Mantené los 2 metros de distanciamiento - Provincia de Santa Fe

 

 

Juan Valerdi es un “economista políticamente incorrecto/sincericida”, según se presenta en la red social Twitter. Entre la polvareda que levantó el escandalete por irregularidades en la vacunación anticovid, el docente de macroeconomía en la Universidad Nacional de La Plata no pierde de vista, con mirada aguda y filosa, los temas candentes que combina al rojo vivo la realidad económico-política de la Argentina, donde grandes grupos empresarios gozan de privilegios y vacunan a la población con precios abusivos en alimentos y servicios básicos.

“Para que los salarios aumenten por encima de la inflación, en las paritarias el Estado debe estar del lado de los trabajadores. Y, al mismo tiempo, hay que contener la inflación y para eso hay que confrontar fuerte con formadores de precios”, entiende Valerdi, al compás de las negociaciones del gobierno nacional con sindicalistas y productores alimenticios y ejecutivos de compañías de servicios para alcanzar acuerdos de precios y salarios.

El ex asesor del Banco Central durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont, de la UIF, la unidad de información financiera, del banco Nación y de la comisión Pyme de la Cámara de Diputados de la Nación, sostiene que el equipo económico del gobierno nacional logró calmar el dólar “dándole carne a los tiburones”, y alerta que en cualquier momento los peces gordos pueden volver a mostrar los dientes y dar otra mordida cambiaria.

El especialista en inteligencia antilavado y antievasión descree de que el Consejo Económico y Social sirva para debatir un proyecto de país en serio a largo plazo porque “está dominado por capitostes de la industria”. En un contexto de crisis económica, pandemia y pobreza en alza, considera “irresponsable” una suba en el piso del impuesto a las Ganancias porque beneficiará a la parte más alta de la pirámide salarial. Para Valerdi, tanto en la discusión con el FMI por la deuda externa como en el debate por la administración de la hidrovía, “se juega la soberanía del país”.

—El discurso oficial plantea que la recuperación económica debe ir de la mano de una levantada del mercado interno y para que esto ocurra los salarios deben aumentar por encima de la inflación. ¿Cómo, de qué forma, esa teoría se lleva a la práctica?
—Para que los salarios aumenten por encima de la inflación hay dos cosas obvias. Una, que en la paritaria el Estado ayude a los trabajadores a obtener la suba salarial máxima posible. Eso ocurrió durante el kirchnerismo, con el Estado del lado de los trabajadores en la mesa de negociación, donde hay un desequilibrio importante entre el poder de fuego de los empresarios y de los trabajadores. Durante el macrismo, el Estado estuvo del lado de los empresarios con total alevosía y eso trajo como resultado la pérdida de un 25 por ciento del salario real. Por otro lado, tenés que ver qué pasa con la inflación, porque si lográs un aumento importante, ejemplo 35 por ciento, y en vez de tener una inflación del 29 por ciento como proyecta el gobierno para este año, la inflación termina en 45 por ciento, toda tu estrategia se va al tacho. En diciembre hubo una inflación del 4 por ciento, igual en enero, por eso es urgente contener la inflación de la canasta básica y servicios. Aunque para febrero se espere un poco menos, el problema es que la inflación mayorista de enero, que siempre anticipa lo que viene, fue más alta que ese 4 por ciento. Para que la inflación anual sea del 29 por ciento como proyectó el gobierno y como se pretende instalar en las paritarias como número orientativo, tenés que tener en promedio un 2,2 por ciento de inflación mensual. Si hubo un mes, enero, del  4 por ciento, y para febrero se estima una inflación del 3,5 por ciento, tenés que tener varios meses por debajo del 1 por ciento para compensar eso y la verdad lo veo complicado. Máxime si la estrategia gubernamental para contener la inflación son pactos de caballeros con tipos que no son caballeros, ceos y gerentes de multinacionales y grandes empresas que tienen oligopolios y monopolios en la formación de precios de los alimentos, cuyo único objetivo es ganar guita de cualquier forma, como hicieron durante el macrismo, por ejemplo en los servicios públicos privatizados al subir tarifas 1.500 por ciento, llevándose por delante a la población, a las pymes y a toda la trama industrial.

