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Fallos judiciales, operaciones mediáticas y tensiones políticas ponen a prueba al Estado. El desenlace del debate sobre precios y tarifas, en medio de la crisis, orientará un proyecto de país.

La discusión sobre las tarifas de servicios públicos implica una definición sobre qué país se trata de construir y para quiénes. Si la discusión sobre el aumento de tarifas se resuelve bajo extorsión porque “si no sube el dólar” o porque el FMI pide bajar el déficit fiscal y los subsidios, entonces ya sabemos quienes modelan el proyecto de país para Argentina.

Si el gobierno patea el tablero y le quita a la Argentina el lastre dejado, entre otros, por Macri, Cavallo y Martínez de Hoz, podemos pensar en un país que incluya y dé trabajo. Por ahora, lejos de patear tableros, el gobierno ha discutido precios y tarifas utilizando buenas maneras, pedidos de solidaridad y comprensión, y ha aceptado las reglas de juego legales y normativas definidas por el macrismo, dictadas por los dueños de las empresas y administradas por su aparato judicial.

Ya vemos el resultado de esas tácticas, 42 por ciento de pobres y 10 por ciento de indigentes que siguen aumentando y un libre juego para los monopolios y oligopolios que definen los precios de casi todos los alimentos.

El saqueo visible del mercado

Un ejemplo de mercados “competitivos y transparentes” dictando políticas económicas lo dio el pasado 6 de abril la Cámara de Comercio de Estados Unidos (Amcham). Ese día, mediante diarios afines, hizo pública, una vez más, su disconformidad con el programa de Precios Máximos establecido por el gobierno argentino: “Los precios, en un mercado en plena competencia y múltiples oferentes, no pueden ser considerados bajo el régimen de tarifa pública y por ende definidos o autorizados por la autoridad administrativa competente”. Argumento similar al utilizado por Clarín/Telecom para pedir que se deje sin efecto la disposición que define que la provisión de Internet y telefonía celular es un servicio público y por ende su valor puede ser regulado. 

En un ataque oficial posterior, la Amcham directamente pidió la derogación de la resolución que da base al programa Precios Máximos.

Cuatro días después se hicieron públicas declaraciones del ministro de Producción Matías Kulfas, donde expresó que se iba a derogar esa resolución y que sería reemplazada por un congelamiento de precios de 120 productos de la canasta básica.

Vemos entonces que la supuesta plena competencia en la producción y provisión de alimentos y de servicios de internet y telefonía celular deberían dejar fuera de juego al Estado como intermediario de fuerzas entre los consumidores y las empresas, ya que la famosa “mano invisible” del mercado de Adam Smith resuelve todos los problemas. Si el presidente Fernández acepta estos argumentos falsos y esta teoría desarrollada para justificar el saqueo con modelos onanistas académicos, entonces en nombre de “los mercados” gobiernan los monopolios y el único resultado posible es la explosión social.

Si los ministros que asesoran al presidente no lo ayudan a buscar mecanismos de control y regulación, son “funcionarios que no funcionan”. 

El presidente y la vicepresidenta conocen de derecho y justicia y no deben desconocer que la Suprema Corte manifestó en un fallo de agosto de 2016: “Resulta claro que el hombre no debe ser objeto de mercado alguno, sino señor de todos estos, los cuales sólo encuentran sentido y validez si tributan a la realización de los derechos de aquél y del bien común. De ahí que no debe ser el mercado el que someta a sus reglas y pretensiones las medidas del hombre ni los contenidos y alcances de los derechos humanos. Por el contrario, es el mercado el que debe adaptarse a los moldes fundamentales que representan la Constitución nacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de jerarquía constitucional, bajo pena de caer en la ilegalidad”.

¿Quién gobierna?

Las declaraciones del subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, seguramente determinaron que “los mercados” utilizaran todas sus herramientas mediáticas para potenciar en las posibilidades de su despido y su supuesta incompatibilidad con el ministro de Economía.

El futuro aumento de las tarifas de electricidad depende en parte de lo que haga el gobierno frente a este tipo de operaciones y si es consecuente con haber nombrado a ese funcionario con ideas claras respecto de cómo se deben establecer los ajustes tarifarios de electricidad.

Mantener el congelamiento de tarifas instaurado por Macri o limitar las subas o incluso revisar los criterios con los que se define cuánto deben cobrar las empresas de servicios públicos privatizados podría ser objetado por la misma Corte Suprema que expresó, en 2016, lo señalado en el párrafo anterior.

En un futuro no muy lejano podríamos ver ese mismo escenario en el conflicto por la declaración de servicio público de la telefonía celular e internet, brindados en gran medida por el ex empleador del actual presidente del tribunal supremo de la Justicia argentina.

Y, finalmente, con el fallo de la Corte referido a las “clases presenciales” debe sumarse una contundente señal de ese mismo tribunal de consentir la construcción de un “pequeño Delaware argentino” en el “estado asociado” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Dadas estas muestras de que en la Argentina no están gobernando quienes fueron elegidos por el voto popular sino la Corte Suprema y los “mercados”, quedan dos opciones: resignarse y administrar la debacle social, política y económica a la que nos llevaría el modelo que impulsan o doblar la apuesta.

El presidente dice que quiere seguir los pasos de Néstor Kirchner. Sin duda el estilo de NK era el de doblar la apuesta y no el de rendirse. Y parece que este camino podría plasmarse en un cambio rotundo de política comunicacional, tanto en lo que hace al reparto de la pauta publicitaria millonaria como en lo que hace al mensaje transmitido y la habilitación de un debate profundo que reemplace a la obsecuencia en los medios “oficialistas”.

Tomar medidas que controlen la formación de precios en la canasta alimentaria y que incluyan, si fuera necesario, la intervención de empresas que habilitan las normas legales vigentes. Lograr un acuerdo político para sacar una ley urgente de ampliación de la Corte Suprema, lograble por mayoría simple y en ese marco nombrar a los nuevos jueces que al menos dupliquen la estructura actual. No es fácil, pero la alternativa es rendirse y suicidarse políticamente además de condenar a la mayor parte de los argentinos al suicidio económico y social.

Permitir, en nombre de “los mercados”, que se siga avanzando en la pauperización de la mayor parte de la población argentina para beneficio de “cuatro o cinco vivos” ya no es un error de cálculo o un problema de “correlación de fuerzas” adverso. Es un acto temerario que puede llevar una explosión social y a una derrota política que habilite la vuelta de las más oscuras facciones de la clase política.

*Economista, docente de Macroeconomía, magister en Finanzas Públicas, ex asesor de presidencias de BCRA, BNA, UIF y Comisión Pyme de la Cámara de Diputados de la Nación, y ex consejero del Consejo asesor de Afip.

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