El rebrote de contagios por Covid vuelve a poner en alerta al mercado laboral y a la producción, pero en otro contexto: economía abierta, actividad dispar y vacunas. Además de salud y empleo, preocupa la pérdida de salarios e ingresos frente a la inflación.

La dinámica del mundo del trabajo está cruzada por el avance virulento de la segunda ola de coronavirus. Por segundo año consecutivo, el Día Internacional de los Trabajadores se conmemora, sin grandes actos ni manifestaciones callejeras multitudinarias, en contexto de pandemia, que lo atraviesa todo. La crisis sanitaria por la enfermedad que rebrota, contagia, muta y mata, impone un nuevo escenario y se sitúa a la par o quizá por encima de la problemática socioeconómica y laboral, agravada en tiempos pandémicos.

Entre fines de 2020 y principios de este año, la economía dio visos de recuperación, tenue y dispar, después de la debacle macrista y la primera etapa de la crisis sanitaria, con impacto regresivo y consecuencias inéditas para el mercado laboral, acá y en todo el planeta. El crecimiento de los contagios por Covid enciende una alerta, con avances y retrocesos en sectores de servicios, comercio y transporte, aunque hasta el momento se descarta un cierre total de actividades como cuando estalló la pandemia.

El año pasado la economía argentina cayó casi 10 por ciento, mientras que para 2021 se espera, según estimaciones oficiales, un repunte de alrededor del 6 por ciento. Aunque todo depende de lo que sobrevenga relacionado a la peste.  

En mayo de 2020, en la primera ola, cuarentena a pleno, la actividad industrial, comercial, el turismo, el sector gastronómico estaban paralizados, como el transporte y muchos otros servicios, en cumplimiento del aislamiento preventivo y las restricciones a la movilidad en pos del cuidado de la salud, medidas administradas por un Estado asistiendo con recursos a las y los trabajadores activos, desocupados y a empresas para amortiguar el golpe económico, en medio de un desconcierto viral, que impulsó nuevas maneras de trabajar, virtualidad tecnológica, home office, nuevos vínculos entre patronales y las y los empleados y hasta nuevos desafíos para organizaciones sindicales.

Mientras, producción y demanda de consumo, desplomados. En 2020, la pandemia sanitaria, antecedida por la pandemia neoliberal del macrismo, detuvo la actividad productiva, condujo a cierres de empresas y comercios, fulminó el mercado laboral y las expectativas de buscar trabajo, con importante caída en niveles de empleo, sobre todo informales, por cuenta propia y changas.

La tarea de organizaciones sociales y de desocupadxs, también de cooperativas, fue clave para sobrellevar la crisis en el sector de la economía popular. Y hubo trabajadorxs que conservaron su empleo, pero asumieron una merma en sus ingresos, ya que en algunos rubros formales se acordó reducir la jornada laboral.

A lo largo del primer año de pandemia, muchos obreros se contagiaron de coronavirus, algunos camino al trabajo, otros en sus puestos, algunos en condiciones de precariedad, y hasta perdieron la vida asumiendo responsabilidades. El gremialismo viene pidiendo impulsar una ley nacional para la creación de comités mixtos de seguridad e higiene en ámbitos laborales, como rige en la provincia de Santa Fe.

Variable de ajuste

Un año después, se impone otra vez la incertidumbre con la segunda ola de contagios por Covid, nuevas restricciones y asistencia económica, social y laboral (quizá insuficiente) del Estado nacional a los sectores más afectados, como la extensión del decreto que prohíbe despidos o refuerzos para asignaciones familiares, pero con campaña de vacunación en marcha, con actividades en movimiento (lento), con protocolos y medidas de cuidado, con algo de aprendizaje por la experiencia acumulada en la primera etapa de la pandemia y con signos de incipiente levantada económica, supeditada a la implementación de medidas para aplanar la curva de contagios.  

La pandemia expuso y profundizó fisuras que el mercado laboral argentino presenta hace tiempo. Cabe recordar que durante el segundo trimestre de 2020 se aceleró la destrucción de puestos de trabajo: se contabilizaron 3,7 millones de personas ocupadas menos en todo el país con relación al mismo período de 2019, formales e informales, según un informe de la Universidad Nacional de San Martín.

Con pymes afectadas y trabajadoras de casas particulares perjudicadas por el golpe socio-sanitario, entre otros sectores, más del 80 por ciento de la caída del empleo ocurrió en el sector no registrado, que junto a desocupadxs, beneficiarixs de planes sociales y monotributistas de las categorías más bajas fueron asistidos por el ingreso familiar de emergencia (IFE), al tiempo que el gobierno del Frente de Todos creó el programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción (ATP), destinado a empresas, empleados, monotributistas y autónomos.

Luego de las fuertes restricciones a la movilidad durante la irrupción de la pandemia, parte del empleo perdido se recuperó, según la última información relevada por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), para el total de áreas urbanas del país, correspondiente al cuarto trimestre del 2020. Las categorías ocupacionales más precarias y afectadas por el aislamiento, de acuerdo a la EPH que publica el Indec, “fueron las que mostraron la más rápida e importante recuperación”.

De todos modos, frente al recrudecimiento de la enfermedad, los puestos de trabajo vuelven a quedar como posible variable de ajuste, mientras, al mismo tiempo, es impensable salir de una crisis tan profunda sin un proyecto político y económico transformador que priorice la reindustrialización y la producción, en sus nuevas formas y con cuidados ambientales, la demanda interna y la generación de empleo. Todo a la vez, con una justa distribución del ingreso que mejore el bolsillo de lxs trabajadorxs.

