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En contexto de pandemia, crisis socioeconómica y ecológica, el Congreso sancionó la ley de Educación Ambiental, que promueve el abordaje en colegios con enfoque integral, de justicia social y transformación cultural. Deudas y desafíos.

La ley de Educación Ambiental Integral, sancionada por el Congreso a mediados de mayo, impulsa el abordaje de asuntos vinculados a la ecología popular en escuelas de todos los niveles (inicial, primaria, secundaria y superior). La ley llega en momentos de problemáticas múltiples en la Argentina y en el mundo. Entre el drama de la pandemia que lo rompe todo y agrava situaciones traumáticas preexistentes, con crisis socioeconómica, alimentaria, de ingresos y de empleo, pasando por daños continuos a la naturaleza y la emergencia climática que sobreviene.

Corren tiempos de demandas de todo tipo, de urgencia ambiental y también social y económica. Los reclamos sociales por acceder a un pedazo de tierra, techo, trabajo y salario dignos, a una alimentación y un entorno natural saludables, van ganando en intensidad. La crisis coyuntural de la pandemia del Covid 19, una enfermedad viral relacionada con desequilibrios que sacuden al planeta, expone varios retos en la nueva anormalidad que se transita, donde salud y economía, definitivamente, van de la mano. 

Educar y responsabilizar desde edad precoz, para mejorar, preservar y despertar conciencia ambiental, cuidar recursos y bienes naturales, desde una perspectiva de justicia social y transformación cultural. Así podría resumirse el paradigma que persigue la nueva normativa, un proyecto conjunto entre los ministerios nacionales de Ambiente y de Educación, con participación de las provincias a través del Consejo Federal de Medio Ambiente. Se busca enseñar y debatir para un vivir más amigable con la naturaleza, en circunstancias donde el Estado nacional y estados provinciales tienen deuda y media con el ambiente.

La reciente aprobación de la ley no terminará con todos los males contaminantes y destructivos que seres humanos y sus proyectos económicos de acumulación y “lógica” rentista apuntan contra la diversidad biológica y el patrimonio natural y cultural. Pero sí la nueva normativa viene a instalar de manera formal y conjunta el debate en las aulas con el propósito de amplificarlo a toda la sociedad en busca de una reformulación en la manera de relacionarse con la naturaleza, que ayude a reparar la crisis ambiental.

“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”. Aunque no se cumpla y la Justicia lo pase por alto, esto dice la Constitución nacional, con la reforma de 1994, en el artículo 41. Hay más legislación ambiental vigente, como ley de Bosques Nativos, de Glaciares, de Manejo de Fuego, entre otras, además de tratados internacionales en la materia a los que adhirió Argentina.

Una ley en el ambiente

Organizaciones políticas y ambientalistas celebraron la incorporación de la ley de Educación Ambiental Integral a los contenidos curriculares, aunque también marcaron “contradicciones”. La propuesta era un viejo reclamo de estas organizaciones, el gobierno del Frente de Todos tomó la iniciativa política de llevarla al Congreso y el arco opositor la acompañó. “Saldamos una deuda histórica con nuestro pueblo”, sostuvo el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, la misma noche que el Senado le dio sanción definitiva a la ley en cuestión.

Foto: Télam

El Taller Ecologista de Rosario, que viene advirtiendo desde hace tiempo sobre el impacto negativo en los ecosistemas por incendios en las islas del delta del río Paraná, compartió “reflexiones e interrogantes” sobre dicha norma. “Llama la atención el raudo avance en la deliberación y aprobación de la ley, cuando ante un reclamo impostergable y masivo como la sanción de una ley de Protección de Humedales –cuyo primer proyecto se presentó en 2013– sigue aún pendiente de la debida atención política”, consideraron.

En el mismo sentido, desde el Taller advirtieron: “Mientras tanto, avanzan sin pausa la megaminería a cielo abierto, los desmontes, los monocultivos, el uso indiscriminado de agrotóxicos, la profundización de la hidrovía, la exponencial producción de artículos rápidamente descartables, todo lo cual deja a la vista la actualidad de un modelo productivo extractivista, depredador, esparcido por el mismo territorio al que la nueva ley propondría proteger. Lógicas contrapuestas que indican que es también, y primordialmente, el Estado el que debe afirmarse en la coherencia de la toma de conciencia de la cuestión ambiental”.

