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Primero sucedió con el aceite, después con la carne, días atrás con el maíz, y entre tanta conducta especulativa, vuelta la burra al trigo, y de ahí a la harina, con el consecuente aumento en el precio del pan, que puede ser de Dios pero así sólo multiplica inflación y castiga a bolsillos ajustados y sectores postergados. El alto vuelo de los precios internacionales en dólares de las materias primas del agro incentiva la exportación, ayuda al país con la entrada de divisas, aunque esto cala en una reprimarización de la economía y se traduce en una suba (importada) de valores internos de los bienes de consumo.

El precio del pan, esa pieza de masa leudante, rica y nutritiva, influye en el índice del costo de vida. Los maestros panaderos y fabricantes de pastas señalan a los productores y procesadores de trigo por “especular” con la entrega del grano y la harina. Desde asociaciones de panaderías coinciden en que las limitaciones en los envíos de harina derivaron en un “incremento de los costos de producción” por el salto en los precios de los insumos, tanto en la bolsa de harina, como también en grasas y margarinas. Por ende, ¡pan para arriba!: de los 100 y pico pesos por kilo, a 130, 140, 150, o más, según la región del país, zona o barrio.

Los molineros, por su lado, argumentan que el precio de la harina debe acompañar la escalada del precio de exportación del trigo, se quejan de los “precios máximos” que asigna el gobierno nacional, también refunfuñan de que en Uruguay el paquete de harina de trigo 000, el más económico, tiene un precio dos veces y media superior que el producto equivalente en góndolas argentinas. Y, al igual que los agroexportadores, la industria molinera, que convierte el grano en harina, rechaza más retenciones o cierre de exportaciones “porque generan desabastecimiento”.

Productores y exportadores, beneficiarios directos del precio internacional del trigo, se pasan la pelota y echan culpas al gobierno nacional por el aumento de la harina y el pan, sinónimo de alimento esencial desde tiempos inmemoriales. La gestión de Alberto Fernández expresa la urgencia de desenganchar los precios de afuera con los de adentro (separar la paja del trigo, como bien reza el dicho) para intentar contener la presión inflacionaria, garantizar abastecimiento y acceso masivo a productos básicos.

Para esto, funcionarios del Ministerio de Agricultura de la Nación volvieron a reunirse días atrás con representantes de distintas cámaras que integran el Consejo Agroindustrial agrupadas en la mesa del maíz y la del trigo, donde molineros y productores reclamaron subsidios y líneas de financiamiento para estabilizar precios internos. El gobierno nacional tiene la facultad de, vía retenciones a la exportación, fijar un precio interno para el trigo, y así equilibrar la balanza entre productores, exportadores y consumidores. Por ahora hay mucho diálogo, pero poca praxis productiva.

El trigo y el maíz, ambos de consumo interno, pagan un 12 por ciento de retenciones, en tanto que la soja tributa 33 por ciento. Los derechos de exportación son un mecanismo de intervención estatal, tan aborrecido por productores rurales y agroexportadores, pero que, con lógica de segmentación entre chacareros y grandes terratenientes y hacendados, sirve para desacoplar los precios externos en dólares de los internos en pesos.

El precio del trigo ronda los 250 dólares la tonelada en el Mercado de Chicago y acumuló una suba del 50 por ciento en los últimos cuatro meses. En las cotizaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la tonelada de trigo se ubica arriba de los 20 mil pesos, cuando al inicio de la pandemia estaba a 12 mil. En rigor, la cadena de producción, acopio, industria y exportación de este cereal de invierno, como sucede con el ciclo alcista que experimenta el resto de los granos, con cierta volatilidad en la soja, busca equiparar ganancias extraordinarias en el mercado interno.

En los “Indicadores de la campaña de trigo 2020/2021”, desde la BCR defendieron “el buen ritmo de comercialización” del trigo. “Actualmente, se llevan realizadas ventas por 8,2 millones de toneladas del trigo nuevo (un millón compró la industria molinera, el resto exportación), restando comercializar unas 10,3 millones de toneladas, en línea con el promedio de las últimas campañas”, según la BCR. De las casi 20 millones de toneladas de trigo de la última cosecha, unas seis millones tienen como destino el consumo interno.

La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (Fada) desmenuza en su último informe semestral la composición del precio de tres productos clave en la dieta gaucha, como carne, leche y pan. El relevamiento arrojó que “el consumo de carne de vaca por persona sigue cayendo, y, por otro lado, Argentina se ubica como quinto proveedor mundial de carne vacuna. La leche triplicó su precio, desde el campo hasta que llega a la góndola; y desde el trigo hasta que se convierte y se vende el pan, el precio se multiplicó por siete”.

Tomando como referencia el kilo de pan a casi 108 pesos (antes del aumento), el estudio de Fada detalló que “el trigo representa de ese precio el 12 por ciento (más de 13 pesos), el molino harinero el 6 por ciento (más de 6 pesos), la panadería casi el 57 por ciento (más de 61 pesos) y los impuestos casi el 25 por ciento (27 pesos)”.

Pan y trabajo

El recalentamiento global de precios de los alimentos entre finales del año pasado y la primera quincena de 2021 enciende las alarmas alrededor de la pulseada distributiva y pone bajo tensión la imperiosa mejoría que requiere el poder adquisitivo del salario. Además de la generación de empleo, que los ingresos le ganen la carrera a la inflación es vital para empezar a dejar atrás la crisis social, económica y laboral y recuperar la demanda de la población, motor del mercado interno, un cuadro que empeoró a partir de la emergencia sanitaria y el impacto negativo de la pandemia incesante, mientras avanza el plan de vacunación contra el coronavirus.

El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner amortiguó el impacto de la emergencia sanitaria en el trabajo y en la producción con un paquete de medidas sociales y económicas, que permitieron sostener ingresos, evitaron una mayor destrucción de puestos laborales y hoy posibilitan una sostenida recuperación de la actividad y el empleo en la rama industrial, según se destacó en un análisis de la Universidad Nacional de Avellaneda.

El índice de precios al consumidor acumuló 36 por ciento en 2020, casi 18 puntos por debajo del altísimo nivel inflacionario de 2019 que dejó el macrismo. El incremento de la canasta básica alimentaria en la provincia de Santa Fe durante el 2020 superó el 40 por ciento, según el índice de precios de los supermercados que elabora el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso). En 2020, el salario mínimo quedó catorce puntos atrás de la inflación. En la gestión Cambiemos, sin pandemia, retrocedió casi 25 por ciento.

Los programas oficiales que cuidan los precios, el frenazo del consumo por la cuarentena y las tarifas congeladas ayudaron a la pronunciada baja de la inflación a nivel nacional. Sin embargo, entre el último trimestre del año pasado y en lo que va de enero, con la vuelta de varias actividades, paulatina recuperación industrial, renovadas demandas salariales, precios de granos al alza aunque con relativa paz cambiaria, el IPC promedia el 3,5 mensual, un porcentaje alto.

El gobierno del Frente de Todos, en medio de una pobreza por ingresos que alcanza al 40 por ciento de la población, toma algunas medidas para frenar la inercia inflacionaria pero los formadores de precios no dan el brazo a torcer. Salarios e ingresos familiares están retrasados y las negociaciones paritarias vienen lentas. Mientras, entre los agroespeculadores, el que no corre, vuela.

Fuente: El Eslabón

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