Casi un año de tiempo le insumió al Ministerio Público de la Acusación (MPA) poder determinar, de modo todavía provisorio, que dos patovicas y dos policías de la provincia de Santa Fe están involucrados en forma directa en la muerte de Carlos Daniel Orellano, Bocacha, de la que este miércoles se cumple el primer aniversario. Hijo de un pescador del barrio Empalme Graneros, el pibe de 23 años fue a bailar la noche del 24 de febrero de 2020 al boliche Sr. Ming del complejo La Fluvial y apareció dos días después flotando en el río Paraná. En la investigación, que aún continúa, fueron imputadas el 8 de febrero cuatro personas por homicidio simple con dolo eventual, que traducido significa que no se puede probar la intención de los acusados de matar aunque se representaron el resultado de sus acciones y de todos modos las continuaron. El fiscal consideró que “el accionar de los cuatro determinó la caída al agua” del joven, mientras aún es materia de discusión si cayó con o sin vida. La actuación del personal policial –que, además, omitió dar cuenta de lo que sabía y falseó las actas del procedimiento– evidencia un modus operandi de la fuerza de seguridad santafesina que aviva la necesidad de su reforma y modernización, estancada en la Legislatura por decisión de la oposición al igual que la regulación de las agencias privadas de seguridad.
Aquella madrugada
Bocacha Orellano fue a bailar al boliche Ming el 24 de febrero del año pasado junto a un grupo de amigos. En el VIP del local fue golpeado por personal de seguridad, según declararon testigos de la causa.
En un baño del comercio el Ministerio Público de la Acusación levantó huellas de manchas de sangre que habían sido lavadas, porque se demoró el aseguramiento de la prueba. El resultado del análisis de ADN para determinar si el perfil genético de esas manchas coincide con el de Orellano aún no se conoce.
Se trata de una pericia clave pues, en caso de resultar positiva, “ahí entra a jugar la participación de más personas, entre ellas el dueño del boliche”, dijo a El Eslabón el abogado Salvador Vera, representante de la querella por la familia de Bocacha.
“De aparecer en algunas manchas el perfil genético compatible con el de Orellano, agravaría la situación de estos imputados y nos pondría a considerar quizá nuevas responsabilidades penales y la variación de la teoría del caso”, abundó.
La segunda secuencia de aquella madrugada se produce afuera del boliche Ming, sobre el muelle 3 de la costanera central. Testigos del hecho declararon ante el fiscal del caso, Patricio Saldutti, que dos patovicas, Fabián Claudio Maidana y Emiliano Oscar López, salieron a buscar a Orellano, lo encontraron y lo acorralaron contra la baranda del muelle, produciendo su caída al río.
Vera señaló que “todos los relatos son coincidentes en un aspecto: en que el grupo de seguridad salió a buscar a Orellano, que lo encuentran, que lo abordan, que lo acorralan, lo agreden y termina con Orellano en el río”.
De esa escena también participaron dos policías que presentaban servicios adicionales en el local, y que son pareja: Karina Laura Gómez y el subinspector Gabriel Julio Nicolossi. Ambos habían sido imputados al inicio de la investigación por falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La caída al río de Bocacha se sitúa, de acuerdo a la investigación, entre las 4.30 y las 5 de la madrugada del 24 de febrero. Gómez dio aviso a la Prefectura a las 5.30, según quedó registrado.
Además, la mujer denunció que le pareció que un joven, que estaba mareado, había caído al río. A través de testimonios y otras pruebas, el fiscal pudo demostrar –con el grado de certeza correspondiente a esta etapa del proceso penal– que la pareja de policías y los dos patovicas golpearon al joven y lo acorralaron hasta hacerlo caer al río.
La querella de la familia Orellano realizó ese planteo en la investigación y lo acentuó con movilizaciones. El fiscal Saldutti recién avanzó a principios de este mes, cuando decidió acusar a Gómez, Nicolossi, López y Maidana por homicidio simple con dolo eventual, imputación que fue aceptada por el juez Gustavo Pérez de Urrechu, quien además les dictó prisión preventiva por dos años.
Teoría del borracho
Tras la caída de Bocacha al río, luego de ser golpeado y acorralado por policías y patovicas –según la acusación del fiscal–, los empleados públicos de la Policía de Santa Fe firmaron el acta de procedimiento 155/20 con su –falsa– versión de los hechos.
