza, el 50 por ciento de lxs niñxs es pobre y crece la brecha de acceso a la canasta de alimentos producto de esa inequidad”.

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