El 86 por ciento de las personas sordas asiste o asistió a escuelas en las que no pueden comunicarse con sus docentes. Más de la mitad de esta comunidad en edad laboral está inactiva y el resto, por lo general, tiene un trabajo precarizado. Los datos los aporta la Confederación Argentina de Sordos (CAS) que impulsa una campaña nacional para que se trate y apruebe una ley federal de Lengua de Señas Argentina (LSA). Una ley que reconozca la identidad, el patrimonio cultural y lingüístico de esta comunidad.

Esa situación de exclusión de una vida plena de derechos comienza antes del inicio del ingreso a la escuela o la vida laboral. “El 95 por ciento de las personas que nacen sordas, lo hacen en hogares donde son todos oyentes. La reacción de los padres ante esta situación es naturalmente buscar ayuda médica, desconociendo muchas veces las características visuales y lingüísticas que van a influir de gran manera en la vida del niño o niña”, revelan desde la CAS.

Tal desconocimiento –continúan– trae consecuencias: “La primera y la más importante es la privación lingüística; privar a cualquier niño o niña de una lengua es quitarle el derecho de desarrollar el pensamiento desde la primera infancia”. En la actualidad, “son millones los niños sordos e hipoacúsicos en todo el mundo que continúan sin lograr la fluidez nativa completa y el dominio de al menos un idioma natural en los tres primeros años, hasta que ingresan al jardín de infantes, afectándolos luego en su desarrollo personal”.

La adquisición temprana a la lengua de señas es decisiva para las personas sordas, en tanto les posibilita “un desarrollo lingüístico-cognitivo acorde a la edad, previene las consecuencias patológicas que conlleva la privación lingüística, y garantiza el pleno ejercicio de los derechos humanos, civiles, culturales y políticos de todas las personas”.

Contar con una normativa nacional que reconozca la Lengua de Señas Argentina como patrimonio cultural e identidad de las personas sordas es prioritario para garantizar los derechos de esta comunidad. En varias oportunidades se han presentado proyectos en el Congreso, pero sin prosperar. También existen leyes provinciales –tal es el caso de Santa Fe– pero no siempre terminan de implementarse, no han sido reglamentadas o bien han sido elaboradas bajo una mirada más médica que desde la perspectiva de derechos.

Decidida a cambiar ese rumbo, la CAS lanzó una campaña nacional para impulsar una ley que reconozca de manera oficial a la Lengua de Señas Argentina “como una lengua natural, originaria y que forma parte del patrimonio lingüístico y cultural de la comunidad sorda”.

Tras un trabajo colectivo realizado en todo el país, con representantes sordos y oyentes, se lograron acordar siete ejes rectores mínimos que debiera contemplar la ley. “Creemos fundamental –señalan desde CAS– que este proyecto se aborde, no desde una perspectiva de discapacidad, normalización y reparación, sino como una cuestión de derechos humanos: toda niña y niño tiene derecho a recibir una educación de calidad, a disfrutar de una vida social y a construir su propio futuro. Y estos derechos son esenciales para su desarrollo cognitivo, emocional, cultural, social y económico”.

Además, aseguran que mucho ha contribuido en este avance de poner el acento en la perspectiva de los derechos, el cambio de paradigma que se viene dando desde los años 70 en todo el mundo, y que deja de lado la mirada médica-rehabilitadora sobre las personas sordas. Un cambio ratificado además por la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad promulgada en 2006 por la ONU.

La Confederación Argentina de Sordos, creada en 1957, representa a las Asociaciones de personas sordas de todo el país. En Rosario hay dos: el Círculo Social, Cultural y Deportivo de Sordos y la Asociación Civil de Sordos. Una y otra adhieren a la campaña nacional por la ley federal de LSA, así lo promueven entre las y los estudiantes que aprenden lengua de señas en sus cursos, y lo hacen visible en las redes sociales. Además de aportar institucionalmente al debate integral para que se alcance la iniciativa.

Siete ejes esenciales

¿Y cuáles son los siete ejes en los que se apoya el proyecto de ley federal que impulsan? En primer orden “reconocer de manera oficial a la LSA como una lengua natural, originaria y que forma parte del patrimonio lingüístico y cultural de la comunidad sorda”. En segundo lugar, “respetar, fomentar e impulsar el acceso y el uso de la LSA de todas las personas que elijan comunicarse en dicha lengua para tener una accesibilidad efectiva y plena a la sociedad”.

Un tercer eje propone “entender que la LSA es una lengua natural que se transmite en la modalidad visoespacial, con una estructura gramatical completa, compleja, distinta al español, y completamente accesible desde el punto de vista sensorial para que las personas sordas puedan comunicarse, transmitir sus deseos e intereses, informarse, defender sus derechos y construir una identidad lingüística y cultural positiva que les permita participar plenamente en todos los aspectos de la vida social”.

El cuarto de los ejes habla de que se definan “como organismos legítimos de consulta a las organizaciones de personas sordas que representan de manera genuina a la comunidad sorda de todas las provincias”. Y el quinto, que se garantice “el acceso a la LSA en servicios públicos y privados vinculados a la vida cotidiana en sociedad de todas las personas que utilicen dicha lengua para comunicarse”. 

El sexto de los puntos esenciales plantea “que la enseñanza de la LSA sea realizada por personas calificadas, reconocidas por los organismos legítimos de consulta, que preferentemente sean personas sordas”. Y el séptimo, “que los establecimientos de educación, ya sean públicos o privados, garanticen el acceso pleno a todos los contenidos del currículo común. Asimismo, que se respete el derecho de las personas que forman parte de la comunidad sorda argentina a una educación bilingüe e intercultural, en la que la LSA es la primera lengua y el español escrito la segunda lengua”.

