Mantené los 2 metros de distanciamiento - Provincia de Santa Fe

 

Un puñado de empresas del rubro alimenticio aumenta los precios sin cesar para no perderle pisada al incipiente rebote de la economía y al débil repunte en los ingresos de la población.

Al margen debería quedar el debate en torno a la reducción del déficit fiscal y la emisión monetaria en el que se enroscó las últimas semanas parte del equipo económico del gobierno nacional. Ya que hay una cuestión primordial y neurálgica, que es que los ingresos familiares, en general, están por debajo de la evolución de la inflación, que sumada a la campaña vacunatoria anticovid, yace en la palestra de la problemática coyuntural en este año de renovadas amenazas de la peste y de elecciones legislativas.

Sobre el costo de vida, donde también se transporta una cuestión estructural en torno a modelos de producción, el Indec midió que el índice de precios al consumidor (IPC) trepó en febrero un 3,6 por ciento. En el bimestre acumuló 7,6 por ciento. Anualizada, la inflación está en 40,7 por ciento, mientras que el rubro alimentos salta por encima del 45 por ciento. En marzo, con varias subas estacionales, los combustibles volvieron a aumentar, mientras se debate, entre desdolarización y descongelamiento, una potencial actualización de tarifas de agua, luz y gas. Varias provincias, en rigor, comenzaron con el deshielo tarifario, con el consecuente impacto negativo en los castigados bolsillos.

“La evolución del IPC no aporta datos alentadores respecto a la desaceleración inflacionaria”, se observó en el último trabajo de Coyuntura Económica, que coordina Roberto Feletti, ex viceministro de Economía de la Nación entre 2009 y 2011, actualmente secretario administrativo del Senado de la provincia de Buenos Aires.

En dicho informe, se refirió: “Las perspectivas para los próximos meses se basarán en sostener la disminución en la inflación registrada en febrero (comparada con enero: del 4 al 3,6 por ciento) y que sea considerada como un punto de inflexión, con el objeto de comenzar a transitar un camino de niveles de precios que garanticen la estimación consignada en el presupuesto nacional (29 por ciento anual), dado que los diferentes acuerdos paritarios la utilizan como referencia para acordar los nuevos aumentos salariales y de esta forma para poder consolidar la recuperación del poder de compra de los trabajadores”.

Las negociaciones salariales en paritarias de este año, tanto en el ámbito público como privado, vienen cerrando entre incrementos que van del 30 al 35 por ciento, con cláusulas de revisión para el segundo semestre del año. Salvo contadas excepciones, 2020, atravesado por la crisis pandémica, fue un año de pérdida salarial. La intención planteada por el gobierno y lxs trabajadorxs de fijar subas de haberes por encima de la inflación, apenas representa una pelea desigual contra formadores de precios para reintegrar alguito la capacidad de compra perdida.

“Uno de los principales desafíos de las autoridades es mejorar el poder adquisitivo del salario, con el propósito de revertir la caída del consumo, principal componente del PBI, golpeado por la pandemia”, se señaló en el informe de Coyuntura Económica, y se analizó: “El ejercicio 2020 estuvo signado por la pandemia de covid que implicó efectos adversos sobre la economía nacional e internacional; y por otro lado, la actividad económica sufre desde mediados de 2018 una profunda recesión con elevados niveles de inestabilidad macroeconómica que han dañado el valor de los salarios de los trabajadores”.

Indomables

Tras el desplome de la economía argentina durante 2020, que según el Indec fue del 10 por ciento, jaqueada por la peste y las medidas sanitarias para frenar contagios, pegada al descalabro macrista y sus políticas anti trabajadorxs, el gobierno de Alberto Fernández espera para este año la ansiada recuperación, que se va dando de manera parcial. El ministro de Economía Martín Guzmán proyectó un crecimiento del producto bruto interno para 2021 del 13 por ciento.

