El proyecto de reforma en el impuesto a las Ganancias que promueve el oficialismo, que pretende elevar a 150 mil pesos el nivel salarial a partir del cual trabajadorxs en relación de dependencia y jubiladxs son alcanzados por dicho tributo, está enganchado a las negociaciones sectoriales abiertas con gremios, industria y ruralismo por el pacto de equilibrio entre precios y salarios.
La iniciativa también está concatenada al avance en la puesta en funcionamiento del Consejo Económico y Social, donde una multisectorial discutirá políticas más de largo plazo para superar la crisis pandémica y su consecuente impacto socioeconómico. Estos grandes objetivos y otras tantas medidas de urgencia, en general, bien recibidas, muestran a un gobierno activo, que busca sortear la recesión heredada y poner la cabeza en modo after covid.
Mientras llegan más dosis de vacunas al país para combatir el coronavirus y se sostiene un leve repunte de la actividad, la necesidad de recuperación económica, mejoría de los salarios e ingresos familiares y fortalecimiento del mercado laboral y el consumo interno acapara la agenda oficial. La inflación y la escalada de los precios de los alimentos levantan nubarrones en la economía y se apoderan de la preocupación tanto del gobierno como de “la gente de a pie”, sobre todo sectores populares, que destinan la mayor parte de los ingresos a comprar alimentos y otros productos que hacen a necesidades básicas y que sufren a diario el encarecimiento del costo de vida.
La inflación no cede y golpea con fuerza a la base electoral del oficialismo, que le encantaría llegar a percibir un sueldo en blanco alcanzado por el impuesto a las Ganancias, pero está bastante lejos de eso y más cerca de la tarjeta Alimentar, una ayuda social del Estado importantísima para los más vulnerables pero insuficiente. Según el Indec, en enero el índice de precios al consumidor a nivel país fue del 4 por ciento, mientras que el aumento de la canasta básica de alimentos fue superior al promedio general inflacionario del primer mes del 2021.
El Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso), por su parte, relevó que el índice de precios de los supermercados de la provincia de Santa Fe aumentó 5 por ciento en enero con respecto a diciembre y que la suba en la canasta básica alimentaria fue de casi ¡7 por ciento! La seguidilla de aumentos en los combustibles, en un contexto internacional de subida del valor del petróleo, hace más renuente el trajín de rienda corta para los precios domésticos.
¿La reunión hace la fuerza?
En un contexto local y mundial convulsionado y de mucha incertidumbre por la pandemia incesante, la gestión de Alberto Fernández intenta ordenar el desaguisado económico que dejó el macrismo, con crisis de deuda externa incluida, cuadro feo agravado por la peste.
De allí los sucesivos encuentros con gremialistas, grandes empresarios polirubros formadores de precios y representantes del agro que gozan de los valores internacionales récord de los commodities. Todos actores importantes de la economía, pero no los únicos. El campesinado y la pequeña y mediana empresa reclaman un merecido lugar en la convocatoria para discutir precios y salarios.
En 2020, primer año de gobierno del Frente de Todos, además de aumentar la desocupación pese a la prohibición de despidos y la pérdida de empleo y changas en un contexto de restricciones a la movilidad por la pandemia, los salarios volvieron a correr detrás de la inflación. Esa fue una política de Estado durante los cuatro años del macrismo, algo así como un refresh del modelo neoliberal menemista, a propósito de tantas reflexiones necrológicas de los últimos días sobre el ex presidente Carlos Saúl Menem, símbolo controvertido de los 90 y de una cultura política que no termina de morir.
El ajuste encabezado por el empresario Macri fue adrede, en cambio, el Frente de Todos, pandemia mediante, se propone frenar la pérdida en el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, y ubicarlos como combustible para el motor de la economía y el mercado interno. Se verá si lo consigue. En tanto, el sindicalismo empieza a negociar salarios en paritarias y reclama al gobierno que discipline a los vivillos y pícaros formadores de precios para que no se coman las mejoras de bolsillo.
Control machete
El Ministerio de Desarrollo Productivo viene coordinando operativos conjuntos de fiscalización en provincias para verificar el cumplimiento del acuerdo de precios para la carne. Al mismo tiempo, organizaciones sociales se sumaron de manera voluntaria a la campaña nacional de control de precios en los principales hipermercados, destacaron la inversión estatal para paliar problemas desencadenados por la pandemia y apuntaron a las “maniobras de grandes grupos económicos que concentran la producción y distribución de alimentos” en detrimento del bolsillo de lxs trabajadorxs.
