Al bolsillo de las grandes fortunas le llegó la hora de aportar, un 2 por ciento y por única vez, para contener los efectos de la pandemia, luego de que el gobierno nacional reglamentara la ley de aporte solidario y extraordinario de la riqueza.

El Gobierno reglamentó este viernes la ley de Aporte Solidario y Extraordinario para morigerar los efectos de la pandemia (ley 27605/2020) –conocida también como aporte de las grandes fortunas– y sus detalles se conocieron en la publicación del Boletín Oficial.

La reglamentación se concretó a través del decreto 42/2021, tiene 12 artículos y lleva la firma del presidente Alberto Fernández, del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del ministro de Economía, Martín Guzmán.

La ley 27605, que se sancionó en el Congreso el 4 de diciembre último y se promulgó el 18 del mismo mes, establece un aporte por única vez de una tasa del 2 por ciento a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado en el impuesto a las Bienes Personales más de 200 millones de pesos (aunque la tasa va subiendo según el patrimonio). 

La norma, en ese aspecto, establece que la tasa a cobrar se irá elevando según el rango de fortuna que se haya declarado: será del 2,25 por ciento para quienes se encuentren entre los 300 y los 400 millones de pesos; del 2,50 por ciento para aquellos que tengan entre 400 y 600 millones, y del 2,75 por ciento, para aquellos patrimonios entre 600 y 800 millones.

El aporte subirá hasta el 3 por ciento en el caso de las fortunas entre los 800 y 1.500 millones de pesos y se extenderá hasta el 3,25 por ciento para quienes tengan entre 1.500 y 3.000 millones. Por último, a quienes tengan bienes que superen este último valor se les cobrará un 3,5 por ciento.

De esta manera, estarían obligados a pagar alrededor de 12.000 contribuyentes. Además, la ley 27605 determina específicamente cuál será el destino de los fondos recaudados, que serán distribuidos, a saber: en un 25 por ciento a exploración, desarrollo y producción de gas natural; otro 20 por ciento a adquirir equipamientos de salud para enfrentar la pandemia; un 20 por ciento a apoyar a empresas pymes; un 20 por ciento para financiar el relanzamiento de las becas Progresar creadas para apoyar a jóvenes estudiantes, mientras que el 15 restante se utilizará para la urbanización de barrios populares mediante cooperativas organizadas por los vecinos de cada barrio.

La ley de Aporte Solidario y Extraordinario fue pensada para que el fisco sume una contribución adicional de las personas físicas con mayor capacidad económica en un contexto de emergencia, como la pandemia global de Covid-19.

La iniciativa surgió de una serie de ideas y propuestas que se fueron ajustando y que sobre todo fueron impulsadas por el titular de la comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, Carlos Heller (FdT-CABA), y el jefe del bloque del FdT en Diputados, Máximo Kirchner, quienes se convirtieron en las caras públicas del proyecto.

La reglamentación que se conoció con la publicación en el Boletín Oficial, a las 0 horas de este viernes 29 de enero, fija precisiones para calcular el rango de fortuna de aquellas personas que poseen acciones o participaciones en empresas, permitiéndoles, por ejemplo, descontar deudas o pasivos de las empresas a la fecha del 18 de diciembre de 2020.

Otro de los puntos de la reglamentación está referido a la excepción para las llamadas “actividades operativas” ligadas a lo productivo y no a la valorización de activos financieros: el decreto precisa que las actividades cuyos ingresos no provengan en un porcentaje superior al 50 por ciento de rentas pasivas no podrán definirse como “activos financieros”.

El decreto 42/2021 faculta por otro lado a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para que se encargue de “instrumentar los regímenes de información a los fines de recabar datos” y evitar así las operaciones de evasión impositiva. 

En ese sentido, al sancionarse y promulgarse la norma, algunos empresarios con grandes patrimonios que quedarán en la base imponible de esta aporte por única vez amenazaron con iniciar una rebelión fiscal contra una ley que a pesar de despertar mucha aprobación en las encuestas fue al mismo tiempo muy atacada desde ciertos medios de comunicación.

Fuente: Télam

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