El candidato de izquierda sigue primero y Keiko ve alejarse la presidencia pese a la ayuda de los mercados, que producen caos en la economía para castigar al pueblo por no apoyar los intereses de sus verdugos.

Al cierre de esta nota para El Eslabón, el recuento de votos en Perú se parecía a un guión de Kafka filmado por Hitchcock: puro suspenso y espera infinita. La derecha, desesperada, ofrece en cambio una nueva versión de El Padrino. 

Ya es típico en la región: si gana el candidato que el poder fáctico no quiere, todo se complica. Y la ira, la trampa y las mentiras de los poderosos se hacen sentir. A esto hay que sumarles los aprietes de esa mafia de extorsionadores que se hace llamar “mercado”, y que expresa su descontento ante un probable triunfo del anti-neoliberalismo creando el caos económico y social (inflación, suba del dólar), para que sufra el pueblo, en especial aquellos que tuvieron la caradurez de no votar a la derecha. 

La derecha herida (o sin heridas) siempre ofrece mentiras, miedo, amenazas, violencias, y el famoso caos que vienen anunciando sus propios medios de propaganda. La vieja treta de la profecía que se autocumple.

Con un 99,1 por ciento de actas contabilizadas, el candidato de izquierda Pedro Castillo sigue primero en la carrera por la presidencia de Perú con un 50,2 por ciento, frente a un 49,8 por ciento de la candidata de derecha Keiko Fujimori, que cada vez que pierde (esta sería su tercera derrota como candidata a presidenta) denuncia fraude y, como hizo en la campaña, juega sucio. Pidió la revisión de 200 mil votos y mandó su gente a la calle a protestar.

De confirmarse el triunfo de Castillo, sería la tercera vez que Keiko cae derrotada en segunda vuelta. En 2011 le ganó Ollanta Humala: 48,20 por ciento contra 45,49. En 2016 fue vencida por Pedro Pablo Kuczynski: 50,12 contra 49,88.

Keiko busca la presidencia y la impunidad

Si la candidata de derecha pierde, se diluye la posibilidad de cumplir con dos maniobras que tiene en carpeta y que asegurarían la impunidad a esa asociación criminal denominada fujimorismo. Por un lado, el indulto al ex presidente y dictador Alberto Fujimori, preso en el penal de Barbadillo tras ser condenado por delitos de lesa humanidad, innumerables violaciones a los derechos humanos, corrupción, peculado y usurpación de funciones. Y además, la suspensión del juicio contra ella, al menos mientras dure esa presidencia que, una vez más, se aleja como quien huye de la peste. Y mientras se distancia la primera magistratura, se acerca, al trotecito, el juicio. 

La candidata, cumpliendo con una tradición del neoliberalismo, está procesada por crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsedad. Los investigadores del caso Lava Jato pidieron 30 años y 10 meses de cárcel para ella por haber recibido más de 17 millones de dólares de origen ilícito para el financiamiento de sus campañas de 2011 y 2017. 

Las falsas denuncias de fraude constituyen una práctica que se repite, sistemática, y más cuando la diferencia es estrecha. Esa estrechez, paradójicamente, genera un enorme espacio para el desarrollo y la difusión de noticias falsas, acusaciones sin sustento y denuncias muy flojas de papeles ante la Justicia.   

“Hay indicios de fraude”, dijo primero Keiko. Después habló de “fraude sistemático” (citando a Carlos Mesa durante las elecciones de Bolivia). Y luego difundió la etiqueta #FraudeenMesa.

Como suele ocurrir, la denuncia de fraude es sólo un poco más de estiércol para la cámara séptica que ciertos medios convierten en malolientes géiseres: la candidata no hizo denuncia alguna ante las autoridades electorales, que es lo que corresponde, como hizo notar el ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fernando Tuesta.

Castillo pidió a las autoridades electorales no “mancillar” la voluntad del pueblo peruano, y a sus seguidores a “no caer en la provocación”. Y aseguró que su gobierno será “respetuoso de la democracia y de la Constitución actual”. 