Y entre rondas de conversaciones con Ceos para analizar cadena de costos, con conducta moderada y amistosa, hubo un paso a la acción, un golpe sobre la mesa del acuerdo y del diálogo: el gobierno imputó a compañías líderes que comercializan productos de consumo masivo por desabastecimiento, sobre todo en alimentos. Las faltantes en góndolas fueron identificadas dentro del programa Precios Máximos. Las empresas, muchas asistidas por el Estado con el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), habrían incumplido en volúmenes de producción comprometidos. En síntesis, especularon en perjuicio y abuso de lxs consumidorxs.
La láctea Mastellone, la panificadora y elaboradora de pastas Fargo, la aceitera AGD, la multinacional alimenticia Danone, la empresa regional de alimentos agroindustriales Molinos Cañuelas, la compañía global de agronegocios Bunge, la alimenticia Molinos Río de la Plata, la multinacional Unilever, que elabora alimentos, artículos de limpieza e higiene personal, la multinacional P&G, que fabrica productos de limpieza y para el cuidado personal, el frigorífico Paladini y la distribuidora de golosinas Potigian quedaron en la mira de la Secretaría de Comercio de la Nación, que puede aplicarles multas y sanciones. A veces, no todo pasa por la buena voluntad y por un “mayor compromiso” del sector privado.
Banda tributo
Entre el virus y las urnas de este año, primer test electoral, el actual gobierno de Alberto Fernández y CFK impulsa un proyecto de reforma para el impuesto a las Ganancias, tributo históricamente generador de polémica y debates. La propuesta ya cosechó respaldos sindicales (entre otros, gremios como Camioneros o La Bancaria, con buenos sueldos entre sus afiliados) y de casi todo el arco político. La modificación plantea que los asalariados que ganan menos de 150 mil pesos quedan exentos de pagar el impuesto.
El proyecto de suba para el mínimo no imponible de Ganancias, presentado por el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, que desde 2013 hizo del tema su caballito de batalla, conlleva efectos políticos y económicos. Político, porque algunos entienden que se le da protagonismo a Massa como engranaje necesario del frente gobernante y a su idea de reconquistar a la clase media, media-alta. Político también de cara a los comicios legislativos de octubre próximo, aunque los más críticos de la medida, incluso en el propio Frente de Todos, entienden que la mayoría de la base electoral del oficialismo está fuera del alcance del tributo y que la pérdida recaudatoria (unos 40 mil millones de pesos) que asume el Estado puede afectar la asistencia hacia sectores más vulnerables.
Económico, porque desde el gobierno deducen que el dinero que lxs trabajadorxs «ahorrarán» en no pagar Ganancias se volcará al consumo interno y no, por ejemplo, a la compra de dólares como ya sucedió otras veces. Los críticos de la iniciativa argumentan que el proyecto se agita en un contexto de creciente desigualdad y pobreza, y que no es acompañado por una medida complementaria hacia los sectores de menores recursos, como en su momento fue el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), cobrado por nueve millones de personas. Según el Indec, el promedio salarial entre trabajadorxs formales ronda los 40 mil pesos mensuales, mientras que un hogar necesita más de 56 mil pesos para no ser pobre. El salario mínimo, cabe recordar, está apenas por encima de los 20 mil pesos.
El nuevo piso de 150 mil pesos de remuneración mensual que propone la iniciativa, ocho haberes mínimos en el caso de lxs jubiladxs, beneficiaría a poco más de 1.200.000 personas, esto es más del 60 por ciento de quienes tributan Ganancias en la actualidad. De aprobarse el proyecto, en Santa Fe dejarían de pagar el impuesto 98.000 contribuyentes. La franja de trabajadorxs formales y jubiladxs alcanzada por Ganancias, ubicada en la parte más alta de la pirámide salarial-jubilatoria, retrocederá del 25 por ciento actual (en 2020 unas 2,3 millones personas pagaron Ganancias en todo el país), al histórico 10 por ciento de los que tienen mayores ingresos.
Como telón de fondo aparece la necesidad de una reforma integral del sistema tributario argentino, para imprimirle mayor progresividad. Mayor justicia en la estructura impositiva, como sucedió con la ley de aporte de grandes fortunas, que por única vez alcanza a quienes tengan un patrimonio mayor a 200 millones de pesos: el que más tiene, más paga. El economista Jorge Gaggero, reconocido experto en finanzas públicas y administración tributaria, sostiene que tanto el impuesto a las Ganancias (que él cree que hay que llamarlo impuesto a los altos ingresos) y las retenciones, le dan mayor progresividad al sistema tributario. Por eso, una rebaja abrupta en Ganancias sin debatir mayor equidad impositiva traerá mayor desigualdad.
Fuente: El Eslabón