—¿Cuáles serían las mejores estrategias antiinflacionarias con justicia social, con distribución más equitativa del ingreso, que podría implementar el gobierno del Frente de Todos?
—Las medidas puntuales, técnicas, son anecdóticas. No hay medidas mágicas. Lo que tiene que quedar claro es una línea de decisión política. Hay que cuidar los precios de la canasta básica para que la gente la pueda comprar y para que la pobreza y la indigencia dejen de crecer. Para eso te tenés que meter con todos los organismos del Estado, con todos. Además de la Secretaría de Comercio, con la Afip, UIF, Banco Central, la CNV de la Bolsa de Comercio. Te tenés que meter en las empresas y revisar hasta el último numerito de formación de costos de producción y precios, de ganancias, de pago de impuestos y demás. A cara de perro, porque en esto no solamente al gobierno le va su paz social y el bienestar de su población, sino también su futuro político. Si llegamos a las elecciones de octubre y la inflación terminó siendo muy superior a la proyectada por el oficialismo, corrés el riesgo de una derrota en las elecciones, lo que sería grave para la situación de la Argentina, sobre todo viendo lo que hay enfrente del gobierno. Entonces hay que dar señales claras de que vas a fondo en la confrontación con monopolios y oligopolios que forman precios, con exportadores que priorizan ganancias y no el mercado interno.

—Hace pocos días el Estado hizo un llamado de atención a compañías líderes, sobre todo del rubro alimentos, poniendo en práctica mecanismos de control de precios y de detección de comportamientos desleales, como desabastecer las góndolas.
—Si los que forman los precios ven que el gobierno da señales tímidas y tibias o pide disculpas para tomar medidas, estamos complicados, incluso con estas supuestas imputaciones a grandes empresas. Imputación quiere decir que hay una causa penal, en este caso por ley de abastecimiento, pero no hubo tal cosa. Fue apenas un apercibimiento. El gobierno les concedió a las empresas un plazo para que regularicen la producción. El tema se presentó como que el gobierno iba a fondo, pero yo no lo veo así.

—Del otro lado hay fuerte resistencia a la intervención estatal, como se vio con productores agroindustriales en la mesa del trigo, del maíz y de la carne en un intento por desacoplar precios internacionales de los del mercado local.
—El gobierno tiene que desenganchar el precio de algunos commodities internos porque forman parte de la cadena de producción de carne, lácteos, huevos y demás. Pero la confrontación no es entre el gobierno y los productores. La principal confrontación es con los exportadores. Entre cinco y seis firmas multinacionales manejan las exportaciones de productos agrícolas y en algunos casos además son beneficiarios de la suba de más del 40 por ciento en dólares en el precio de granos y oleaginosas. Arrodillan a chacareros, pequeños y medianos productores, para ponerlos del lado de ellos, cuando muchas veces los están estafando. El Inta lo explicó bien. Muchos de los exportadores descuentan retenciones completas a los productores como si todo fuese a exportarse en formato de granos. Y sin embargo después esos mismos compradores venden a los molinos que convierten granos en harina o aceite, subproductos que tienen retenciones mucho más bajas que los granos. El truco les reporta un 20 por ciento de ganancia extra. Los productores no tienen conciencia de esta estafa y confrontan con el gobierno. Otra vez: hay que meterse muy adentro de las empresas y no tragarse lo que está escrito en la contabilidad, donde dibujan todo.