Desde la organización Jóvenes por el Clima destacaron que la ley “incorpora de forma transversal la cuestión ambiental en la currícula educativa”, y que esto “es un paso hacia la transformación cultural que precisamos”, porque “permite visibilizar perspectivas locales mediante contenidos diagramados según el contexto de cada territorio, establece responsabilidades claras para los gobiernos (nacional y provinciales) y hace partícipe a la comunidad educativa en la conformación del contenido”.

Para Fundación Vida Silvestre, “la educación ambiental es un habilitador fundamental para que las personas vivamos en armonía con la naturaleza”. Y agregaron: “(La ley) va a permitir que se considere el ambiente de manera integral junto a demás conocimientos, valores y prácticas. Además, promueve el respeto hacia la naturaleza, la diversidad cultural y la preservación de las culturas de los pueblos originarios”.

La asociación civil Germinar consideró que “esta iniciativa establece las bases para promover, desde edades tempranas, una transformación sociocultural. Los ámbitos educativos son espacios en los que podemos sembrar semillas que contribuyan a la construcción de ciudadanxs responsables y comprometidos con la protección del ambiente”.

Desde Minga Veterinarias entendieron la aprobación de la ley como “un paso enorme en clave de políticas ambientales y puntualmente en la concientización, puesta en agenda y práctica de las problemáticas que atañen a nuestra tierra. Esto no hubiera sido posible sin la lucha y la voluntad de las organizaciones ambientales que desde hace décadas plantean como un debate cada vez más urgente la relación de nuestra sociedad para con el ambiente. Vamos por su implementación y cumplimiento en todo el país, con una perspectiva de ambientalismo popular y feminista”.

Depredación neoliberal

La ofensiva del neoliberalismo, el verdadero pandemonium, gobierne o no, pone por delante de la salud y los cuidados ambientales a la economía de mercado en nombre de la modernidad capitalista y “que mueran los que tengan que morir”. La derecha política y económica busca camuflar la depredación y la voracidad de un sistema injusto detrás de la invitación a “pensar en verde” (los supuestos “brotes verdes” de la economía macrista, por ejemplo), mientras se concentra la riqueza y se esparce la pobreza, se ajusta, se precariza y se boicotea lo público.

Las problemáticas ambientales, cada vez más en el centro de los conflictos sociales y económicos, están emparentadas en buena medida –además de la catastrófica interacción del ser humano con la naturaleza– a modelos de producción capitaneados por monopolios y oligopolios que abusan de posición dominante, grandes compañías del complejo agroindustrial, minero, petrolero e hidroeléctrico, donde prima el corto plazo, la máxima explotación de los recursos naturales y manda el Dios mercado. El Papa Francisco no cree en Dios mercado y, desde su encíclica Laudato Si, llama a “cuidar a la madre Tierra”, al tiempo que repudia “actitudes depredadoras que se manifiestan dramáticamente en una crisis ecológica sin precedentes que afecta suelo, aire, agua y ecosistema”.

En diferentes puntos de la Argentina y del mundo, las comunidades se organizan y ejercen el derecho de protesta para intentar resistir proyectos que contaminan y comprometen la salud. Los reclamos socioambientales ya no son movidas exclusivas de pueblos originarios o de organizaciones campesinas, adelantadas en estas luchas, con impulso a la agroecología y la soberanía alimentaria, que va más allá de la producción, el consumo y el medioambiente.

Las cuestiones ambientales preocupan a buena parte de la sociedad, donde los más jóvenes ganan protagonismo y muestran mayor compromiso. En rigor, organizaciones estudiantiles realizaron en marzo de 2019 la primera huelga mundial por el clima, donde alertaron: “No hay planeta B”. También en universidades se dictan cátedras libre sobre ecología y soberanía alimentaria. Las problemáticas socioambientales atraviesan tanto a grandes conglomerados urbanos como a ciudades más chicas y también a pueblos rurales o pequeñas comunidades de diferentes regiones del país.

Desde el Ministerio de Ambiente de la Nación resaltaron que “la ley de Educación Ambiental contribuirá a formar ciudadanos con valores, aptitudes y conocimientos necesarios para proteger la naturaleza”. Y se destacó: “La educación ambiental busca el equilibrio entre diversas dimensiones, como la social, la ecológica, la política y la económica, en el marco de una ética que promueve una nueva forma de habitar nuestra casa común”. Para el ministro Cabandié, “esta ley generará conciencia sobre el cuidado del planeta”. Vastos desafíos florecen en el horizonte.

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