En ese documento oficial de valor jurídico hicieron constar que observaron “detrás de las barandas de seguridad, lo que a simple vista parece ser una persona acostada sobre el suelo y que en un momento desaparece, como si hubiese caído al agua”.
En base a la prueba disponible aún no está claro si a “lo que parece ser una persona” lo tiraron o lo indujeron a hacerlo luego de golpearlo. Lo que sí determinó la investigación es la falsedad ideológica del acta policial, confeccionada para garantizar la impunidad de los propios firmantes y sus cómplices.
Los exámenes toxicológicos practicados al cuerpo de Carlos Orellano determinaron, además, que tenía bajo nivel de alcohol en sangre. Otra prueba que hizo caer la teoría del borracho malo que quisieron construir los patovicas y policías que, al parecer, lo asesinaron.
Omitir que ellos habían interactuado con Carlos, como se probó después a través de testimonios, indujo a un desvío de la investigación. “Esta situación de relevancia fue intencionalmente omitida por los imputados en el acta, generando de este modo un perjuicio para la investigación por la tergiversación de la realidad de los hechos”, sostuvo el fiscal Saldutti en diciembre de 2020, cuando acusó a Gómez y Nicolossi por incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica en instrumento público.
También el comisario Pablo Alejandro Bagli, jefe de la seccional 2da en aquel momento, y la sumariante Brenda Leis fueron imputados el año pasado, por los mismos delitos.
Lo que da cuenta del accionar corporativo de la Policía cuando uno de sus miembros atraviesa la frontera de la legalidad para pasarse de bando.
Leis estuvo de guardia en la comisaría 2da los días 24 y 25 de febrero de 2020. La fiscal que tomó el caso de la “desaparición” de Bocacha, Valeria Piazza Iglesias, ordenó secuestrar las cámaras de videovigilancia ubicadas en la zona de La Fluvial y las del propio boliche Ming, donde había sido visto por única vez el joven cuyo paradero era desconocido.
La sumariante pidió los registros de las cámaras pero del 17 de febrero. Su jefe, el comisario Bagli, estampó su firma en el presunto fallido.
A Leis también se la acusó por no protocolizar el acta que Karina Gómez presentó, de modo manuscrito –y, ahora sabemos, falso– con los detalles del procedimiento.
Al jefe Bagli el fiscal le achacó haber desobedecido la orden de la fiscal Piazza Iglesias, quien le indicó que fuera a buscar las cámaras del boliche Ming y secuestrara sus registros.
Para no molestarse se las pidió al dueño del boliche, que la noche del hecho estaba en su oficina, por lo que podría no ser ajeno a lo ocurrido. Aún no hay prueba en su contra, por lo que rige para él la presunción de inocencia. ¿Qué sucedió con los registros fílmicos?
Las cámaras no funcionaban desde unos días antes del incidente que derivó en el asesinato de Orellano.
Ejercer violencia
Tras varias idas y vueltas y reclamos y movilizaciones de familiares y amigos de Orellano, el fiscal Saldutti ordenó la detención de los cuatro implicados y los llevó a audiencia imputativa el 8 de febrero.
Para entonces ya tenía una serie de estudios complementarios solicitados a los peritos forenses de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El fiscal le atribuyó a Gómez, Nicolossi, Maidana y López “en horas de la madrugada del día 24 de febrero de 2020, mientras se encontraban cumpliendo servicio de policía adicional los dos primeros y seguridad privada los segundos, todos para el local bailable tipo boliche denominado Sr. Ming River House, aproximadamente entre las 4.30 y las 5, luego de que Carlos Daniel Orellano fuera retirado del boliche, y encontrándose todos los nombrados fuera del mismo, el haber ejercido violencia física contra la persona de Orellano”.
Según la acusación, el hecho “sucedió dentro del complejo La Fluvial, en cercanías al Muelle 3, tras rodear a la víctima contra la baranda del río Paraná, aprovechándose de la superioridad física y numérica, y habiéndolo golpeado, determinaron con su accionar que Orellano salte las barandas de protección del muelle y caiga a las aguas del río Paraná, circunstancias que le provocaron la muerte”.