—El equipo económico achicó la brecha entre el dólar oficial y el paralelo, viene desalentando expectativas de devaluación, proyecta para este año una suba del dólar por debajo de la inflación. ¿Cómo ves el manejo del frente cambiario?
—Para desactivar el golpe cambiario del año pasado, el ministro (de Economía, Martín) Guzmán le dio carne a los tiburones. Les dio un montón de bonos en dólares (dólar linked). Eso les permitió a los grandes jugadores del mercado tener un activo dolarizado, que además paga tasa de interés, y se calmaron por un tiempo. Después de eso el ministro Guzmán mantuvo reuniones con grandes capitales de la industria, Paolo Rocca y algún otro. Con carne a los tiburones consiguió calmar al dólar, pero las capacidades que tienen los que hacen golpes cambiarios están intactas, porque no hubo una normativa que cambie las formas en que se maneja el mercado de cambios, el contado con liqui, el dólar Bolsa y demás. Entonces, si algo no les gusta, pueden volver a presionar sobre el dólar. Esto por el momento no ocurre porque los grandes empresarios, lejos de irse con caras largas de la última reunión que mantuvieron con Guzmán, lo aplaudieron. Mientras el Estado no se meta fuerte con los formadores de precios seguramente el dólar va a estar bajo control.

—Otra fuente de tensión inflacionaria es la seguidilla de subas en combustibles, con el consecuente impacto en precios por el encarecimiento del transporte logístico y de reparto.
—Tanto el combustible como la energía eléctrica y el gas están incorporados en las empresas como un costo de producción. Por lo tanto cada vez que el gobierno autoriza una suba lo que está haciendo es alimentar la inflación por el lado de los costos. Impacta, sí. Y las empresas tienen la excusa para exagerar cuánto pesan esas subas dentro de sus costos.

—¿El Estado debe regular más y segmentar más las tarifas de gas, luz y otros servicios básicos?
—Las tarifas están reguladas, pero el problema es que la fórmula de cálculo fue elaborada por los propios dueños de las empresas cuando gobernó el macrismo. Esa forma de calcular las tarifas es una dolarización de hecho. Federico Bernal, interventor en el Enargás, presentó una serie de observaciones donde se detectan los dibujos sobre los cuales se hicieron los cálculos de las tarifas. Por ahora no se avanzó demasiado en revisar en profundidad todo lo que se ha hecho durante el macrismo en esta materia.

Yoga, peronismo y soberanía

Además de economista, Valerdi es profesor de yoga, recibido en la India en 2017. “Me metí en el yoga para ver si lograba aplacar un poco toda la mala onda que reina en la economía”, cuenta entre risas. “¿Cómo se llevan el yoga y la economía?”, pregunta el eslabón. “Si lográs que se lleven bien podés ser un economista informado y feliz, si no es complicado, más en Argentina, salvo que te hayas dedicado a ser un mercenario, como muchos de los economistas de este país”, alega.

Abierto al debate, cerrado a los fanatismos, Valerdi también se define como “peronista por decantación”. Y añade: “No tengo una historia familiar ni personal ligada al peronismo, pero me fui juntando, interactuando con gente cercana y partícipe del peronismo y me siento parte del peronismo por la forma en que acomoda las prioridades, entre las cuales hay un proyecto de país para los 44 millones de argentinos y una Patria grande, y no uno que alcance a la mitad de la población, exportador primario y sin industria”.

—Hablando de proyecto de país, ¿qué expectativas abre el Consejo Económico y Social para abordar grandes objetivos o temas que escapan a la urgencia caliente de la coyuntura?
—Lamentablemente, que el Consejo esté a cargo de (el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo) Beliz y de algunas personas con buena voluntad pero que tienen poca capacidad de imposición de medidas o para planificar un proyecto de país, no me inspira mucho optimismo. Lo veo como una galería para hacer de cuenta de que se está trabajando en un proyecto de país a largo plazo. Pero para construir esto hay que hacerlo con fuerzas que estén alineadas detrás de ese proyecto de país, como pymes, movimientos sociales, sectores de la ciencia, la tecnología, la investigación, y darles menos cabida a los grandes capitostes de la industria que están ahí o de empresas de servicios, que no merecen mi admiración.

