Las protestas no cesan pese a que la ley que las detonó fue retirada. El pueblo salió a la calle a decir basta de masacres, respeto por los DDHH, y terminar con el plan neoliberal que pretende hacer pagar los costos de la pandemia a los más necesitados.

Las masacres y el terrorismo de Estado que viene sufriendo el pueblo de Colombia hace décadas pueden verse como una foto, o bien en todo su dinámico desarrollo. Es, en realidad, una larga serie de muchos capítulos y sin final a la vista. El más reciente es un estallido social que comenzó el 28 de abril y tuvo como detonante –no como única ni principal causa– una reforma tributaria muy regresiva que pretendía hacer pagar el costo de la crisis sanitaria a los pobres y a la clase media. El 2 de mayo el gobierno de Iván Duque retiró del Congreso la propuesta oficial, y renunció el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Pero la gente siguió en la calle porque lo que se exige con el Paro Nacional es mucho más.

Entre las reivindicaciones hay una fundamental, que constituye la base y la síntesis de todas las demás: basta de masacres, respeto por los derechos humanos, basta de grupos parapoliciales y paramilitares que matan a diario en forma alevosa e impune.

Otra de las exigencias es terminar con las medidas neoliberales que vienen hambreando al pueblo hace décadas. Y estas dos atrocidades que denuncian las y los manifestantes suelen ir juntas: represión y ajustes neoliberales. Lejos de ser un hecho nuevo en la región, la secuencia se repite una y otra vez: ajuste neoliberal, protestas, represión brutal. Las mujeres y hombres de Colombia están hartos de padecer un Estado terrorista e impune.

Los medios hegemónicos al servicio de los poderes fácticos de Colombia y del mundo, que por estas horas están denunciando “la violencia de los manifestantes suelen referirse al presidente de ese país, Iván Duque, pero pocas mencionan la situación social, política y económica de Colombia. Lo muestran en su proyección regional, como uno de los líderes de la derecha golpista que acosa a Venezuela y quiere derrocar (como ya lo ha intentado) al presidente legítimo de ese país, Nicolás Maduro.

La lucha del pueblo es contra el estado terrorista

El actual mandatario siempre se muestra preocupado por la situación de los derechos humanos en Venezuela. Y califica a Maduro de “dictador”.

Duque es un avatar, o acaso una mera marioneta, del ex presidente Álvaro Uribe, que gobernó durante dos períodos, entre 2002 y 2010. Hoy el ex mandatario cumple prisión domiciliaria. En agosto de 2020 fue detenido tras ser condenado a 40 años de reclusión por reiteradas violaciones a los derechos humanos a través de grupos paramilitares y parapoliciales dedicados a masacrar, torturar y violar niñas, niños, mujeres y hombres.

Se utilizaba la débil excusa de que eran “terroristas”. Y fue la propia Justicia colombiana la que desenmascaró esta sangrienta farsa y puso a Uribe a la sombra: 40 años de prisión.

El gobierno de Duque es una continuación del de su mentor Uribe. Por eso las masacres son cosas de todos los días. Y por eso Duque se opuso y torpedeó los Acuerdos de Paz alcanzados con la guerrilla Fuerzas Armadas de Colombia (FARC) en 2016, durante la presidencia de Juan Manuel Santos, que obtuvo el Premio Nobel de la Paz por participar de esa ardua negociación.

Las mujeres y hombres que hoy protestan exigen que se cumplan con esos acuerdos. Pero Duque, acatando las órdenes del principal enemigo de esos acuerdos, Uribe, viene haciendo todo lo posible para que eso no ocurra. Y las masacres sistemáticas y cotidianas forman parte de este plan siniestro para que se diluya el anhelo de paz: unos 250 ex guerrilleros fueron asesinados desde la firma de la paz. Las fuerzas paramilitares y parapoliciales asesinan, además, a pueblos originarios, integrantes de movimientos sociales, militantes feministas, representantes de identidades sexuales disidentes, maestros, intelectuales, dirigentes gremiales y estudiantiles. Para terminar con esto están arriesgando la vida las mujeres y hombres de Colombia. No sólo para frenar un nuevo ajuste neoliberal.

El Ejército de Colombia ataca protestas pacíficas con aviones y tanques. Y un claro síntoma de la tragedia que hace décadas vive ese país es la dificultad para ofrecer cifras confiables de muertos, heridos, abusados y torturados. Dependiendo de las fuentes, los números cambian mucho. Los funcionarios del gobierno ofrecen cifras que no se condicen con la realidad. Los números que surgen de los organismos de derechos humanos y movimientos sociales de Colombia y el mundo son más confiables. Pero tampoco coinciden entre sí. Y esto habla de la dificultad de obtener información fidedigna en un país con tan bajo nivel de institucionalidad.

Al cierre de esta edición se denunciaban más de 30 muertos, más de 1.100 casos de abusos policiales y militares, diez violaciones, más de 800 heridos, cerca de mil detenciones extrajudiciales y unos 90 desaparecidos. El gobierno de Colombia corta el suministro eléctrico en determinado sector de una ciudad, como hizo en Cali, y amparados por la oscuridad, policías y militares salen literalmente a cazar ciudadanas y ciudadanos que protestan en forma pacífica o que simplemente estaban caminando por la calles o en sus casas. Muchos domicilios fueron baleados. Y hasta fueron atacados a balazos quienes participaban del velatorio de una víctima de la represión.

No es tarea fácil recoger las denuncias de las víctimas y observar el accionar de las fuerzas represivas. Los veedores, integrantes de organismos de derechos humanos, funcionarios de reparticiones oficiales de Colombia, y hasta integrantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) fueron reprimidos para que no puedan cumplir con su tarea.

“La Misión de la OEA rechaza enérgicamente las acciones que involucran ataques de miembros de la fuerza pública contra la vida e integridad de quienes se manifiestan, y se une a las voces de repudio por las amenazas y violencias contra miembros de la comisión multisectorial de verificación encabezada por la Procuraduría General de la Nación y OACNUDH, ocurridos en la noche del 3 de mayo en Cali”, denunció en un comunicado la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA). 

La misma OEA que produjo, junto a otros actores, el golpe en Bolivia contra Evo Morales, se tomó una semana para condenar lo que sucede en Colombia, que es –no es buen momento para olvidarlo– una base yanqui y la cabeza de playa del Imperio en su patio trasero. La Unión Europea (UE) también condenó, poco después de salir en defensa de la ex dictadora boliviana Yanine Áñez.

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