La comisión de senadores que investiga el manejo que hizo el mandatario de la pandemia determinó que se demoró adrede la compra de vacunas y apuntó contra las noticias falsas y los casos de corrupción en la compra de insumos.
Después de más de un mes de escuchar declaraciones y reunir pruebas, la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Senado de Brasil, que tiene por objetivo determinar si durante la gestión de la pandemia por parte del presidente Jair Bolsonaro se cometieron delitos, determinó que el mandatario demoró en forma intencional la compra de vacunas. Pero no sólo eso: los senadores también encontraron irregularidades en las compras de oxígeno y medicamentos para intubación (escasean en algunas regiones), hicieron referencia al daño que causaron las noticias falsas sobre la pandemia y denunciaron la falta de una campaña desde el gobierno para comunicar la gravedad del coronavirus.
Este proceso, en teoría, pero difícilmente en la práctica, podría derivar en un pedido de juicio político al mandatario y su destitución.
Lo que fue tan fácil, rápido y sin pruebas para destituir a Dilma Rousseff, que no cometió ningún delito, difícilmente ocurra con el ultraderechista.
La CPI reunió pruebas sobre lo evidente, documentó la triste verdad que el pueblo brasileño viene padeciendo. Pero es muy improbable que, más allá de la verdad, se haga justicia. Y en cuanto a la memoria, habrá que esperar hasta las elecciones del 2022.
A esta situación hay que sumarle la crisis sanitaria, las protestas en las calles pidiendo que se vaya el mandatario, y el cada vez más evidente desprecio del presidente por las instituciones: Bolsonaro amenazó con “mandar al ejército” a aquellos estados que dispongan medidas de restricción contra la pandemia.
Brasil registra más de 17 millones de infectados y 470 mil fallecidos. El sábado, 29 decenas de miles de brasileñas y brasileños ganaron las calles de más de 200 ciudades. “Fuera Bolsonaro” y “Bolsonaro genocida” fueron las consignas escritas en las pancartas y gritadas por los manifestantes, que calificaron al mandatario de “psicópata” y “asesino”.
Y en medio de esta crisis, que muchas ciudadanas y ciudadanos califican como “caos” y “confusión”, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) parió la sorprendente idea de realizar la Copa América en Brasil.
El lunes 31 la Conmebol lo dio por confirmado. Ese día, las autoridades de Brasil pusieron en duda la organización del torneo: “Todavía no hay nada cerrado”, dijo el jefe de Gabinete, Luiz Eduardo Ramos, al tiempo que agregó que si se hace el torneo todos los planteles tienen que estar vacunados y los estadios sin público. Bolsonaro prohibió el ingreso de extranjeros al país por tiempo indeterminado.
Ramos fue uno de los tantos funcionarios que fue a vacunarse escondido para no contrariar a su jefe. El martes 1 a la tarde se confirmó la realización del torneo. “Desde el principio he dicho sobre la pandemia: lamento las muertes, pero tenemos que vivir”, dijo Bolsonaro, quien agregó, con tono de dictador “Es caso cerrado”.
El presidente de Brasil anunció que cuatro estados, incluido Río de Janeiro, albergarán los partidos. Al menos seis estados dijeron que no organizarían partidos debido a la pandemia.
“Copa América confirmada en Brasil”, escribió Ramos, anunciando la noticia. “¡Ganó la coherencia! Albergamos partidos por la Libertadores, Sudamericana, por no hablar de los campeonatos estatales y brasileños, y no podemos darle la espalda a un campeonato tradicional como éste”, escribió.
La indignación creció. En la calle, en las redes y en la Justicia. La Corte Suprema le dio a Bolsonaro cinco días para dar información sobre la decisión del gobierno de organizar el torneo, después de que el opositor Partido de los Trabajadores (PT) presentó una demanda objetando el torneo.
Un negacionista contra las cuerdas
Desde la CPI, siete de los 11 senadores que conforman la comisión afirman que la documentación y la información que han investigado hasta ahora confirman que Bolsonaro contó con un gabinete paralelo, que estuvo integrado por el entonces secretario de Comunicación, Fábio Wajngarten, entre otros políticos afines, empresarios y personal médico.
La comisión, que fue instalada a fines de abril, se dedicó a tomar testimonio a las principales autoridades sanitarias del país, incluyendo a la serie de ministros de Salud que ocuparon el cargo desde que comenzó la pandemia.
El presidente de la comisión, Omar Aziz, afirmó que “hay pruebas de que Bolsonaro demoró la compra de vacunas intencionalmente”.
Aziz, senador por el conservador Partido Social Democrático (PSD), confirmó al diario brasileño Estadão que la CPI ya puede dar parte a la Fiscalía para que inicie los trámites para procesar a los funcionarios responsables. Para Aziz es imposible desligar al presidente Bolsonaro de las responsabilidades.
“Se reunió mucho más con el gabinete paralelo que con el ministro de Salud”, afirmó el presidente de la CPI. Esto último también fue confirmado por los mismos ex titulares de la cartera de Salud, como el ex ministro Luiz Henrique Mandetta, que en su declaración ante la CPI afirmó que Bolsonaro contaba con asesoramiento externo. Algo que también fue confirmado por el ex ministro de Salud, el general Eduardo Pazuello. “Se acuerdan que Pazuello dijo que se reunía con el presidente una vez por semana, quizá cada 15 días. No se reunía con el ministro pero con el gabinete paralelo se reunía a diario”, dijo Aziz.
“Ni siquiera en una republiqueta, que no tiene absolutamente nada, el líder va sin barbijo y sigue diciendo ese tipo de cosas”, concluyó.
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