Luego de que el pasado sábado 16 el presidente Alberto Fernández afirmara que el dictado de clases es “prioritario” y asegure que “en marzo” próximo se retomaría la presencialidad en las escuelas, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) respondió a los anuncios del Gobierno a través de un comunicado en el que se refirió a los desafíos que se presentan para dar inicio al próximo ciclo lectivo y a la necesidad de lograr un acuerdo paritario.
En el texto, el gremio explicó que la decisión de dar comienzo a las clases se consolidará teniendo en cuenta “el estado de la situación epidemiológica en el país y en cada una de las jurisdicciones” y “las condiciones de infraestructura y bioseguridad en las escuelas, con el cumplimiento de los protocolos y acuerdos paritarios que aseguren el cuidado de la vida y la salud de estudiantes y trabajadores de la educación, así como la disposición de recursos tecnológicos y operativos necesarios para el desarrollo del trabajo docente en virtualidad”.
En ese sentido, Ctera remarcó que “un posible regreso a la presencialidad, además de contemplar las definiciones epidemiológicas, requiere de una planificación institucional con diferentes formas de organización de las instituciones educativas” dado que “el distanciamiento social sigue siendo prioritario en todos los ámbitos”.
Además, la entidad gremial valoró la importancia de la vacunación de los y las trabajadores de la educación y destacó: “Ante esta nueva realidad toma mayor vigor la implementación de un plan de vacunación a toda la población de docentes y no docentes, entendiendo que es una estrategia de contención epidemiológica colectiva, junto a la continuidad de los pilares preventivos que ya se ha instalado en nuestra sociedad”. Y agregó: “Son y serán las únicas medidas que desde cada uno y entre todos tendremos para dar batalla a esta vertiginosa enfermedad infectocontagiosa”.
Respecto a la paritaria nacional prevista para el mes de febrero, Ctera afirmó que esta “definirá aspectos centrales en relación no sólo al salario, sino a las condiciones laborales en la que se desarrollará el próximo ciclo lectivo” y sumó que es el estado nacional y las provincias quienes “deben garantizar el cumplimiento y desarrollo de esos marcos, así como las definiciones en cuanto a las realidades específicas en cada una de las jurisdicciones”.
Por último, la organización consideró “clave” el “aumento del financiamiento educativo, que garantice salarios dignos, aumento de puestos de trabajo, y todas las condiciones establecidas en los protocolos definidos oportunamente”.
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