—¿Qué opinás del proyecto de modificación para el impuesto a las Ganancias?
—Me parece un proyecto demagógico de (el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio) Massa, que permite que no paguen el impuesto mal llamado Ganancias, cuando en todo el mundo es el impuesto a los ingresos, gente que gana hasta cinco veces más que el promedio salarial. Según la última Encuesta de Hogares del Indec, el ingreso promedio por cabeza, tomando al conjunto de la población, es de 22 mil pesos, y si tomás el promedio de quienes tienen ingresos regulares, el 60 por ciento de la población, llega a 33 mil pesos. Este impuesto es el más progresivo. No estoy diciendo que el que gana entre 100 y 150 mil pesos por mes tira manteca al techo. Digo que hay una parte importante de la Argentina que está mucho peor. El IFE (ingreso familiar de emergencia) se lo dieron a nueve millones de personas para que sobrevivan. Si en un contexto de crisis económica, de salida de una pandemia donde todavía no se ha vencido el virus y con casi un 40 por ciento de pobreza en el país, que la preocupación pase por los que más ganan, me parece un proyecto demagógico o suicida, porque esa misma clase media también depende del Estado desde el punto de vista de la educación, de la salud, y ya sabemos qué pasa cuando el Estado se ausenta. Es un proyecto irresponsable, injusto para la situación social y económica actual.

—La marcha de la economía nacional y sus signos de repunte están de alguna manera condicionados por la incertidumbre que todavía genera la pandemia. ¿También por el resultado que arroje la negociación por la deuda que dejó el macrismo con el FMI?
—La economía actual no está condicionada por la deuda externa. Lo que sí está condicionada con la deuda, sobre todo con el FMI, es la soberanía de la Argentina y el futuro. Lo que se hizo con los acreedores privados es patear el problema para adelante. El FMI impone condiciones que no están escritas y tienen que ver con la soberanía, por ejemplo con la hidrovía. Entonces esa negociación no afecta a la economía actual porque ya el FMI y sus burócratas no hacen tanto hincapié con reformas laboral o jubilatoria, más allá de que las siguen pidiendo. Estados Unidos está en una puja con China, en especial en la región latinoamericana, y busca condicionarte, por ejemplo, en las definiciones sobre la hidrovía y su logística. La recuperación económica depende mucho más de lo que pase con las paritarias, la inflación y el consumo interno que lo que pase con el FMI. Eso no quita que lo que pase con el FMI y los acreedores hipoteque el futuro. Y además, si la idea es negociar de buenas maneras, como con los privados, con quita de capital ínfima, y lo mismo con el FMI, lo que estás haciendo es darle amnistía a todos los funcionarios que entregaron soberanía cuando endeudaron al país en niveles récord durante el macrismo. Esa amnistía les asfalta el camino para que, ojalá que no, si vuelven a ser gobierno, vuelvan a hacer lo mismo porque saben que tienen impunidad garantizada.

—El río Paraná y sus vías navegables quedaron en debate tras idas y vueltas entre estatizar o reprivatizar. ¿Pensás que el control y la administración estratégica del comercio fluvial debe estar en manos del Estado y no de privados?
—Durante el Consenso de Washington y de la mano del difunto Carlos Menem la hidrovía se entregó a empresas multinacionales y eso no sólo tuvo y tiene implicancias económicas desde el punto de vista de la evasión, elusión y contrabando con todo lo que sale por ahí, sino que además pesan cuestiones geopolíticas que tienen que ver con el movimiento del tipo de mercadería y, al mismo tiempo, con la geopolítica del Atlántico Sur, afectada a esta vía central, que es la de mayor movimiento fluvial del mundo, con comercialización de proteínas vegetales para la alimentación humana o para animales que terminan alimentando humanos. La hidrovía tendría que estar en manos del Estado nacional y de todos los estados provinciales, no sólo de los distritos directamente involucrados, en una especie de consorcio de empresa estatal.

Fuente: El Eslabón

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