Los números alarman y preocupan: 11 por ciento de tasa de desocupación a nivel país (13,6 en el Gran Rosario), según los últimos datos del Indec; 42 por ciento de pobreza y 10 por ciento de indigencia; 4,8 por ciento de inflación en marzo, con un acumulado del 13 por ciento para lo que va de 2021 y una inflación interanual de poco más del 42 por ciento, donde se pone en evidencia el abuso de monopolios formadores de precios, la denominada “inflación importada” por alta demanda externa y precios internacionales récord de materias primas y las renovadas tensiones cambiarias, en año electoral. Para completar el cuadro numérico tétrico, unos 25 mil contagiados de coronavirus por día en todo el país, curva que superó los picos del año pasado y va in crescendo.

Poder de bolsillo

Además del cuidado de la salud (la vida) y la creación de empleo digno como condición imperiosa para alcanzar un clima social de bienestar generalizado y sostenible, la recomposición del alicaído salario real, después de cinco años de declive, sigue siendo la principal demanda de las y los trabajadores.

Las negociaciones salariales en paritarias que se fueron cerrando este año oscilan entre subas del 29 por ciento, pauta inflacionaria anual proyectada por el gobierno de Alberto Fernández en el Presupuesto aunque de difícil cumplimiento, y el 35 por ciento, con cláusulas de revisión hacia fin de año y diferentes modalidades de pago, viendo lo que suceda con la evolución del índice de precios al consumidor, inflación que imponen sectores empresarios con posición dominante, sobre todo en el rubro alimenticio.

Entre las principales paritarias del 2021, con acuerdo de precios y salarios todavía en veremos, se cuenta la de los gremios de docentes públicos nacionales, que lograron una recomposición salarial del 34 por ciento, en sintonía con otros empleados estatales; personal doméstico, 28 por ciento; Bancarios obtuvieron una suba del 29 por ciento; Luz y Fuerza acordó un aumento del 29,5; empleados aceiteros lograron una suba del 25 por ciento hasta agosto más “bono pandemia”; Empleados de Comercio, 32 por ciento; el gremio de los lecheros, Atilra, un 30 por ciento; la Unión Obrera Metalúrgica, la UOM, cerró una suba del 35 por ciento, igual que los médicos de Santa Fe y los municipales de esta provincia; la Unión Obrera de la Construcción, la Uocra, pactó un acuerdo salarial con las cámaras empresarias del 35,8 por ciento.

Mención especial para los trabajadores y trabajadoras de la salud, que vienen combatiendo en la primera línea de fuego contra el coronavirus en hospitales y centros sanitarios, con sacrificio y entrega, la mayoría en pésimas condiciones laborales y con malos ingresos de bolsillo de cara a la tarea esencial que les toca, la de salvar vidas, compensada en parte por bonos salariales de urgencia que desembolsa el Estado.

Por su lado, el Consejo del Salario Mínimo, que reúne a centrales obreras y cámaras empresariales, con la participación del Estado, acordó días atrás vía plataforma Zoom fijar un nuevo piso de ingresos que sirva de referencia. Así, el salario mínimo, vital y móvil, la menor remuneración que debe percibir un trabajador/a sin cargas de familia por su jornada laboral, aumenta un 35 por ciento en siete tramos, en sintonía con las paritarias pero bastante por debajo de las pretensiones sindicales expuestas de antemano a fin de equiparar con la canasta básica. Así, el salario mínimo pasará de los 21.600 pesos actuales a 29.160 pesos recién en febrero del 2022, cuando se termine de pagar la última cuota.

Recuperación condicionada

En su último informe, desde el Instituto de Estadísticas de los Trabajadores (IET), de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (Umet), pusieron reparos en torno a la actividad económica, al considerar que “la situación luce incierta respecto del impacto de la segunda ola de Covid 19”. Y se alertó: “En los últimos meses, la actividad productiva mostró signos de recuperación, que ahora se ven comprometidos por la virulencia del rebrote de contagios”.

“Aunque a priori es poco probable volver al escenario de abril de 2020, de cierre total y prolongado por más de un mes, dado que existen aprendizajes en las empresas y en los trabajadores y trabajadoras, y también debido a que la campaña de vacunación tomó mayor ritmo en las últimas semanas, está claro que la segunda ola vino a jaquear este escenario de recuperación”, se observó en el informe del IET. En igual sentido, se agregó: “La pregunta, todavía muy incierta, es en qué medida lo hará, y qué nuevas restricciones se implementarán para contener la segunda ola de contagios”.

Con relación a las perspectivas para 2021, desde la Organización Internacional del Trabajo (OIT), analizaron: “Si bien cabe esperar una sólida recuperación económica en el segundo semestre de 2021 a raíz de la implantación del proceso de vacunación frente a la Covid 19, la economía mundial afronta aún un elevado grado de incertidumbre y existe el riesgo de que esa recuperación se produzca de forma dispar. Las previsiones más recientes siguen poniendo de manifiesto un déficit de empleo para 2021”.

En este estado de situación, trabajadores y trabajadoras bracean en un mar de olas bravas, contra la corriente del coronavirus, la desocupación, la inestabilidad laboral, la problemática de encontrar trabajo, la precarización, la explotación, la desigualdad de género y la falta de rinde salarial o pérdida de ingresos frente a la elevada inflación.

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