Mejor calidad de vida

Lengua de Señas Argentina
Uno de los ejes del proyecto de ley federal pone el acento en la importancia de la enseñanza de la LSA. Foto: Redacción Rosario

El proyecto de ley federal de LSA aún no ingresó al debate parlamentario, dado que la campaña para unir fuerzas a favor de la iniciativa está en plena vigencia. “Todavía no hemos ingresado el proyecto en el Congreso simplemente porque no está redactado aún, primero tenemos que terminar la campaña federal”, precisan desde la CAS.

“Nos han contactado algunos legisladores nacionales interesados en la campaña, con quienes mantuvimos reuniones para ampliar la información sobre el proyecto que estamos impulsando y seguramente seguiremos en contacto”, dicen sobre la marcha de esta movida que busca sumar contribuciones.

Lo campaña tiene actualidad –resaltan–, se siguen recibiendo aportes de personas sordas y oyentes de todo el país, “con diferentes posiciones en el ámbito público y privado: referentes sordos, docentes de personas sordas, directores de escuelas, de universidades, intérpretes de lengua de señas, autoridades municipales y provinciales, padres y madres de chicos sordos, bomberos, policías, médicos”, entre otros.

“Pudimos observar que los principales aportes están centrados en resolver aspectos que influyen de gran manera en la vida diaria de las personas sordas, como la accesibilidad en los servicios más básicos y elementales como la educación y el acceso a la información, factores que hoy faltan y se transforman en barreras para luego conseguir trabajo y por consiguiente limita su independencia económica aún en condiciones de empleo”, destacan sobre cómo este proyecto resulta un mejor horizonte de vida para las personas sordas.

¿Cómo puede colaborar la comunidad en general con la campaña? “En general siempre estamos luchando contra un sistema que no se adapta a la naturaleza de las personas sordas, sería de enorme ayuda que se tome conciencia y conozcan lo más básico”, responden desde CAS, y suman el dato significativo –mencionado al inicio– de que “el 95 por ciento de las personas que nacen sordas lo hacen en hogares donde son todos oyentes” y que la primera reacción de las familias es buscar ayuda médica en lugar de garantizar el pleno uso de su lengua natural.

Educación y trabajo

Lengua de Señas Argentina
La campaña se promueve por las redes sociales con el #LeyFederaLSA

El último censo nacional (2010) reveló que en el país “hay 945.168 hogares con al menos una persona con dificultad o limitación auditiva permanente, no existiendo datos que determinen cuántas de ellas usan la lengua de señas argentina como primera lengua”.

Además, que “el 86 por ciento de las personas sordas asiste o asistió a escuelas donde no pueden o no pudieron comunicarse con sus docentes”. La gran mayoría pasó por la escuela primaria: un 43 por ciento la completó y un 33 aún está pendiente de concluir este nivel; el 14 por ciento alcanzó a terminar el nivel secundario y un 10 alcanzó el nivel terciario.

Desde la CAS marcan que “el acceso a la información y a la comunicación sigue siendo una deuda pendiente del Estado argentino frente a este colectivo”. También que las iniciativas asumidas para cumplir con este derecho no han alcanzado o han sido hasta inapropiadas debido a la falta de trabajo conjunto con personas sordas referentes de su comunidad.

“La falta de comunicación, de información y de educación se transforman en barreras para conseguir trabajo”, alertan desde la confederación. Una definición que en lo cotidiano se traduce en esta realidad: “El 58.4 por ciento de las personas sordas en edad laboral se encuentra inactiva y el 39.9 por ciento tiene un trabajo por lo general precarizado, lo que limita su independencia económica aún en condiciones de empleo”.

La CAS recuerda que la Constitución Nacional consagra en su artículo 16 la igualdad ante la ley de todos los habitantes de la Nación. Por tanto, privar a las personas sordas de “su lengua natural, del acceso a la información, a la educación y al trabajo digno nos coloca en un lugar de desprestigio y de exclusión social”. Además de manifestar que “la mirada médica sobre la comunidad sorda no nos permite participar plenamente como ciudadanos argentinos”.

Entre otras normas que establecen el derecho a educarse de todas las personas, la ley de educación nacional 26.206 reconoce a la educación y el conocimiento como “un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado”. Sostiene que, entre otros fines de la política educación nacional, están los de “garantizar la inclusión educativa a través de políticas universales y de estrategias pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen prioridad a los sectores más desfavorecidos de la sociedad”.

La ley nacional, sancionada en 2006 y que rige para todo el país, tiene también un capítulo dedicado a las políticas de promoción de la igualdad educativa, donde se establece que deberán “asegurar las condiciones necesarias para la inclusión, el reconocimiento, la integración y el logro educativo” de las infancias, jóvenes y adultos en todos los niveles y modalidades, principalmente los obligatorios.

En el mundo

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, repasan desde la CAS, “hay 1.500 millones de personas que viven con algún tipo de disminución auditiva, de los cuales 430 millones tiene una disminución auditiva muy baja que requiere atención especial”.

Y según la Federación Mundial de Sordos, a nivel global existen 70 millones de personas sordas usuarias de lengua de señas como primera lengua. En 62 países la lengua de señas local tiene reconocimiento oficial. En América del Sur sólo dos países no tienen esta ley: Guyana y la Argentina.

Desde 1959, la CAS está afiliada a la Federación Mundial de Sordos, organización adherida a la Unesco, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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