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Este miércoles se desarrollará la penúltima audiencia ante de los alegatos del proceso judicial, que comenzó en 2020, en el que  son juzgados tres ex policías federales de la Delegación Rosario y un ex militar de inteligencia por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 29 víctimas entre agosto y noviembre de 1976 en el centro clandestino de detención “Quinta de Fisherton”.

El juicio está a cargo del Tribunal Oral Federal Nº2 de Rosario, integrado por la jueza Mariela Emilce Rojas y los jueces Osvaldo Facciano y Eugenio Martínez. Actúa en representación del MPF la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Rosario, a cargo del fiscal general Adolfo Villatte.

Esta vez será el turno de los testigos Liliana Nieves Baños, Adriana Fina, Osvaldo Ismar Sosa, Raquél María Angélica Mondoni y Roberto Eduardo Seguer. Los testimonios que se escucharán este miércoles son de vital importancia, sobre todo en el caso de Víctor Hugo Fina, que fue asesinado por las fuerzas de seguridad el 10 de agosto de 1976.

La causa

El juicio se centra sobre los hechos ocurridos principalmente en el centro clandestino de detención “Quinta de Fisherton”, también conocido como “Quinta operacional de Fisherton”, que dependía del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, con asiento en Rosario, a cargo de la llamada “Zona de Defensa 2”. Allí las víctimas resultaron muertas o desaparecidas y fueron privadas ilegítimamente de su libertad.

Los acusados en la causa son el capitán del Destacamento de Inteligencia 121, Jorge Alberto Fariña; y los ex integrantes de la Delegación local de la PFA: el ex oficial Federico Almeder, el ex auxiliar Juan Langlois y el ex inspector Enrique Andrés López. Los cuatro están imputados por múltiples privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, homicidios y apropiación de niños y actualmente están detenidos con la modalidad de prisión domiciliaria.

Según la acusación fiscal, todos los hechos delictivos fueron perpetrados “mientras se hallaba operativo el grupo de tareas –conformado por quienes integraban el Destacamento de Inteligencia 121 y los miembros de la PFA–, quienes, más allá de la división de funciones –propia de las distintas jerarquías y estamentos– actuaban en concierto en todo lo relativo a detenciones de personas, mantenimiento de esa situación y posterior disposición de las mismas”. En tal sentido, la acusación señala que en el marco del despliegue represivo ilegal desplegado durante la última dictadura, las víctimas sufrieron la persecución de los autodenominados “Operativos Conjuntos” del Ejército y de la Delegación local de la PFA.

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