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Un narco reveló en un juicio cómo cambiaba pesos de ese negocio por dólares, en “una cueva” de Transatlántica. Por lo mismo fueron imputados los dueños de la financiera Cofyrco, que vendía divisas a un transero asesinado. Ahora saltó otra en Alto Buró.

—¿A quién le pagaba la droga (Hugo) Gali Díaz?—, preguntó el fiscal ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 de Rosario, Federico Reynares Solari.

—Me pagaba a mí. Cuando terminaba de darle las cosas a Gali me juntaba con (el comisario de Drogas Peligrosas, Alejandro) Druetta ahí cerca y le daba la ganancia de él. De ahí me tenía que ir a Transatlántica a comprar los dólares para pagarle a Colo, porque no aceptaba pesos—, respondió el acusado durante su declaración.

El diálogo se produjo en la sala de audiencias del TOCF3 de Rosario el año pasado, en el juicio oral que concluyó el 11 de marzo último con la condena del declarante, Ignacio Actis Caporale, alias Ojito o Nacho, como organizador del tráfico de estupefacientes, y del comisario Druetta como partícipe necesario del mismo delito. El testimonio de Ojito brindó detalles sobre cómo convertía en dólares los pesos del comercio ilegal de drogas en una reconocida casa de cambios de la ciudad, sin que nadie le consultara sobre el origen de los fondos. Por casos similares, la semana pasada fueron imputados tres socios, un asesor comercial y un intermediario de la financiera Cofyrco, y esta semana fue arrestado por iguales cargos, lavado de activos, Mateo Fornes, que aparentemente tenía una “cueva” en el edificio de oficinas Alto Buró de Puerto Norte, donde cambiaba billetes nacionales por estadounidenses a un presunto narco investigado como instigador de un crimen. Causas que muestran las dos caras de una misma Rosario: la violencia narcocriminal desplegada en los barrios de la periferia por el control del mercado ilegal de drogas –como fenómeno epidérmico y visible–, y el enjuague oculto de los millonarios recursos que produce en pulcras oficinas céntricas o edificios de alta gama con vista al río Paraná.

 “Es una cueva”

En la segunda audiencia del juicio seguido a Actis Caporale, los policías Druetta y Juan Tiburón Delmastro y otros cómplices de Ojito en la venta de estupefacientes, el fiscal Reynares Solari se sorprendió cuando el acusado, en su declaración, mencionó con naturalidad que cambiaba el dinero en pesos del comercio de drogas por dólares en la casa de cambios del grupo Transatlántica, que también ofrece servicios de turismo.

La declaración fue en este contexto: Actis testimonió que él le compraba la droga a un tal Colo, que señaló como alguien “importante” en el negocio, para luego venderle a Gali Díaz, un transero de Villa Constitución, destino al que había sido enviado Druetta luego de trabajar en Drogas Peligrosas de Rosario.

Según Actis, Gali vendía para Druetta, quien le brindaba su protección, a la vez que percibía una comisión por los estupefacientes que él le proveía al transa.  

Curioso, el fiscal indagó entonces al respecto, aunque no era la cuestión central del juicio.

“¿Lo de Transatlántica cómo era?”, quiso saber. Actis Caporale respondió: “Es una sucursal que está en calle Mitre y Rioja, entro por la puerta principal, había una escalera al fondo, usted sube, hay una puerta electrónica y entrás, es una cueva. Compraba (dólar) blue sin dejar ningún registro”.

—Reynares: ¿No hacía declaración jurada?

—Actis: Nada, a mí me dijo Druetta que vaya a comprar los dólares ahí, y con el tiempo me crucé a otra persona que trabajaban en Villa (Constitución), en la Brigada Operativa (de Drogas Peligrosas), apodada Grandote, que hacía adicionales en la casa de cambio. Era grande y usaba anteojos. Desconozco el nombre, siempre le dijeron Grandote.

—Reynares: ¿Cuando iba a Transatlántica había otras personas?

—Actis: Sí, sí. No sé si mucha, pero siempre había dos o tres personas.

—Reynares: Las personas eran como usted que no podía explicar el origen de los fondos, ¿o gente de traje, aparentemente respetable?

—Actis: Yo nunca vi gente conocida del ámbito del narcotráfico, era gente bien, bien vestida, nunca me llamó la atención. Yo iba y compraba porque me habían dicho que fuera ahí, siempre había gente comprando dólares en el sistema paralelo.