El documento recuerda que “el cuerpo sin vida de la víctima, salió a flote el día 26 de febrero en aguas del río Paraná a la altura del kilómetro 418, en cercanías al lugar del hecho imputado”.
Además, sostiene la acusación –que fue aceptada por el juez– que “tiempo después de la caída de Orellano al agua, la imputada Gómez dio aviso a la central de emergencias del 911 (a las 5.36 horas) y a personal de Prefectura Naval Argentina (aproximadamente 5.30 horas) del hecho pero omitiendo informar la verdad del mismo”.
Finalmente, Saldutti sostuvo que “luego todos los imputados se retiraron del lugar, sin brindar colaboración con las tareas de rescate de la víctima, impidiendo con su accionar que el personal de Prefectura Naval que concurrió tras el llamado, pudiera llevar delante de manera efectiva las primeras acciones de búsqueda y rescate”.
En declaraciones posteriores, el fiscal dijo que “el accionar de los cuatro imputados determinó la caída al agua” del joven, y no pudo brindar precisiones acerca de si fue arrojado al río, obligado a tirarse o se cayó.
“Él saltó la baranda, del otro lado hay un escalón que continúa el piso del muelle por unos 70 centímetros más, y no tenemos certezas si cayó inmediatamente o si hubo un nuevo forcejeo que le produjo la caída”, dijo.
“Si pudiéramos reconstruir con pruebas que fue intencionalmente arrojado desaparecería la eventualidad del dolo y podríamos ir por un dolo directo”, abundó.
Algo de justicia
“Estas últimas imputaciones que le caben a estas cuatro personas como responsables de la muerte de Bocacha han venido a traer un poco de tranquilidad y una sensación, aunque sea con un poquito de justicia, para la familia de la víctima que transitó todo el año y este proceso pidiendo este avance”, dijo el abogado Vera.
La tarea no fue fácil y, como suele ocurrir en casos de violencia institucional, una parte del éxito judicial está sujeto a la capacidad de movilización social de los familiares de las víctimas para exigir justicia.
“Nosotros –agregó Vera– siempre planteamos que había elementos para avanzar respecto de estas imputaciones y de estas cuatro personas, y en relación a estos terminan dando de alguna manera la razón en este sentido”.
Edgardo Orellano, el papá de Carlos, fue uno de quienes se pusieron al frente de la demanda de justicia. El 27 de febrero de 2020, al día siguiente de la aparición del cuerpo de Bocacha, logró reunirse con el presidente Alberto Fernández, que visitó Rosario por el aniversario de la creación de la bandera nacional.
“Todos estamos de acuerdo en lo mismo, hay que cambiar la Justicia y la seguridad para poder trabajar en un país libre y soberano”, dijo Orellano tras el encuentro.
Aunque la investigación recién se iniciaba, el pescador ya intuía lo que unos meses después iba a enfrentar: “De esta Justicia no espero nada. Hay que modificar la Justicia, esta no sirve, es un circo, un antro de corrupción”.
El presidente demoró el inicio del acto por la reunión con Orellano. Luego centró su discurso en el crimen organizado y las demandas de un correcto servicio de justicia.
Dijo que haría “todo lo que haga falta” para que la sociedad “deje de reclamar justicia” y advirtió que “Argentina no tiene más espacio para soportar al crimen organizado”.
Fernández sostuvo que Rosario “es una ciudad donde la Justicia tiene que hacer más de lo que hace” y que su gestión busca “solucionar los problemas que el narcotráfico y el crimen organizado han creado en Rosario y en todo Santa Fe”.
A un año de aquellos hechos se produjeron las primeras imputaciones por la muerte de Bocacha. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos oficiales, una parte de la sociedad aún soporta las consecuencias del crimen organizado y Santa Fe aguarda una reforma y modernización de sus fuerzas de seguridad que, como este caso revela, carecen de profesionalismo y en ocasiones actúan en sentido opuesto al que motivó su creación y existencia.
El proceso de cambio propuesto por el Gobierno provincial encontró un escollo en la oposición política del Frente Progresista y en sectores del propio oficialismo, que braman por taquígrafos y respuestas mágicas para morigerar “la inseguridad” y rechazan el desafuero de un legislador investigado por su presunta relación con el crimen organizado.
Fuente: El Eslabón
