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Los inquilinos e inquilinas afrontan la incertidumbre de la deuda o de no tener casa, frente al vencimiento –el miércoles 31– del decreto que frenaba los desalojos y congelaba precios de alquileres.

“Hola! Te consulto, el contrato vence mañana, estoy pidiendo 1 semana o 10 días para mudarme ya que en ese lapso puedo habitar otro lugar. Me dicen que no. No tengo donde ir. Hay algo que me ampare?”. “Hola emanuel perdon la molestia. La inmobiliaria escribio q a las 11.30 viene al depto a buscar la llave y no tenemos donde ir, esperabamos la extension, y no se que se puede hacer. Lei sobre el protocolo pero no consegui por ningun lado saber q hacer”. “Hola. Me acaban de escribir de la inmobiliaria. Me dicen que si no entrego la llave hoy mismo, me van a cobrar extra con intereses y van a ejecutar las garantías. La verdad no se a donde ir a solicitar la mediación”. “Sr. ministro, la verdad no sé si leerá esto (espero que si) soy de Rosario y necesito la extensión del DNU ya que apenas empezó la pandemia me quedé sin trabajo por no poder pagarme el sueldo y hace unos meses atrás me diagnosticaron CANCER”. 

Los mensajes, los reclamos, la necesidad de acompañamiento llegan por todos los medios a las asociaciones de inquilinos e inquilinas del país. Son llamados telefónicos a toda hora, textos por WhatsApp, etiquetas en redes sociales. Tienen el mismo tono: desesperación, angustia e incertidumbre. En un mundo pandémico donde la casa y el techo son sinónimo de cuidado colectivo, el mercado inmobiliario arrasa con esa seguridad. Y el fin del Decreto 320/2020, que congelaba alquileres y prohibía los desalojos, pone a cientos de miles de personas frente al abismo. 

“Nosotros realizamos distintas actividades para que el Gobierno revea su posición, sobre todo el ministro (de Desarrollo Territorial y Hábitat) Ferraresi, que fue el que tomó la definición de no extender el Decreto”, explicó a El Eslabón, Emmanuel Canelli, referente de la Asociación de Inquilinxs de Rosario. Desde ese espacio, indicaron que tanto la situación económica y la sanitaria del país no difieren de la intención con la que fue creada y prorrogada varias veces la mencionada normativa. “Planteamos que no sea solamente una extensión de por sí, sino que podamos sentarnos a trabajar con Ferraresi y en conjunto con las asociaciones de inquilinos y los comerciantes. Pero esto no pudo ser”.  

Para Sebastián Artola, titular de la Defensoría del Inquilino de Rosario, la realidad que están atravesando muchísimas familias “es crítica”. “A partir del primero de abril no saben dónde van a vivir. Por eso, de no continuar el decreto y de no tomarse otra serie de medidas que nosotros venimos proponiendo, el resultado va a ser la profundización de la crisis habitacional que se vive en nuestro país”, señaló en diálogo con el programa Seamos Libres, de la Radio Comunitaria Aire Libre de Rosario.

“Insistimos con la necesidad de que el Decreto 320 continúe. Es una normativa que surgió hacia fines de marzo del año pasado, durante la pandemia y la crisis económica que trajo, profundizando las crisis de arrastre que teníamos por los cuatro años de gobierno de Macri. El escenario actual no mejoró nada, por el contrario, se profundizó el deterioro económico, la pérdida de puestos de trabajo, la pérdida del poder adquisitivo e incluso estamos entrando, según las propias autoridades sanitarias, en la segunda ola de la pandemia. Entonces, el contexto justifica la necesidad de la continuidad del decreto”, profundizó Artola.  

Lo cierto es que el día de cierre de la edición de El Eslabón es el último con desalojos y aumentos prohibidos en todo el país. Y la incertidumbre de muchas personas se puede transformar en una certeza: quedarse sin techo. “Desde que el ministro anunció hace ya unas tres semanas que el decreto no continuaba hubo una catarata de cartas documento de las inmobiliarias a los inquilinos planteando que este 31 tenían que armar sus bolsos para, el 1° de abril, dejar el inmueble que estaban habitando”, graficó Artola. “Sabemos cómo actúa el mercado inmobiliario. Es un sector que se caracteriza por el apriete, la amenaza, por el hostigamiento, por una práctica cuasi mafiosa. Y desde las autoridades nos dicen que se lanzó un protocolo que plantea que antes del pedido de desalojo se crea una instancia de mediación entre las partes. Pero la realidad es que si no hay un compromiso activo y efectivo del Estado, prima la ley del más fuerte y la impunidad con la que el mercado inmobiliario viene actuando hace décadas, como decíamos”.  

A las amenazas de desalojo se le suma que, según la Asociación de Inquilinxs de Rosario, cerca de un 40 por ciento de las personas que alquilan se ha endeudado. Ya sea respecto al pago del alquiler, las expensas o los servicios. Si bien ya se informó que las deudas se podrán abonar en 12 pagos, y que una vez que se plantea el plan de pago no te pueden ejecutar garantías, el panorama no es sencillo. Porque al pago de la deuda se le suma no sólo el pago de un nuevo alquiler, sino la búsqueda y el gasto que implica la mudanza y el ingreso a una nueva vivienda. “Eso es lo que más nos preocupa, porque realmente hay mucha, mucha gente que a eso no lo va a poder afrontar”, resumió Canelli.

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