Además, respondiendo al acoso y el ensañamiento de los poderes fácticos, señaló que en su gestión habrá “estabilidad financiera y económica”. 

“Hay ciertas zancadillas, como la subida del dólar, que para mañana va a subir unos puntos más, el coste del pan, del pollo, de la canasta familiar. Mentira, lo que pasa es que hay cierta incertidumbre, que el pueblo ya no las cree, y por eso debo decirles que acabo de tener conversaciones con el empresariado nacional donde está mostrando su respaldo al pueblo”, dijo Castillo, en referencia a las maniobras que está llevando adelante el poder económico concentrado para crear el caos en Perú. 

De una manera sencilla para quienes acumulan tanto poder, y muy efectiva, logran que sus mentiras y sus profecías se cumplan: durante la campaña repitieron ad nauseam que Castillo es el candidato del caos, el horror, la dictadura comunista, el castro-chavismo, el terrorismo y el narcotráfico. Y pueden hacer que algunas de esas mentiras se conviertan en realidad. Todo a costa del hambre y la angustia de la ciudadanía, que ya existía luego de tres décadas de neoliberalismo y se agravaron con la pandemia. 

De ganar la presidencia, la gobernabilidad será un enorme desafío para Castillo. La historia reciente de Perú muestra una gran debilidad institucional y una pésima relación entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento. Además, el nuevo presidente no tendrá mayoría en el Parlamento. 

Si gobernar Perú resultó difícil para dirigentes de la derecha, es de imaginar que la oposición a una eventual gestión de Castillo será una catarata permanente de mentiras y operaciones.

Desde 2016, se presentaron cuatro mociones de censura que derribaron a dos presidentes. Perú tuvo cuatro presidentes en cinco años. El futuro mandatario o mandataria deberá lidiar con esta limitación inicial: la aprobación popular (por alta que sea) no basta para sostenerse en el gobierno. Y en este caso, con una diferencia mínima, se vislumbra un escenario muy complicado.

Castillo sigue primero pese a que soportó una campaña de demonización a partir de noticias falsas y acusaciones sin pruebas. Los medios hegemónicos, con abundantes recursos económicos y simbólicos, llevaron adelante esta operación sin límite ético alguno, y con fuertes componentes de racismo y desprecio por los pobres, los campesinos y el Perú invisibilizado que representa el candidato de izquierda.

Una masacre oportuna y a la medida de Keiko

La noche del 20 de mayo, dos semanas antes de las elecciones, las noticias falsas mostraron su cara más luctuosa. Se produjo un atentado, que está muy lejos de aclararse, y que le vino como anillo al dedo a la prédica de la derecha, que buscaba alguna manera de sostener su teoría sobre la relación de Castillo con la guerrilla. Mataron a 18 personas.

Según informó Página 12, el ataque se produjo en el poblado de San Miguel, en la provincia de Vizcatán, en la zona conocida como El Vraem, valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro.

Entre los cadáveres calcinados se encontraron panfletos firmados por Sendero Luminoso. En el mensaje se llamaba a boicotear las elecciones presidenciales. El texto afirmaba que “votar por Keiko Fujimori es traición”, lo que ha levantado suspicacias por lo conveniente que esto resulta para la candidata, cuya campaña salió rápidamente a aprovechar la situación, utilizando la muerte para reforzar su discurso, que busca relacionar a su rival con los remanentes de Sendero. Keiko expresó, de paso, su “total respaldo” a las fuerzas armadas.

El profesor, sindicalista y candidato salió a condenar la matanza: “No podemos permitir que el pueblo esté siendo víctima de estas cosas, no podemos permitir ser víctimas de querer callar la voz del pueblo y no puede haber montajes”.

Si bien no existen pruebas de la autoría de la matanza, la experiencia histórica muestra que de esa y otras aberraciones está hecho el fujimorismo.

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