Disciplinar a los dueños de la comida es la tarea

La segunda ola de coronavirus impacta en el nivel de actividad económica y desdibuja lo proyectado en el Presupuesto nacional 2021, mientras la llamarada inflacionaria derrite el objetivo oficial de recuperar salarios y motorizar el consumo interno.

La alta velocidad de la inflación, entre problemas de empleo y crisis sanitaria, trastoca el escenario y se reinstala como una de las máximas preocupaciones entre trabajadores y jubilados. El aumento constante y sonante de precios, sobre todo de la comida, fijado por monopolios y oligopolios con poder de mercado, corre por delante de los incrementos salariales en paritarias, de jubilaciones y licúa la asistencia social que brinda y tonifica el Estado.

La inflación de abril llegó al 4,1 por ciento y acumuló en el primer cuatrimestre de 2021 un 16,6 por ciento, el arranque más pronunciado de los últimos cinco años, según el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET). Al cierre de esta edición, el Indec difundía la estadística oficial sobre el costo de vida. El reporte del IET resaltó que el rubro alimentos y bebidas subió el mes pasado 4,7 por ciento, por encima del promedio general. El informe consideró que el alza del dólar no impactó mucho en la inflación, pero sí la suba de precios internacionales de las materias primas, que presiona sobre valores locales, en particular de alimentos.

Jubilaciones, pensiones y asignaciones, como la AUH, aumentarán desde junio un 12,2 por ciento de acuerdo a cálculos establecidos en la nueva movilidad que combina evolución de salarios y recaudación de impuestos de Ansés, mientras la inflación en el primer trimestre del año acumuló una suba del 13 por ciento, y los alimentos sumaron en ese mismo lapso una suba arriba del 16 por ciento. Con el futuro aumento, la jubilación mínima pasará de 20.500 a 23 mil pesos, en tanto la asignación universal por hijo ascenderá a 4.500 pesos mensuales por beneficiario.

El equipo económico comandado por el ministro Martín Guzmán presupuestó para este año una inflación del 29 por ciento, y se planteó  que los salarios debían estar por encima de dicho porcentaje inflacionario. Si bien no es una “meta” al estilo plan ortodoxo monetarista como en la era Cambiemos, ese pre-supuesto se aleja cada vez más de la realidad acelerada de los precios.

Al hablar durante el acto de presentación de nuevas medidas de ayuda social para enfrentar la segunda ola de coronavirus, Guzmán, después del cortocircuito político con el subsecretario de Energía Federico Basualdo entorno al precio de la tarifa eléctrica, reconoció dos situaciones: una, que la profundización de la pandemia desdibujó el Presupuesto 2021, y otra, que la mejoría económica no es pareja y no alcanza al conjunto de la sociedad.  

A fin de morigerar la crisis por la doble pandemia (Macri más covid) y paliar el hambre, el gobierno de Alberto Fernández, en modo bombero, activó más políticas de emergencia destinadas a sectores postergados, reforzó la inversión pública, como la ampliación de la Tarjeta Alimentar, de 1,9 a 4 millones de beneficiarios, lo que implica una erogación de 250 mil millones de pesos, cifra casi equivalente a lo recaudado por el impuesto extraordinario a las grandes fortunas. También el Estado promociona cortes de carne a precios accesibles, bolsones de frutas y verduras con descuentos y otros productos de la canasta básica en un mercado federal ambulante.

Movimientos sociales y de desocupados, representantes de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, no se opusieron a estas medidas, pero sí criticaron al gobierno nacional por “masificar el asistencialismo”, por no implementar un nuevo IFE (ingreso familiar de emergencia) y calificaron los anuncios como “un parche que no resuelve la cuestión de fondo, que es la generación de puestos de trabajo genuinos”. Pan para hoy, hambre para mañana, reprocharon, y advirtieron que los aumentos en la Tarjeta Alimentar se lo quedan grandes empresas locales y multinacionales productoras de alimentos, ganadoras en medio de la pandemia.

El gobierno del Frente de Todos parece identificar el problema de la inflación, le pide al empresariado “mayor compromiso y esfuerzo”, lo acusa de querer igualar precios internacionales en el mercado local, de quedarse con la recomposición de ingresos de la mayoría de la población en un contexto de lenta y tenue recuperación económica para seguir engrosando ganancias, y lo invita a alcanzar acuerdos, pero en la práctica no logra disciplinar a estos sectores concentrados formadores de precios, que se presentan como los dueños de la comida.  

Inflademia

El rebrote de casos de coronavirus y la alarmante ocupación sanitaria impactan en los niveles de actividad. “La aceleración inflacionaria representa el principal desafío de la política económica. Este comportamiento de los precios se está dando en simultáneo a la aparición de ciertas señales de volatilidad cambiaria”, se indicó en el último informe de coyuntura del Instituto de Trabajo y Economía, de la Fundación Germán Abdala.

Desde el Instituto de Pensamientos y Políticas Públicas (IPYPP) consideraron que “el aumento descontrolado de los precios, en especial de alimentos y bebidas, ponen en cuestión la intención oficial de sostenida recuperación económica estableciendo la captura oligopólica del crecimiento experimentado”. Para revertir la situación, el instituto que dirige el economista y director del Banco Nación Claudio Lozano, propuso “un shock de justicia social», además de «suspender negociaciones y pagos al FMI y al Club de París”.

El salario real viene en caída desde 2016. Las paritarias de este año fueron cerrando entre 29 y 35 por ciento, aunque ya desde varios gremios hicieron saber del reclamo para que se abra cuanto antes las cláusulas de revisión a fin de corregir aumentos salariales y no quedar tan retrasados frente a la disparada inflacionaria. “La posibilidad de que el salario real detenga su caída dependerá del éxito que tenga el gobierno nacional en su estrategia de control de precios”, evaluaron desde Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma.

En una actividad de debate llamada Mateada virtual de economía, el economista y docente Andrés Asiain, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso), remarcó que la inflación jaquea el programa oficial proyectado en el Presupuesto de cara a las elecciones de medio término y que “es muy difícil” que este año los salarios le ganen a la inflación: “El gobierno debe impulsar un congelamiento de precios, tipo de cambio y tarifas por al menos tres meses para minimizar las pérdidas del salario y no seguir afectando la capacidad de consumo y el nivel de actividad. No es momento de ajuste fiscal ni de acuerdos finitos, sino de medidas más de fondo y contundentes para revertir la situación de crisis”.

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