Se busca aclarar y juzgar denunciados hechos de violencia institucional desatada desde la recuperación del territorio del Pu Lof Cushamen en Resistencia. La represión que dejó a dos personas al borde de la muerte, además de destrucción en la comunidad, se desató en el kilómetro 1848 de la ruta 40. Fue el inicio de la persecución a la comunidad mapuche, donde el 1° de agosto de 2017 fue secuestrado y luego asesinado Santiago Maldonado.
Sonia Ivannoff, abogada de los querellantes, indica que pasó tanto tiempo porque entre demoras por el funcionamiento de la Justicia y otras causas atribuidas al Covid 19, se quería dar impunidad al accionar de las fuerzas policiales, Gendarmería y al gobierno anterior, con Bullrich a la cabeza.
Fausto Jones Huala, uno de los querellantes y heridos, indicó a El Eslabón: “Llegaron el 10 (de enero) y las 6 ya habían cortado el camino, y pasó un unimog de Gendarmería. Luego vimos que había entre 25 y 26 vehículos, colectivos, camiones, camionetas, carros hidrantes, helicópteros, y aproximadamente 300 efectivos, entre ellos la Policía Montada”.
“Vamos a entrar igual”
“Tenían una orden que sólo refería al despeje de las vías cercanas utilizadas por la Trochita. La comunidad resistió con piedras y se liberaron las vías. «Vamos a entrar igual», nos dijeron, y empezaron a bajar de los colectivos, se pusieron escudos y entraron a disparar. Eran tres bloques de gendarmes con escudos de 40 personas cada formación. Rompieron el alambre y se metieron”, señaló Fausto.
En medio de los tiros, algunos cruzaron a nado el río Chubut. Otros, fundamentalmente las mujeres y los niños, se refugiaron en una casa. “Pero los uniformados rompieron ventanas, el techo y vaciaron el contenido de matafuegos adentro de la casa, rociaron a la gente. Había nenes de dos hasta doce años. A la nena de doce años la sacaron esposada”, explicó.
Un par de horas más tarde, un vecino avisó a la comunidad que la Policía estaba llevándose animales. En dos vehículos, los integrantes de la Pu Lof se acercaron al lugar y fueron nuevamente reprimidos, esta vez con balas de plomo que impactaron contra una camioneta. Otras siete personas fueron detenidas y llevadas a El Maitén. Mientras, militantes de derechos humanos y amigos de la comunidad, llegaron al lugar esa tarde del 10.
Al mediodía del 11 de enero, después del almuerzo, la mayoría de quienes habían llegado hasta la comunidad empezaron a retirarse. “Como a las 19 o 19.30, pasó una camioneta como yendo para El Maitén, con un altavoz que usaban para gritarnos e insultarnos. A la hora volvieron y empezaron a tirar”, relató Fausto.
“Éramos tres arriba, en la guardia. Se estaban metiendo al territorio, no los dejamos, usando piedras”. Eran efectivos de la Infantería de la Policía de Chubut, comandados por Javier Alberto Solorza, el único uniformado sin la cara tapada. “Cuando llegó, ya había dos (policías) que estaban de este lado del alambre, los otros no. Hay un video de unos tres minutos en el que se escuchan los balazos todo el tiempo”.
A menos de diez metros, Emiliano Jones recibió un impacto en la mandíbula. El perdigón le hizo un agujero y se incrustó en el maxilar. “Cuando me pegan –explicó Fausto–, giro la cabeza y los veo a los chicos que se vienen acercando. Me sangraba mucho. Me llevaron a la casa de abajo, me miro en un espejo y vi el agujero. Si no me paraban la sangre, me moría. No vi al que me disparó”.
Un periodista lo llevó hasta el Hospital de Lago Puelo, luego al Hospital de El Bolsón y más tarde al de Bariloche. El golpe del perdigón de goma le provocó fractura de cráneo y la pérdida de la audición de su oído izquierdo. “A mí me sangraba el oído de adentro, mi herida fue interna, me quebró la cabeza y provocó una hemorragia interna”.
Ambos sobrevivieron y junto a Malvina Encina, también herida durante la represión, presentaron la denuncia por “homicidio en grado de tentativa”, que luego derivó en la causa por “lesiones graves” que tiene al Jefe de la Infantería imputado.
“No son delitos comunes”
María Bottini, de la fiscalía, resaltó: “No queremos quedarnos en delitos comunes. Hay prácticas invisibilizadas sobre los derechos de los mapuches y eso no se soluciona con balas y amedrentamientos”.
Tras el ataque, Solozar denunció en Esquel que los mapuches lo habían emboscado, pero el juez de ese momento desestimó la denuncia por ser “relatos inverosímiles”.
Fernando Huala, hermano de Facundo, resaltó que mientras las campañas de judicialización siguieron, también prosiguen las recuperaciones territoriales, que son más de 15 en zonas de Chubut y Río Negro. “Queremos demostrar que hay otras herramientas para usar y que el Estado debe cumplir leyes que están hace más de 20 años y reconocer la devolución de nuestros territorios”.
Testigo perseguido y absuelto
El querellante del juicio que ya comienza, Fausto, es uno de los principales testigos del asesinato por la espalda de Rafael Nahuel. Ese hecho, del 25 de noviembre de 2017, se produjo al entrar el grupo Albatros de la Prefectura a la Lof Lafken Winkul Mapu, en la zona rural de la hoy Villa Mascardi a 35 kilómetros de Bariloche. Traían un orden de desalojo del predio que pertenecería al Obispado de San Isidro
En ese momento, Fausto se vio obligado a permanecer en la clandestinidad para no ser criminalizado. Pero luego se presentó ante la Justicia y fue sobreseído. Se probó también que los mapuches no habían utilizado armas de fuego, como era la versión del Ministerio de Seguridad de la Nación, que aseguraba que había ocurrido un enfrentamiento entre mapuches y Albatros.
Las campañas de medios hegemónicos, la judicialización de los reclamos por territorios y la intervención del Estado, como el invento de la RAM como grupo terrorista para justificar la militarización y represión en la zona, no pudo evitar la resistencia. El juicio, que se hace en Esquel, fue varias veces postergado. “Se trata de una dilación que busca perpetuar la impunidad en relación a un hecho que anunciaba la violencia oficial, luego expresada en el caso Maldonado, y la condena social que movilizó a grandes sectores de la Argentina”.
Fuente: El Eslabón