—Reynares: ¿Cuando fue a ese lugar, sólo hizo esa transacción o se presentó diciendo de parte de quién iba?

—Actis: Yo fui de parte de una persona que no me acuerdo el nombre, cuando digo que iba de parte de esa persona me dijeron “por acá”, me mostraron la escalera y compré los dólares. Después me preguntaron una vez más, y después ya me conocían y pasaba.

En resumen: un narco cambiaba pesos obtenidos de una actividad ilegal por dólares vendidos en forma ilegal enviado por un policía que debía perseguir el comercio de estupefacientes, que conocía el nombre clave para acceder a la cueva.

Al oír tal declaración, el fiscal Reynares Solari remitió una copia a una fiscalía de instrucción para que se investigue si existió delito. Como suele ocurrir en los juicios orales –en este caso, iniciado casi 10 años después de los allanamientos a la banda de Actis Caporale– el paso del tiempo coopera con la voluntad de olvido.

Amigo Dólar

El martes 30 de marzo la policía allanó, a instancia de los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada, el departamento “2” del quinto piso del edificio de oficinas Alto Buró, situado en Junín 191, donde la ciudad luce su pujanza, combinada con algo de opulencia.

De allí secuestró 293 mil pesos, 5.950 euros, 8.300 dólares y 2 celulares que fueron enviados a peritar, según informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA). También fue allanada una vivienda ubicada en el centro, en Santa Fe y Alvear, y quedó detenido Mateo Fornes, quien al cierre de esta edición (el miércoles 31) enfrentaba una audiencia imputativa por lavado de activos.

Para llegar al allanamiento, los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada debieron desentrañar los contactos guardados en el teléfono móvil de Daniel Godoy, un supuesto narco del Gran Rosario ya imputado por lavado de activos e investigado como posible instigador del crimen de otro narco, el ex barrabrava de Newell’s Marcelo Coto Medrano, eventual competidor de Godoy en la venta de estupefacientes.

El origen de la investigación es el asesinato de Medrano, acribillado de 15 balazos la noche del 10 de septiembre pasado en una estación de servicios YPF de Granadero Baigorria, delante de su pareja y de su hijo.

Por ese crimen está imputado con prisión preventiva, como autor material, el policía Gabriel Godoy, hermano de Dani.

En el teléfono de Daniel, los investigadores encontraron un contacto guardado como “Amigo Dólar”, y siguiendo esa pista descubrieron que el 18 de enero pasado Daniel Godoy cambió billetes de baja denominación por papeles de mil pesos, para luego adquirir 5.800 dólares en la cueva que funcionaba en el 5to piso de “Alto Buró” allanada el martes.

Según la investigación, al día siguiente Godoy compró otros 4.441 dólares, por lo que a mediados de marzo fue imputado por el fiscal de San Lorenzo, Aquiles Balbis, por lavado de activos, suerte similar a la que correría Fornes.

Otro caso de cambio ilegal de divisas que logran saltar las regulaciones oficiales a la compra-venta, sin exigencias de requisitos sobre el origen de los pesos que se convierten en dólares en oficinas céntricas.

Ese dinero negro del comercio de estupefacientes se transforma, de ese modo, en préstamos o cambio de cheques que se efectúan en las mismas cuevas y así adquieren apariencia legal.

Del búnker al blue

La otra causa reciente que reveló uno de los procedimientos de posible lavado de activos que combina violencia narco con cuevas de la “city” es la que investiga el asesinato de Coto Medrano.

Medrano fue condenado en 2010 por tenencia de estupefacientes para su comercialización. Un tribunal oral le dictó una pena de 6 años de prisión y, al cumplirla en 2016, encabezó una de las fracciones internas de la barra Leprosa que disputaba su conducción, acéfala desde el encarcelamiento, tres años antes, de Diego Panadero Ochoa, luego condenado como autor intelectual del asesinato del anterior jefe de la barra, Roberto Pimpi Camino, baleado en marzo de 2010.

Para el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos, Sebastián Narvaja, en sus 44 años de vida interrumpidos a tiros en septiembre del año pasado, Coto jamás tuvo actividad lícita comprobable que haya quedado registrada. En cambio, sí tuvo una condena por comercio ilegal de estupefacientes.

En su teléfono móvil los investigadores encontraron rastros de su actividad y del destino que le daba al dinero que obtenía.

Mensajes de la aplicación WhatsApp rescatados de su celular dieron cuenta de esa empresa: al contacto guardado como “Paja” le escribió: “¿El que vende en La Florida trabaja para vos? Si trabaja para vos que pague porque si no lo corto. Está cocinado”.

