La plataforma digital para el traslado de personas puso primera en Rosario sin la habilitación correspondiente, y por eso la Municipalidad le paró el carro, presentando una medida cautelar que impida su operatoria.

Desde el Palacio de los Leones acudieron a la Justicia a fin de solicitar medidas que impidan la operatoria de Uber, ya que no cuenta con habilitación por parte del Ejecutivo local, única jurisdicción con facultades para regular en la materia.

En este sentido el municipio radicó ante el Juzgado Civil y Comercial N° 7 (a cargo del doctor Marcelo Quiroga) una acción cautelar contra “Uber Argentina” a fin de que la Justicia ordene “eliminar o suspender dicha aplicación para celulares (app) en la ciudad de Rosario y/o de la página o sitio web www.uber.com en las que promocione tanto el denominado socio-Uber o conductor como el servicio o solicitud de traslados mediante automóviles particulares por usuarios del sistema”.

“El municipio tiene a su cargo la regulación del sistema público de transporte dentro de la ciudad como consecuencia de mandatos legales expresos. Es por ello que tiene reglamentado tanto al servicio de taxis como de remises con ordenanzas vigentes y reglamentadas”, recordaron.

En un comunicado de prensa, desde la muni indicaron que “se trata de un servicio público reglado cuyo fundamento no es más que el interés de garantizar la continuidad del servicio, el régimen tarifario, las seguridad e higiene de las unidades, seguridad del tránsito (licencia profesional, seguros), idoneidad de conductores y agencias, entre otras, lo que en síntesis implica garantizar el «interés general» en la materia”.

Además, remarcaron que la empresa demandada no ha solicitado habilitación ni permiso alguno para operar en el ámbito de la ciudad como “agencia” u otra figura comercial a fin de registrar conductores con o sin vehículo automotor para prestar servicio público de transporte y traslado de personas a quienes lo soliciten por el medio electrónico diseñado y promocionado.

“En otras palabras –indicaron desde el Ejecutivo local– Uber no cuenta con autorización del municipio para el servicio público de automóviles de alquiler con o sin reloj de taxímetro. La contrapartida de la regulación aludida es el poder de policía que se debe ejercer para garantizar que ese «interés general» no sea dañado”.

Por último, explicaron que “por todo ello es que se presentó la acción mencionada –técnicamente se trata de una Medida Cautelar Autónoma o Autosatisfactiva– para que la Justicia resguarde el cumplimiento de las normas aludidas y ampare el interés general que se pone en riesgo por la conducta ilegal asumida por la firma Uber”.

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