El FdT apura el proyecto para fijar nuevo tope en impuesto a los ingresos a fin de reactivar el consumo, en un contexto de alta presión inflacionaria sobre el salario y crisis socio-laboral.
Después del tónico discurso presidencial en la apertura del año legislativo, donde Alberto Fernández marcó prioridades, entre ellas la campaña de vacunación anticovid y la recuperación económica, el Frente de Todos buscó imprimirle ritmo a la agenda parlamentaria, con la pulseada electoral 2021 en la mira.
Así, el oficialismo avanzó con el proyecto de ley para elevar de 98 mil a 150 mil pesos el tope salarial a partir del cual se pagará impuesto a las Ganancias, le introdujo retoques por petición sindical y lo dejó listo para su tratamiento, debate y aprobación en Diputados antes de fin de mes. También busca introducir cambios en beneficio de monotributistas y autónomos: todos «alivios» que apuntan a la ancha clase media con la intención de mejorar ingresos y reactivar el consumo.
La Argentina lleva un lustro de caída de salario real en un entramado de alta inflación. Al compás de una tenue levantada económica de la mano de la industria, el gobierno nacional se plantea un acuerdo de precios y salarios y que este año los aumentos en paritarias superen aunque sea por algunos puntos a la inflación y así empezar a motorizar el mercado interno, sin descuidar la «sostenibilidad fiscal», como pregona el ministro de Economía Martín Guzmán.
Al proyecto de Ganancias, que beneficia a quienes ganan en promedio siete salarios mínimos, se contraponen los bajos impuestos que paga el gran capital, como súper ricos y compañías multinacionales (evasores/fugadores) y, por otro lado, una crisis de doble pandemia (macrismo+coronavirus) que empeoró todos los indicadores sociales, con subas incesantes en precios de alimentos, retrocesos en el poder de compra de los sectores populares y más del 40 por ciento de la población argentina viviendo en la pobreza.
La propuesta legislativa exime de pagar el «impuesto a los altos ingresos», como se lo llama en otros países, a poco más de 1.200.000 trabajadorxs y jubiladxs, que si bien se ubican en la parte más arriba de la pirámide salarial lejos están de tirar manteca al techo o abrir cuentas offshore en paraísos fiscales. Con la «liberación» de ese millón y pico de trabajadores, que empezó a pagar el impuesto durante el macrismo por falta de actualización de escalas nominales frente a la estampida inflacionaria, se retrotrae la situación a 2015. A partir del nuevo tope, se calcula que unos 800 mil contribuyentes continuarán pagando el impuesto.
No obstante, hay un universo de 12 millones de trabajadorxs registradxs, entre el sector privado, público y monotributistas, donde conviven diferentes realidades. En plena pandemia, cabe recordar, el gobierno abrió un registro para otorgar un ingreso familiar de emergencia, el IFE, diez mil pesos cada dos meses: un subsidio que ya no cobran trabajadorxs en negro o desocupadxs, que llegó a 9 millones de personas «que están fuera del sistema», describió en su momento el presidente AF.
Impositivos
El proyecto oficial de Ganancias cuenta con amplio respaldo, incluso en filas opositoras. Es uno de los tributos más progresivos y el año pasado representó el 20 por ciento del total recaudado por la Afip. A pedido del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, impulsor de la iniciativa, su caballito de batalla, el FdT introdujo cambios.
Si el proyecto es ley, el nuevo piso de 150 mil pesos para empezar a pagar Ganancias se aplicará desde principio de año, por lo cual lo deducido por el impuesto en los primeros tres meses de 2021 será devuelto en el salario de abril, una inyección de dinero extra que puede volcarse al consumo. Entre otras modificaciones, se decidió que el impuesto tampoco alcance al aguinaldo para trabajadorxs que cobren sueldos de hasta 150 mil pesos.
Otro cambio adicional flexibiliza el criterio para jubilados, ya que hasta el momento para acceder al beneficio los trabajadores pasivos necesitan no tener ingresos extra a los previsionales, por ejemplo, intereses de un plazo fijo. La novedad plantea establecer un nuevo piso de ingresos a partir del cual se pierda tal exención.
De aprobarse, los cambios también beneficiarán a parejas en concubinato, ya que además de deducir al cónyuge, la ley habilitará también ampliar ese derecho al concubino, cualquiera fuera su sexo. Además, el proyecto mantiene el beneficio del 22 por ciento adicional en la región patagónica, con una carga tributaria menor que el resto de los contribuyentes del país por trabajar en condiciones desfavorables.
Se estima que el costo fiscal por el nuevo límite en Ganancias será de unos 40.000 millones de pesos, aunque el Estado confía en equiparar esa «pérdida». Entre otras cosas, porque en paralelo se podría tratar una iniciativa para suspender hasta fin de año la rebaja del 30 al 25 por ciento de la alícuota de Ganancias para las empresas, con lo cual compensa en parte la recaudación disminuida. En igual sintonía, desde el gobierno proyectan que el dinero que se destina a pagar Ganancias irá al consumo y así regresaría en parte a las arcas públicas de forma indirecta por medio del IVA y de otros impuestos ligados al mercado interno.
En declaraciones televisivas, Alberto Fernández confirmó que el gobierno analiza una reforma tributaria más amplia y progresiva que «ordene» todo el sistema, hoy injusto, desequilibrado y regresivo. En efecto, el presidente deslizó la posibilidad de incluir cambios en el impuesto a los Bienes Personales.
«Caída libre»
La reforma en Ganancias tiene un contexto, de patas rengas en una economía golpeada, donde emergen cuestiones más urgentes. La Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (Umet) calculó que la inflación de las y los trabajadores fue del 3,7 por ciento en febrero, con una leve desaceleración del 4,3 de diciembre y el 4 por ciento de enero. El gobierno mantiene diálogo con distintos sectores de la producción y el trabajo para lograr un pacto de precios y salarios, que todavía parece lejos. Se abren lerdas las paritarias, se refuerza poquito la ayuda social, mientras monopolios y oligopolios alimenticios reclaman baja de impuestos y defienden márgenes de ganancia extraordinaria, que incluso buscan incrementar.
Según el último informe de coyuntura del Centro de Investigación y Formación de la CTA (Cifra), la reducción de los salarios reales de los trabajadores registrados en el sector privado entre 2015 y 2020 promedia el 20 por ciento. Esta «caída libre» del salario real «ocurre en un escenario signado por la aceleración del ritmo inflacionario durante los últimos dos años del gobierno de Cambiemos, y su desaceleración en 2020 aunque manteniéndose en niveles elevados», se señaló en el trabajo de Cifra.
Por su lado, desde el Centro de Estudios Sociales y Económicos Scalabrini Ortiz (Ceso) analizaron que con un crecimiento de la economía esperado cerca del 5 por ciento para este año «no es necesario que la mejora del salario real se dé a costa del beneficio empresario». Y añadieron: «En qué medida ese 5 por ciento se traslade a salarios y no termine en otras manos que pueden alterar el resultado distributivo a través del incremento en los precios es la forma de evaluar el éxito del programa económico para este año».
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