A otro contacto le preguntó: “Amigo vos tenés a la hija de Chamota vendiendo para vos en Bermúdez?”.

Además, el teléfono permitió saber que el mismo día del crimen Coto pasó por la financiera Cofyrco, con sede en la oficina 24 del segundo piso de Corrientes 832, donde compró sin mayores requerimientos 17.766 dólares.

Los mensajes guardados permitieron descubrir que en el último mes y medio antes de su asesinato había adquirido 35 mil dólares en esa cueva, unos 4,5 millones de pesos.

Uno de los operadores de la financiera le planteó que si tenía conocidos que requirieran el mismo servicio le avisara, que les hacía “el mismo precio” por dólar que a él. Aquella última compra de blue fue a una cotización de 136 pesos, según consta en la causa.

Proveer al delito

El 16 de septiembre, el presidente del directorio del BCRA hizo declaraciones que podrían considerarse premonitorias, aunque son de rutina. Dijo Miguel Pesce sobre las restricciones a la adquisición de dólar blue: “Es muy difícil saber qué va a pasar. Es un mercado delictivo. Cuando se han hecho allanamientos en cuevas y se han cruzado las bases de datos uno encuentra narcotraficantes, traficantes de armas, cualquier cosa. Es un mercado que provee al delito, por lo que es imposible saber cuál es el tipo de cambio que el delito está dispuesto a pagar”. Coto llegó hasta 136 pesos.

Al día siguiente fue allanada Cofyrco. La Policía secuestró 41 mil dólares; 33 mil euros; 81 mil reales; 3 mil libras y 5 millones de pesos. También les despertó la curiosidad una bolsa con 174 DNI, que fue secuestrada.

La semana pasada el fiscal Narvaja imputó por lavado de activos al presidente de la cueva –que ni siquiera estaba habilitada como financiera por el BCRA– Fernando Vercesi; al vicepresidente Patricio Carey; al socio Guido Garay; al asesor comercial Teodoro Fracassi; y al intermediario Sergio Zapata.

Según la investigación, Zapata era quien tenía el contacto con Medrano para convertir a dólares los pesos obtenidos del negocio narco. Los otros cuatro también fueron acusados por tenencia ilegal de DNI.

En su defensa, los “empresarios” dijeron que los DNI estaban en el local pero eran de otra persona que los había llevado allí. Aparentemente, se trata de documentos “extraviados” en el boliche Ming, al que asistió el joven Carlos Bocacha Orellano antes de aparecer muerto en el río Paraná.

Narvaja explicó que al “entrevistar a la mayoría de estas personas, que han referido que habían perdido esos DNI, dicen que no han hecho operaciones de compra de dólares, pero aparecen en la Afip registrados como que sí compraron dólares”. De alguna forma había que proveer a Coto.

Para el fiscal, la compra de dólares por parte de Medrano “fue realizada sin requerirle ningún tipo de elemento de acreditación del origen lícito de los fondos en pesos, recibiéndose fondos de dinero en pesos, para ser utilizados en operaciones de compra de moneda extranjera dentro del mercado legal de cambios, en operaciones de préstamos de dinero (mutuos) a terceros, de cambio de cheques y de adelantos de sumas en efectivo, con la consecuencia que dicho dinero circulara en el mercado, con la posibilidad que adquiriese la apariencia de un origen lícito”.

La violencia altamente lesiva que despliegan las bandas del narcomenudeo por el control del territorio y otras disputas –a veces personales– puebla los medios de comunicación y, en ocasiones, horroriza a la ciudadanía. El cambio de las ganancias obtenidas por ese comercio ilegal en financieras del centro o de Puerto Norte merece, por lo general, menos atención mediática y del Poder Judicial.

Existe un componente cultural: la evasión o elusión impositiva, el comercio de cereal en negro y el blanqueo de fondos provenientes de actividades ilícitas en desarrollos inmobiliarios u otras inversiones están legitimados socialmente, por una comunidad que a veces ni siquiera los considera delitos.

Antes de inhabilitarla, la web de Cofyrco aseguraba que en la firma están “comprometidos con el éxito de nuestros clientes, identificamos oportunidades de inversión y crecimiento. Nuestra estructura de trabajo es ágil y eficiente, lo que nos permite innovar y brindar servicios a medida para todo tipo de situaciones”. Se va entendiendo.

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