Esta posibilidad de renacimiento económico lleva a bloques de grandes empresas, productores, distribuidores y comercializadores de alimentos y otros productos de la canasta básica, un sector súper concentrado, a abusar de su posición dominante, cebados por cotizaciones internacionales de materias primas, subiendo precios en el mercado interno para quedarse con la posible levantada en los niveles de consumo de la población y así mantener altos márgenes de rentabilidad. 

Los aumentos en paritarias, los refuerzos en políticas sociales, las actualizaciones jubilatorias, los cambios en el impuesto a las Ganancias corren serio riesgo de perderse en el desboque inflacionario, donde los precios en góndolas parecen indomables.    

El lucro incesante del establishment empresarial que fabrica  y vende productos de consumo masivo debe encontrar un límite, que el Estado puede imponer mediante controles para que la rueda virtuosa de la economía beneficie al conjunto de la población. En este sentido, el gobierno nacional creó el Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (Sipre), con el fin de que grandes empresas detallen todos los meses los precios de sus productos, cantidades vendidas y stocks de bienes finales e intermedios.

La iniciativa oficial hace de previa de la ley de góndolas, una normativa que fomenta la competencia en la cadena alimenticia y busca, según el Frente de Todos, que los precios sean claros para los consumidores y que los consumidores puedan acceder a más productos regionales o artesanales de pymes, productos de agricultura familiar, campesina e indígena, productos de la economía popular y de cooperativas y mutuales.

En una primera etapa, el Sipre alcanzará alrededor de 500 firmas de los rubros alimentos y bebidas, higiene personal y limpieza; materiales para la construcción y muebles; químico y agroquímico; y de electrónica y electrodomésticos. Los sectores comprendidos en una primera etapa son aquellos que cuentan con mayores tensiones de abastecimiento, stocks y precios. Luego, en una segunda, se incorporarán más rubros hasta alcanzar alrededor de mil empresas. Se trata de data clave, que debiera estar en los balances de las empresas, aunque los ceos de las compañías ya agitan el fantasma estatal de la intervención.

Tercer tiempo

Conocer y entender la estructura de producción y comercialización para transparentar los costos en cada cadena de valor le permitiría al Estado tener la rienda corta de los “dueños de la comida”. Estos controles que fueron reponiéndose durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, quedaron desmantelados durante la gestión Macri, donde, continuando el tercer tiempo del modelo neoliberal que inauguró la última dictadura cívico-militar y profundizó el menemismo en los 90, se alentó el libre mercado, la libre importación, la desregulación, la especulación financiera, el feroz endeudamiento externo, la concentración y extranjerización de la economía. La derecha furiosa y negacionista espera un cuarto tiempo (no segundo), para, como en el básquet, seguir embocando al pueblo argentino.   

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) da cuenta de la densidad monopólica en el sensible rubro alimentos y bebidas, que nada tiene que ver con “avivadas” del súper chino o el almacén de la esquina. Según el Cepa, una veintena de grandes empresas, algunas nacionales y otras extranjeras, concentran casi el 75 por ciento de la facturación de los supermercados en todo el país, y pone de manifiesto la capacidad de compañías como Molinos Río de la Plata, Arcor, Unilever, Danone, Coca Cola, entre otras pocas, de establecer precios minoristas y determinar a su antojo lo que pagamos todes nosotres.

Hernán Letcher, director del Cepa, fue al grano: “Los oligopolios alimenticios no tienen ningún interés en moderar las remarcaciones. Cuando uno mira sus costos no hay justificación para los excesivos aumentos vistos en el último trimestre de 2020 y el primer bimestre de este año. Estos aumentos de precios no se pueden explicar por la variación del tipo de cambio, ni por las tarifas, ni por el incremento de los salarios. Aunque convivimos con la pandemia, pero en términos de producción estamos saliendo de la pandemia, como lo muestran varios indicadores, la remarcación de precios es el mecanismo más sencillo y fácil que encuentran estos oligopolios para apropiarse de la incipiente recuperación de los ingresos de la población”.

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